Roma, 15 jun (PL) El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, fue recibido hoy en el Vaticano por el papa Francisco, conversación en la que este instó al mandatario a perseverar en la búsqueda de la paz.
Su Santidad me insistió en la necesidad de reconciliar al pueblo de Colombia, de construir un país pacífico, donde se aprenda a perdonar, precisó el gobernante al término de la reunión privada.
Según Santos, el máximo representante de la Iglesia católica le manifestó su disposición para apoyar los esfuerzos a favor de la distensión y desempeñar un rol en tales gestiones encaminadas a acabar el prolongado conflicto dentro del país andino.
En declaraciones a periodistas el ocupante de la Casa de Nariño ofreció detalles sobre la audiencia, durante la cual ambos intercambiaron ideas acerca del estado de los diálogos pacificadores.
Representantes gubernamentales y de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) platican en Cuba desde 2012 para hallar una salida concertada a la confrontación.
El recrudecimiento de la guerra al interior de la nación añade elementos de tensión a esos análisis en La Habana, de por sí complejos, los cuales están centrados ahora en temas polémicos como la determinación del modelo de justicia transicional a aplicar.
Ese mecanismo prevé definir penas para responsables de la conflagración.
Adicionalmente resta iniciar encuentros formales con el Ejército de Liberación Nacional, otro de los grupos involucrados en la contienda.    Le pedí al papa Francisco que ilumine a todos los colombianos (…) que nos ayude a buscar el camino de la reconciliación, añadió el jefe de Estado.
Único del continente, el conflicto ocasionó la muerte a unos 230 mil ciudadanos en el transcurso de más de medio siglo.
El Obispo de Roma confirmó a Santos su visita a Colombia, aunque no precisó fecha.

 

SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, anunció esta noche que decidió posponer sus aspiraciones a la Presidencia de la República y apoyar al Presidente Danilo Medina, como parte de un “un Acuerdo Político para un Gobierno Compartido de Unidad Nacional” al que han arribado esta entidad y el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

En un discurso por una cadena de radio y televisión, acompañado de un grupo de dirigentes del PRD, Vargas declaró que este partido acogió una propuesta de Medina dirigida a lograr “el bienestar, la prosperidad y los mejores intereses nacionales”.

“El acuerdo se fundamenta en un proyecto de nación que exige el compromiso del PLD, el PRD, del Presidente Medina, y del mío propio, para impulsar los cambios que ha venido proponiendo nuestro partido, y que son un clamor naciona”, enfatizó.

Transformación y modernización del Estado

Dijo que “estos cambios apuntan, por una parte, a la transformación y modernización del Estado, y por la otra, a la aplicación de políticas públicas para promover la inclusión social de todos los dominicanos”.

Agregó que, en cuanto al primer punto,  los dos partidos se han comprometido a concertar  medidas que son impostergables para la  nación como son la aprobación de la Ley de Partidos Políticos, y a la reforma de la Ley Electoral, fundamentales para revestir de garantías nuestra democracia.

Agrega que también impulsarán un “pacto por la seguridad ciudadana”, un un “pacto fiscal integral” que estimule la competitividad económica y un  pacto eléctrico, que garantice el suministro confiable de energía para todos los dominicanos y elimine el insostenible déficit energético, que tanto daño hace a nuestra economía.

Informó que en lo concerniente a la inclusión social, han presentado las siguientes doce propuestas:

UNO. Aplicar políticas públicas para alcanzar un aumento anual efectivo de empleos formales y de calidad en el sector privado.

DOS. Establecer una escala por ley para incrementar significativamente el porcentaje del Producto Interno Bruto a ser aplicado al presupuesto del sector salud.

TRES. Asignar un porcentaje adecuado del presupuesto de educación a la capacitación de los maestros y demás servidores del sistema educativo, para mejorar la calidad de la enseñanza.

CUATRO. Aplicar políticas efectivas para aumentar el número de viviendas, en beneficio de la clase media y de los sectores más pobres en todo el territorio nacional, y reducir así el deficit habitacional, contemplando las siguientes medidas:

Construir 5,000 viviendas y soluciones habitacionales en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo; construir 3,000 viviendas en la provincia de Santiago; y construir de 400 a 800 viviendas en cada una de las otras 29 provincias, conforme a su población.

