SANTO DOMINGO.- El presidente Danilo Medina declaró este viernes que el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros iniciado por la República Dominicana no será de nuevo prorrogado.
Advirtió que “ninguna nación del mundo, ni ningún organismo internacional, puede exigir a la República Dominicana que en materia de régimen migratorio, ni de ningún otro derecho soberano, asuma sacrificios al margen de lo que su ordenamiento constitucional y legal prevean”.
Medina emitió estos criterios en su discurso de rendición de cuentas ante una sesión conjunta de las cámaras legislativas, con motivo del Día de la In dependencia.
“Nadie puede albergar la más mínima duda, de que una vez concluya la ejecución de los instrumentos de regularización previstos en la normativa migratoria, no habrá más prórrogas. Por tanto, los extranjeros de cualquier nacionalidad sin regularizar, estarán sujetos a los procedimientos establecidos por la ley, siempre en el marco más absoluto del respeto a la dignidad de las personas”, enfatizó.
El Jefe del Estado dijo que en la República Dominicana “estamos construyendo, entre todos, un país con verdadera igualdad y justicia social, un país sin exclusión y sin discriminación, pero también un país ordenado, riguroso y en el que debe imperar el cumplimiento de la ley”.
Fragmento de discurso
Textualmente, respecto a la regularización de extranjeros y la política diplomática dominicana, el Presidente Medina dijo lo siguiente:
«Estamos construyendo, entre todos, un país con verdadera igualdad y justicia social.
Un país sin exclusión y sin discriminación, pero también un país ordenado, riguroso y en el que debe imperar el cumplimiento de la ley.
Durante décadas el Estado dominicano arrastró serias deficiencias institucionales y legales en esta materia.
Por lo que los problemas se fueron acumulando, sin que ningún gobierno ordenara nuestro sistema migratorio de manera permanente.
Ya en 1966, el entonces Presidente Dr. Joaquín Balaguer señalaba la falta de una política inmigratoria inspirada en los intereses de la República.
Conscientes de esa necesidad, decidimos actuar con responsabilidad y poner en marcha el plan de regularización y documentación más ambicioso que se haya realizado, no solo en nuestro país sino, me atrevería a decir, en todo el continente.
Decidimos asumir el tema migratorio como un asunto esencial para el presente y futuro de la República Dominicana.
Como lo demuestran las medidas implementadas en 2014, que han contado con un amplio consenso nacional y con la colaboración activa de este Poder Legislativo:
En primer lugar, la puesta en vigencia del Plan Nacional de Regularización de extranjeros en situación migratoria irregular, contenido como mandato desde el año 2004 en la Ley General de Migración, pero no oficializado hasta noviembre de 2013.
Al día de hoy, más de 150,000 personas han iniciado su proceso de regularización, de los cuales más de 40,000 se ha comprobado que sus papeles están en orden y cumplen con todos los requisitos.
Y pronto serán dotados con el tipo de documento que les corresponda.
En segundo lugar, la Ley 169-14, que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civíl dominicano y sobre naturalización.
Esta iniciativa, concebida tras un minucioso proceso de consulta con todos los sectores sociales del país, recibió el apoyo unánime del Congreso Nacional y tiene dos objetivos claros:
Primero, resolver la situación de aquellos descendientes de padres extranjeros en situación migratoria irregular, que contaban con documentos expedidos por las autoridades de nuestro país, que los acreditaban como dominicanos.
Esta ley convalida esa documentación, siempre y cuando los beneficiarios no tuvieran participación directa en la irregularidad documental.
El segundo objetivo de esta ley es brindar un espacio a aquellas personas, nacidas en territorio dominicano, con ambos padres extranjeros y que nunca fueron inscritos en las Oficialías del Estado Civíl.
A estos se les dio un plazo para inscribirse como extranjeros para, posteriormente, pasar al plan de regularización y, si lo desean, en un plazo de dos años, optar al proceso de naturalización ya establecido.
Ese plazo que inicialmente se estableció por 90 días, fue prorrogado por 90 días más y venció el 2 de febrero recién pasado.
En este proceso se inscribieron 8,755 personas.
Junto a estas iniciativas legislativas, como recordarán, establecimos mecanismos de trabajo conjunto con Haití, para que sus ciudadanos residentes en nuestro país pudieran regularizar su situación documental.
Con este mismo objetivo, el pasado Septiembre acudimos a la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York.
