A finales de la década de los años 70 la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) acuñó el término Sociedad Civil
para nombrar a las “Organizaciones No Gubernamentales” (ONG´s) que emprendían acciones para el desarrollo.
De esa manera reconociendo la capacidad de la gente, y no solo de sus
gobiernos, para asumir sus propios destinos.

Es bueno aclarar que si bien la ONU
comenzó a utilizar este término, se le debe la categoría de ONG´s, a diferentes
organizaciones que así se llamaron en Sudamérica, para diferenciarse de toda
organización estatal o gubernamental.

Según un informe del año 2002 de
Naciones Unidas, el número de organizaciones no gubernamentales aumentó 40 veces
en el curso del Siglo XX, hasta llegar a más de 37.000 en el año 2000. Hoy su
red mundial abarca organizaciones de todo tipo y prácticamente todos los
sectores de la vida pública, desde la prestación de crédito a la microempresa y
el envío de suministros de socorro de emergencia, corrupción, transparencia
hasta el activismo en pro de los derechos humanos y el medio ambiente.

Ahora bien, el concepto sociedad civil en la República
Dominicana en estos momentos tiene los significados más disímiles que uno pueda
imaginar. Los mismos van desde grupos de presión, hasta “agentes” al servicio de los intereses de
las grandes potencias internacionales
(Estados Unidos, Canadá y Unión Europea).

Hay que decir, sin
embargo, que estos grupos sociales
denominados sociedad civil u Organizaciones no Gubernamentales comienzan a
sentirse con más intensidad en el país a principio de la década de los 90” con
la participación en el escenario público de
Participación Ciudadana,Siglo XXI, Centro Juan Montalvo, Institucionalidad y Justicia, entre otras.

Sin embargo, la gravitación y el
desarrollo de este movimiento social que se define como el conjunto de grupos de
ciudadanos que se organizan de manera independiente de los partidos han tenido
episodios nefastos los cuales han lacerado la vida material y espiritual del
pueblo dominicano.

Para que tengan una idea
de lo que estamos planteado, esa sociedad civil bajo el palio de esos intereses
internacionales arriba mencionados fueron los que propugnaron y estimularon la
aplicación a este país del actual modelo económico y del Código Procesal Penal
que tanto dolores de cabeza ha causado a este pueblo .

Esa sociedad civil, también
fue defensora en nombre del fortalecimiento institucional y modernización del Estado, de las “reformas” que dieron al traste con la
privatización de decenas de empresas estatales que dejaron en la calle a miles
de trabajadores.

Pero
más aún, ese mismo colectivo que dice representar el “interés general”, es el
que se hace de la “vista gorda” ante las
exenciones irritantes que cada año se le
otorgan al empresariado local en
desmedro del gobierno y el Estado dominicano.

Otro
fiasco fue el experimentado en el ámbito político cuando en su afán de
sacar de competencia a los partidos tradicionales dan a conocer una coalición
política denominada “Moderno”, la cual aglutinó personalidades y profesionales
muy calificados de diferentes orientaciones políticas y su resultado fue
deprimente.

Pero
el colmo de los colmos, amigos lectores, es que esos “campeones” de la
participación, la justicia, la corrupción y la institucionalidad local han
querido y casi lo logran, junto a sus
patrocinadores foráneos, imponerle al país de manera sutil un
sistema migratorio cónsono a sus intereses geopolíticos y lacerante a nuestra
identidad nacional. Es
larga la lista, pero por razones de espacio no es posible enumerar todas las
incidencias que ha tenido esa parte de la “sociedadcivil” dominicana durante este tránsito
democrático de más de medio siglo.

Es cierto que la sociedad
civil como movimiento social, plural,
múltiple y heterogéneo tiene su espacio en la esfera nacional, pero sus
actuaciones luego de medirla a través del tiempo presentan un balance más
favorable al interés internacional que al local.

Luchemos, pues, por
articular una sociedad civil vibrante y dinámica auténticamente dominicana,
desprovista de toda manipulación extranjera en donde sus actores y conductores locales sean
verdaderos dominicanos y no “agentes” al
servicio del poder extranjero.

De niña pensaba que había un humano detrás o dentro de
ciertos objetos, pensaba por ejemplo, que un pequeño hombre, quizás un
duende, vivía dentro de los semáforos y era quien decidía si verde,
rojo o amarillo o que la vecindad del Chavo quedaba dentro de la TV. Supongo
que la ciudad de Berlín también creía lo mismo, por eso sus semáforos
peatonales tienen un pequeño hombre que indica cuando sí y cuando no y se ha
convertido en todo un símbolo de la ciudad.

He vuelto a pensar en ello, en esa idea de que detrás
de todo a nuestro alrededor está el componente humano operando constantemente,
lo cual es así y si es así, resulta lógico que las ciudades, operadas y
compuestas por humanos, sean pensadas y diseñadas para
los humanos. Pero, ¿qué significa esto? Se supone que el crecimiento
y desarrollo de una ciudad responde a un plan, un plan que esté regido por el
derecho que tenemos a la ciudad, uno cuyo norte sean las personas.

Sobre el “derecho a la ciudad” (no, no es un derecho
nuevo que pondrá a algún legislador a crear una ley) David Harvey
plantea que “La cuestión de qué tipo de ciudad queremos no puede estar
divorciada de la que plantea qué tipo de lazos sociales, de relaciones con la
naturaleza, de estilos de vida, de tecnologías y de valores estéticos deseamos.
El derecho a la ciudad es mucho más que la libertad individual de acceder a los
recursos urbanos: se trata del derecho a cambiamos a nosotros mismos cambiando
la ciudad. Es, además, un derecho común antes que individual, ya que esta
transformación depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo para
remodelar los procesos de urbanización”. (Harvey 2009)

Una ciudad humana, donde se respete el derecho a la
ciudad, deberá ser una en que exista: Ejercicio pleno de la
ciudadanía y gestión democrática de la ciudad, Función social de la ciudad y de
la propiedad urbana, Igualdad, no discriminación, Protección especial de grupos
y personas en situación de vulnerabilidad, Compromiso social del sector
privado, Impulso de la economía solidaria y políticas impositivas progresivas,
Planificación y gestión social de la ciudad, Producción social del hábitat,
Desarrollo urbano equitativo y sustentable, Derecho a la información pública,
Libertad e integridad, Participación política, Derecho a la justicia, Derecho a
la seguridad pública y a la convivencia pacífica, solidaria y multicultural,
Derecho al agua, al acceso y suministro de servicios públicos domiciliarios y
urbanos, Derecho al transporte público y la movilidad urbana, Derecho a la
vivienda, Derecho al trabajo, y Derecho a un medio ambiente sano y sostenible.

Todo esto está recogido en la carta mundial por el
derecho a la ciudad. Le invito a ir tachando cuáles de estos
derechos son respetados en su ciudad y cuáles no, cuando termine le
sugiero levantar la consigna: Pongamos lo humano de moda, aboguemos por el
derecho a la ciudad.