Adicionalmente, impulsaremos la creación de un fondo social para la construcción de viviendas de bajo costo, al igual que un programa masivo de titulación de propiedades.

Con estas medidas serán beneficiadas miles de familias en todo el país.

CINCO. Hacer las gestiones necesarias para asegurar el suministro nacional de electricidad, tomando en cuenta el desarrollo de energías alternativas.

SEIS. Aplicar políticas que modernicen el transporte público, y dar los pasos necesarios para construir un ferrocarril de pasajeros y carga, desde el Puerto de Haina hasta Puerto Plata, pasando por las principales ciudades. Una obra susceptible de ser concesionada sin ningún costo para el Estado dominicano.

SIETE. Dinamizar el campo dominicano, ampliando el  financiamiento para los proyectos agropecuarios, y la ejecución de políticas eficaces de extensión y distribución de semillas mejoradas.

OCHO. Ampliar a todo el territorio nacional la cobertura del programa de emergencias 9.1.1.

NUEVE. Aplicar una adecuada política de desarrollo turístico, para alcanzar la meta de 10 millones de turistas cada año, mediante el fortalecimiento de los polos turísticos existentes, y el desarrollo de nuevos destinos ecológicamente sustentables, tales como Bahía de las Águilas, Los Corbanitos, la zona de Bayahibe hasta Palmilla y la provincia de Montecristi.

DIEZ. Fortalecer las leyes y los mecanismos que garanticen total transparencia en el gasto público, para eliminar la  corrupción en todas sus manifestaciones, y garantizar la seguridad jurídica en el país.

ONCE. Promover la alianza pública privada para el desarrollo de grandes proyectos que beneficien al país, utilizando la fortaleza y voluntad del estado, junto con las capacidades técnicas y económicas del sector privado.

DOCE. Exigir el debido respeto a la soberanía nacional, poniendo en primer lugar la dignidad y la defensa de nuestro país, y ejecutar un amplio programa económico y social de seguridad y desarrollo fronterizo.

Vargas dijo que con la aplicación de estas propuestas “sentaremos las bases para hacer de nuestro país una sociedad más justa e incluyente, compuesta por ciudadanos independientes del estado, ciudadanos propietarios y empoderados de sus bienes, y de sus derechos individuales”.

Recuerda en 2012 propuso frente opositor

Recordó que con el propósito de impulsar esa idea de unidad, en octubre del 2012, mucho antes de que el Presidente Medina planteara el actual acuerdo, él (Vargas) propuso  la creación de un frente electoral opositor, denominado  “Bloque de la Esperanza José Francisco Peña Gómez”, basado en una agenda común para hacer realidad un modelo de desarrollo incluyente.

“Aquella propuesta fue bien acogida por algunos sectores políticos, y, lamentablemente, vista con desdén y desprecio por otros opositores, actores también del proceso electoral”, los cuales fueron precisamente los que en 1996 “se unieron a nuestros contrarios, con el perverso argumento de que José Francisco Peña Gómez, amenazaba las raíces de nuestra nacionalidad”, agregó.

Alegó que son los mismos individuos que en el 2008 atentaron contra su  candidatura presidencial (de Vargas) e impidieron el triunfo del PRD y que en el 2010 fueron los responsables de que este partido no lograra ni un solo senador, a pesar de haber sido el partido más votado.

Indicó que son “los mismos que en el año 2011 trastornaron la voluntad de los perredeistas en la Convención Interna, con la malsana intromisión de militantes de otros partidos, evitando así que el PRD alcanzara el poder en el 2012” y los que “luego de las elecciones del 2012, asaltaron y destruyeron nuestra Casa Nacional, e intentaron, sin éxito, destruir al PRD”.

Vargas recordó, asimismo, que en el 2013 él acudió al Palacio Nacional para llevar al Presidente de la República catorce propuestas, relacionadas todas con la solución de los grandes problemas nacionales, y también para poner a su disposición nuestra colaboración.