Y desde esa tribuna global hicimos un llamado a la comunidad internacional, a fin de que pasaran de las palabras a los hechos y no se olvidaran de nuestro país vecino.
De que le extendieran una mano solidaria, para que, entre otros aspectos, el gobierno de Haití esté en condición de dotar a sus nacionales de la documentación.
En definitiva, nadie puede poner en duda que el conjunto de medidas impulsadas por este Gobierno supone una de las mayores iniciativas en materia de reconocimiento de derechos realizada en las últimas décadas y es, además, una oportunidad única de modernizar nuestros registros, mejorar el control fronterizo y reforzar, mediante la legalidad, la seguridad en nuestro territorio.
Estamos haciendo un gran esfuerzo de nación, trabajando conjuntamente con países amigos, como Estados Unidos o la Unión Europea, además de diferentes instituciones como Naciones Unidas, ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones, para localizar a todos los posibles beneficiarios de este plan y orientarlos.
Se han abierto 24 oficinas en todo el territorio nacional y se ha realizado una campaña de comunicación por diferentes medios, durante meses.
De la misma forma, hemos trabajado de la mano con las organizaciones de la sociedad civíl especializadas en temas migratorios, para garantizar el éxito del proceso y dar seguridad y confianza a todos los participantes.
Todas estas acciones muestran, de forma incontrovertible, la firme voluntad del Estado Dominicano de llevar a cabo con éxito este plan de regularización.
Las personas que debieron acogerse a la parte B de la ley 169-14 y no lo hicieron, ya no podrán recibir los derechos contemplados en esa ley.
Pero como saben el plazo de vigencia del plan de regularización para las personas que residen en el país de manera irregular, que se otorgó por 18 meses, estará vigente hasta el 16 de junio de este año.
Todavía quedan cuatro meses en lo que nos gustaría animar a todos aquellos que quieran colaborar con esta iniciativa a darnos su apoyo.
De la misma forma, a todas aquellas personas que se encuentren irregularmente en nuestro país y que llegaron antes de 2011 les digo: acérquense a las oficinas e inicien su proceso.
Esta es su oportunidad de legalizar su estatus y vivir con tranquilidad.
Señoras y señores:
Dicho todo esto, quiero dejar claro también que ninguna nación del mundo, ni ningún organismo internacional, puede exigir a la República Dominicana que en materia de régimen migratorio, ni de ningún otro derecho soberano, asuma sacrificios al margen de lo que su ordenamiento constitucional y legal prevean.
Y nadie puede albergar la más mínima duda, de que una vez concluya la ejecución de los instrumentos de regularización previstos en la normativa migratoria, no habrá más prórrogas, por tanto los extranjeros de cualquier nacionalidad sin regularizar, estarán sujetos a los procedimientos establecidos por la ley, siempre en el marco más absoluto del respeto a la dignidad de las personas.
Señores y señoras:
Este año también ha visto el inicio del relanzamiento de nuestra diplomacia.
Estamos haciendo de la política exterior un instrumento efectivo para el desarrollo social, económico y cultural de la República Dominicana.
Es indispensable que contemos con un cuerpo diplomático moderno y eficiente.
Un cuerpo diplomático que tenga como máxima prioridad la protección de los derechos de nuestros compatriotas en el extranjero.
Un cuerpo diplomático que sirva también a nuestra agenda económica.
Que sea proactivo a la hora de salir a buscar oportunidades de comercio, de inversión y de producción conjunta.
Recientemente, con la celebración del Primer Foro de la Diplomacia, le dimos el impulso definitivo a este proceso de realineamiento del servicio exterior con las necesidades estratégicas del país.
Señoras y señores:
En cuanto a la diplomacia multilateral, este año también hemos continuado los trabajos de integración en organismos regionales como el SICA.
Y seguimos cooperando con nuestros socios tanto en la región, como en el sistema Hopefor para la prevención y respuesta a desastres naturales.
En la reciente cumbre de la CELAC, en Costa Rica, todos los países de la región tuvimos la ocasión de celebrar el principio del deshielo histórico entre Estados Unidos y Cuba.
Y lo que parece ser el fin del ignominioso bloqueo, que desde la República Dominicana llevábamos tiempo reclamando, junto a la comunidad internacional.
Aplaudimos este nuevo ejemplo de cómo elevar la mirada hacia lo que parecía imposible, puede abrir una nueva senda hacia el futuro, allá donde los miedos del pasado parecían tener cerrado el camino».
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