Como consecuencia de la Reforma Constitucional del 26 de enero del 2010, fue sustituida la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral y, en su lugar, instituido el Tribunal Superior Electoral, con la atribución de decidir sobre los temas contenciosos derivados de los procesos electorales y de la escogencia de los candidatos a los cargos de elección popular por parte de los partidos y las agrupaciones políticas accidentales.

De igual manera, el artículo 214 de la Constitución Política le otorgó al nuevo órgano electoral, la competencia para estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos o entre éstos.

Con el fin de concretar la referida disposición constitucional, el legislador transcribió íntegramente el literal “d” del artículo 6 de la Ley Electoral 275-97 en el artículo 13 de la Ley 29-11, que dice lo siguiente: “El Tribunal Superior Electoral tiene las siguientes atribuciones en instancia única:… 2. Conocer de los conflictos internos que se produjeren en los partidos y organizaciones políticas reconocidos o entre éstos, sobre la base de apoderamiento por una o más partes involucradas y siempre circunscribiendo su intervención a los casos en los cuales se violen disposiciones de la Constitución, la ley, los reglamentos o los estatutos partidarios”.

Todas las atribuciones referidas anteriormente correspondían, de conformidad con la ley, a la Junta Central Electoral.

Las sentencias del Tribunal Superior Electoral sobre los conflictos internos de los partidos son de única instancia y solo pueden ser recurridas por ante el Tribunal Constitucional por razones de violaciones de las normas constitucionales.

Por otro lado, para preservar la autonomía de los partidos, cuando no estén en discusión candidaturas a cargos de elección popular o de dirección partidaria, los congresistas dejaron en manos de sus cúpulas todo lo relacionado con la disciplina de sus dirigentes y militantes al establecer en su artículo 13, lo siguiente: “Para los fines del numeral 2) del presente artículo, no se consideran conflictos internos las sanciones disciplinarias que los organismos de los partidos tomen contra cualquier dirigente o militante, si en ello no estuvieren envueltos discusiones de candidaturas a cargos electivos o a cargos internos de los órganos directivos de los partidos políticos”.

Es importante destacar que la mayor cantidad de demandas generadas por violaciones de derechos en las competencias por candidaturas a cargo de elección popular, se hacen mediante recursos de amparo incoados por los precandidatos contra decisiones antidemocráticas que los han afectado.  En ese sentido, como consecuencia de las primarias, asambleas y convenciones de los principales partidos celebradas durante las elecciones del año 2010, la derogada Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral, conoció más de doscientos cincuenta recursos de amparo relacionados con precandidaturas a diputados, alcaldes, regidores, directores de Distritos Municipales y vocales.

En ese mismo orden, tomando en consideración que para las elecciones del 2016 cada partido o alianza debe escoger aproximadamente cuatro mil doscientos cargos de elección popular, más del doble de los seleccionados en las elecciones congresuales y municipales del 2010, el TSE debe prepararse para recibir una avalancha de demandas, que solo puede evitarse si se aplica una fiscalización efectiva, por parte de la Junta Central Electoral, de los eventos internos de elección que deberán celebrar los partidos políticos.

 

 

 

 

El Senado de la  República   refirió  a una comisión especial el proyecto  de ley  sometido por un sector del PLD (Partido de la Liberación Dominicana) con el cual  se  persigue   una reforma a la Constitución  que permita  al presidente Danilo Medina la posibilidad  de la  repostulación.  Con   ello se logra postergar una  lucha desgarradora que espera a esa organización.

El pasado miércoles, cuando  el Senado  tomó la  decisión, la señora Margarita  Cedeño, vicepresidenta de la República y esposa del  ex presidente Leonel Fernández -uno de los protagonistas de la contienda-  , declaró que: “No queremos que el tema de la reelección sea lo que llame a una modificación constitucional”  ni  que la Constitución pueda ser objeto de cambios en un proceso electoral.

También ese día, Carlos Amarante Baret,  ministro de Educación y miembro del Comité Político del PLD,  advirtió,  con sobradas ínfulas,  que el proyecto de reforma constitucional es irreversible  y tendrá que ser aprobado por los legisladores. Amarante es hombre  muy cercano al presidente Medina y de los que encabezan  el plan reeleccionista.

Horas antes, el astuto Francisco Javier García, ministro  de Turismo y presunto  precandidato presidencial, instaba al doctor  Fernández  a demostrarle al país su capacidad de desprendimiento político. Fue contundente: “Los líderes están para dirigir, no para que se los dirija; con un solo golpe en la mesa, Leonel resuelve eso».

Juan Temístocles Montás,  sempiterno ministro de Economía, Planificación y Desarrollo,  y tenido aún como aspirante presidencial,  ha lanzado  el  tenebroso oráculo de  que el  caos podría apoderarse de los dominicanos si los legisladores del PLD, partido de gobierno,   no acatan  la decisión del Comité Político de modificar la Constitución de la República.

El martes, dos abogados  -Balcácer y  Castellanos- habían  depositado una querella   ante la Suprema  Corte de Justicia mediante la cual acusan a  los ministros  Félix Jiménez, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, Francisco Javier García y Temístocles Montás, de sobornar a legisladores para que voten por la modificación constitucional.

De modo que la disputa  peledeista  no es un juego. Se trata de una lucha feroz  entre dos  sectores de la misma organización  por el manejo  del poder y los privilegios  que ellos han sabido sacar de la cosa pública. El grupo  de Fernández  luce más serena en sus planteamientos y sabe que se beneficia de la opinión de personas que no tienen  vela en ese entierro, pero se oponen a la reforma constitucional.

Aunque no parece que la reforma vaya a ser aprobada,  el movimiento en torno a  la repostulación de Medina tendrá la utilidad de bajar  a Fernández de su séptimo cielo, donde lo colocaron muchos que hoy lo  rechazan. El envío del proyecto a comisión   contribuye a   apaciguar ánimos, pero a la vez acentúa  el pensar que a la reelección se le hace tarde.

rafaelperaltar@gmail.com