Evoca esfuerzos de Peña Gómez

A su juicio, es conveniente que el país recuerde que el doctor Peña Gómez fue un abanderado de la concertación, y que a ella entregó sus mayores esfuerzos, a tal punto que llegó a sacrificar la Presidencia de la República, ganada en los comicios generales de 1994, para evitar los tormentos que le causaría a la sociedad dominicana un enfrentamiento con la fuerza gobernante de entonces.

Alegó que veinte años antes, en 1974, había propuesto ya el Acuerdo de Santiago, bajo el esquema de la integración de todas las fuerzas opositoras, más allá de las diferencias ideológicas, desde la izquierda revolucionaria, encarnada en el MPD, hasta las fuerzas más conservadoras de aquella época, representadas por su líder militar, el General Elías Wessin y Wessin, quien fue el candidato vicepresidencial de Don Antonio Guzmán Fernández.

Dijo que posteriormente concitó otra gran alianza electoral, que llevó al PRD o al poder en el año de 1978, cuando derrotó dramáticamente la candidatura presidencial del Dr. Joaquín Balaguer, que lucía invencible.

Unidad “en torno a la figura de Danilo”

“Con el oído puesto en el corazón de nuestro pueblo, y con toda responsabilidad, llegamos a la conclusión de que en este momento es más viable alcanzar esa gran unidad, en torno a la figura del actual presidente de la República, Licenciado Danilo Medina”, dijo Vargas.

Alegó que la posposición de sus  aspiraciones presidenciales se corresponde “con los principios que fundamentaron aquella propuesta de apoyo de Peña Gómez al profesor Bosch en el año de 1990, y constituye otra muestra de que, cuando la necesidad histórica así lo demanda, ponemos los intereses del pueblo dominicano por encima de cualquier interés particular o apetencia personal, por muy atractiva que sea”.

“En la vida hay momentos cruciales en los cuales los seres humanos nos jugamos nuestro destino. Este es uno de esos momentos para nuestro partido, y también para mí. Estoy seguro de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer, en beneficio del porvenir luminoso de todos los dominicanos”, expresó.

Dijo que “este acuerdo también ofrece la oportunidad de que nuestros compañeros perredeistas pongan al servicio del país su vocación de trabajo en el ejercicio de sus próximas responsabilidades en lo congresual, lo municipal y lo gubernamental”.

 

SANTO DOMINGO.- El ex presidente Leonel Fernández hizo este lunes una serie de cuestionamientos a la reforma que acaba de hacer la Asamblea Revisora de la Constitución de la República Dominicana.

Opinó que, en una futura enmienda, la Carta Magna debe “blindarse”,  de manera tal que “no sea tan frágil o vulnerable a cualquier tipo de modificación”.

“Debe hacerse una reforma que se exprese de manera tan clara, precisa y directa, que jamás pueda haber dudas de que en los casos expresamente estipulados, para su modificación se requiera de  mayoría calificada y de la realización de un referendo aprobatorio”, dijo.

“Así protegeremos mejor nuestra Constitución y nuestra democracia”, dice el también presidente del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en un artículo titulado “El Futuro de la Reforma Constitucional” que publicó este lunes en el periódico Listín Diario.

Fernández, quien hasta hace poco estuvo aspirando a ser de nuevo presidente del país, dice que “en principio,  se entendía que la Constitución del 2010 fue concebida como una Constitución rígida” y que “al ser nuestra Carta Magna” tenía una posición jerárquica superior en el orden jurídico y que  sería de difícil reforma o modificación.

“ Teníamos la certidumbre de que bajo el Título XIV, referido a las reformas constitucionales, sus dos capítulos, el relativo a las normas generales y el de la Asamblea Nacional Revisora,  así como los seis artículos que se extienden desde el 267 hasta el 272, nuestra Carta Magna era una especie de código constitucional rígido, sometido a un procedimiento especial, que tornaba difícil su reforma o modificación”, enfatiza.

Sin embargo, agrega, no resulta  así . “En los debates que se suscitaron entre destacados miembros de nuestra comunidad jurídica, en relación a la reciente reforma a la Constitución, surgieron distintos análisis y diversas explicaciones  acerca del procedimiento de reforma de nuestro texto constitucional, lo que generó desconcierto y confusión”, expresó.

El artículo

El artículo de Fernández es el siguiente:

“En principio,  se entendía que la Constitución del 2010 fue concebida como una Constitución rígida. Eso quiere decir que al ser nuestra Carta Magna,  y, por consiguiente,  disponer de una posición jerárquica superior en el orden jurídico,  sería de difícil reforma o modificación.

Desde un punto de vista técnico-legal, es lo que la diferencia de una Constitución flexible, la cual puede ser modificada o derogada por el Poder Legislativo, mediante el mismo procedimiento ordinario que se instituye para la aprobación de las leyes.

En los sistemas de Constitución flexible, como es el caso, por ejemplo, del Reino Unido y Nueva Zelanda, la Constitución y las leyes, como fuentes del Derecho, se encuentran sometidas al mismo nivel dentro del orden jurídico.

No ocurre así con una Constitución rígida, como es el de la mayoría de los países, en la que al proclamarse su supremacía sobre cualquier otra normativa o disposición legal, se requiere, para su modificación o derogación, no de una ley ordinaria,  sino de un procedimiento especial, con respaldo de una  mayoría calificada. En algunos  casos, hasta de la realización de una consulta popular o de un referendo aprobatorio.

Así creíamos que era en la República Dominicana. Teníamos la certidumbre de que bajo el Título XIV, referido a las reformas constitucionales, sus dos capítulos, el relativo a las normas generales y el de la Asamblea Nacional Revisora,  así como los seis artículos que se extienden desde el 267 hasta el 272, nuestra Carta Magna era una especie de código constitucional rígido, sometido a un procedimiento especial, que tornaba difícil su reforma o modificación.

No resulta  así. En los debates que se suscitaron entre destacados miembros de nuestra comunidad jurídica, en relación a la reciente reforma a la Constitución, surgieron distintos análisis y diversas explicaciones  acerca del procedimiento de reforma de nuestro texto constitucional, lo que generó desconcierto y confusión.

Esa experiencia nos obliga, para una futura reforma, instituir  un empleo más preciso del lenguaje y una mejor interrelación de los textos, que permita, en lugar de  un razonamiento analógico, hacer uso de una interpretación literal y directa de nuestra Carta Sustantiva, que la haga menos proclive a la ambigüedad y al equívoco.

Leyes ordinarias y orgánicas

Aunque la Constitución Dominicana es rígida, eso no equivale a decir que no puede ser modificada. En efecto, puede serlo. Lo único es que el procedimiento a seguir para realizarlo, como hemos dicho,  es un procedimiento especial, más complejo y tortuoso que el que normalmente se sigue para la aprobación o modificación de una ley ordinaria.

Así lo señala el artículo 267, al disponer: “La reforma de la Constitución sólo podrá hacerse en la forma que indica ella misma y no podrá jamás ser suspendida ni anulada por ningún poder o autoridad, ni tampoco por aclamaciones populares.”

El cómo se inicia el proceso está contemplado en el artículo 269, que indica que  nuestra Constitución “podrá ser reformada si la proposición de reforma se presenta en el Congreso Nacional con el apoyo de la tercera parte de los miembros de una u otra cámara, o si es sometida por el Poder Ejecutivo.”

Desde un primer instante, nuestra Constitución señala que el procedimiento para su reforma tiene un carácter especial, pues requiere que no sea un diputado o un senador quien introduzca la proposición de reforma, es decir, el proyecto de ley, sino una tercera parte, o el 33 por ciento de los miembros de una u otra cámara.

Pero lo que dio lugar a la controversia fue el artículo 270, que consigna que “La necesidad de la reforma constitucional se declarará por una ley de convocatoria . Esta ley, que no podrá ser observada por el Poder Ejecutivo, ordenará la reunión de la Asamblea Nacional Revisora, contendrá el objeto de la reforma e indicará el o los artículos de la Constitución sobre los cuales versará.”

Esa ley de convocatoria que declara la necesidad de la reforma constitucional, ¿es una ley orgánica o una ley ordinaria?

En vista de que el artículo 270 de la Constitución no lo expresa de manera directa, los partidarios de la interpretación directa o exegética del texto constitucional, concluyen que no se trata de una ley orgánica, sino de una ley ordinaria, la cual se aprueba por mayoría simple.

Pero en lugar de limitarse únicamente a lo que indica el artículo 270, se podía hacer una interpretación analógica, al combinarse con lo que refiere el 112, que señala, entre los casos que requieren de la aprobación de una ley orgánica, los que tienen que ver con “la regulación de los procedimientos constitucionales, las materias referidas por la Constitución y otras de igual naturaleza.”

¿No cabría en esa categoría la ley que declara la necesidad de la reforma constitucional prevista en el artículo 270?

Más aún, si se realiza un análisis de constitucionalismo comparado, se podrá comprobar que en la mayoría de los países es así. En España se requiere de una mayoría de tres quintas partes en ambas cámaras para aprobar la ley que reforma la Constitución. En Francia, igual, por las tres quintas partes de los miembros del Parlamento;  y en Alemania, con la aprobación de las dos terceras partes.

En América Latina, podrían citarse los casos de Chile, en el que se requiere de las tres quintas partes de Senadores y Diputados. En Brasil, las tres quintas partes. En Bolivia, las dos terceras partes; y en Guatemala, las dos terceras partes.

En fin, como puede observarse, la tendencia predominante, a nivel internacional,  es que la ley que convoca la necesidad de la reforma constitucional, como parte de un procedimientos especial, es una ley orgánica, que requiere, para su aprobación, de una mayoría calificada.

Pero aquí, en República Dominicana, hubo un grupo de notables y prestigiosos juristas, que a pesar de las evidencias insoslayables, argumentaron lo contrario.

El referendo aprobatorio

Igual ocurrió con la necesidad del referendo aprobatorio, luego de la aprobación de la reforma constitucional por la Asamblea Nacional Revisora. En este caso, el argumento ha sido  que la consagración de la reelección presidencial no constituía un derecho fundamental.

Pero el artículo 272 no sólo establece los derechos fundamentales  como única categoría para la celebración de un referendo aprobatorio que confiera legitimación popular para la reforma constitucional.

En adición, se encuentran, el ordenamiento territorial y municipal; el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería; el régimen de la moneda, y sobre los procedimientos de reforma instituidos en la Constitución.

En otras palabras, la Constitución esboza cinco categorías diferentes en las que la reforma de la Carta Magna realizada por la Asamblea Nacional Revisora, requiere, a los 60 días de su proclamación, que la Junta Central Electoral convoque a un referendo, que no es más que una elección, en la que más de la mitad del 30 por ciento de  los votantes que figuran en el registro electoral, votan  en favor de la aprobación de la reforma constitucional.

Pero, como según se ha sostenido, no se hace referencia explícita en el título IV de la Constitución, sobre el Poder Ejecutivo, acerca de la necesidad de un referendo aprobatorio, el mismo no constituye una obligación constitucional.

No obstante, si se hace la conexión con el artículo 22, sobre régimen de ciudadanía, se comprueba que nuestra Carta Sustantiva sostiene que “Son derechos de ciudadanas y ciudadanos, elegir y ser elegibles para los cargos que establece la presente Constitución…”.

Por supuesto, entre los cargos que establece la Constitución se encuentra el de Presidente de la República. Por consiguiente, una vez más, por vía de interpretación analógica, se llega a la conclusión de la obligación del cumplimiento de ese requisito para la legítima culminación del proceso de reforma constitucional.

Pero, igual, en algo que ha debido haber consenso entre los miembros de nuestra  comunidad jurídica, no lo ha habido. La razón parece estar en la necesidad de que el texto constitucional se exprese de manera directa, de tal forma que no dé  lugar a interpretaciones aviesas e interesadas.

Todo esto nos conduce al hecho de que si nuestra Carta Sustantiva es de naturaleza rígida, como en efecto lo es, en una futura reforma constitucional debe blindarse de manera tal que no sea tan frágil o vulnerable a cualquier tipo de modificación.

Debe hacerse una reforma que se exprese de manera tan clara, precisa y directa, que jamás pueda haber dudas de que en los casos expresamente estipulados, para su modificación se requiera de  mayoría calificada y de la realización de un referendo aprobatorio.

Así protegeremos mejor nuestra Constitución y nuestra democracia”.