Si desde el gobierno Kennedy le dijo al gobernado que no pregunte qué puede hacer el país por él sino lo que él puede hacer por su país, es tiempo de que el gobernado le diga a los gobiernos que no se preocupen por él sino por lo que los gobiernos puede hacer por el país, defendiendo además la soberanía y fortaleciendo la independencia política, económica y financiera sin hipocresía circunstancial y con valentía vertical frente amenazas internas y externas o de acuerdo a como soplen los vientos.
Ese sería el punto de partida de un Estado productivo en beneficio de cualquier país, no de lo que los gobiernos podrían hacer con fondos públicos creyendo beneficiar al país prometiendo o dibujando villas y castillas dentro de un callejón sin salida, lo que aplica a todo tipo de gobierno sin importar el disfraz. En todos los casos se bailotea el predominio de las realizaciones basadas en costos, sacrificios, buenas o malas acciones, con o sin norte alguno.
Pensar en el Estado productivo basado en la inversión pública conlleva poner de lado el egoísmo por el predominio o protagonismo de realizaciones de distintos calibres con toques de redención o mesianismo. Basta pensar en el presupuesto de las naciones, en nuestro caso el Presupuesto General del Estado (PGE), para destacar el capítulo «Construcciones» como primera variable de todo aquello que implique obras de infraestructura, bajo el entendido de que todos los gobiernos usan el PGE como punta de lanza para sus realizaciones, con o sin norte alguno.
Por más que se torne o vire, lo que propone o plantea la política dentro o fuera del poder, o las cosas que hace desde el poder, implican inversión pública o gastos con fondos del PGE según políticas públicas que cualquier gobierno puede desarrollar según su criterio. Ahora bien, si se plantea que el sector privado participe en la inversión pública se trata de una inversión público-privada que habría que definir.
En este caso no hay que olvidar que los sectores productivos y la ciudadanía en general le dan forma al PGE o fondos públicos. Por eso es oportuno preguntar qué pueden hacer los gobiernos por el país, además de lo que han hecho o hacen los sectores productivos formales e informarles, para ver cuando es que el Estado comparte esa productividad.
Los gobiernos hacen obras de todo tipo como parte de una inversión pública esencial o superflua donde no existe retorno de la inversión, y si existe no está claro donde se coloca, incluyendo los beneficios de las «Empresas Públicas de Bienes y Servicios – Financieras y No Financieras». En honor a la transparencia los beneficios de empresas públicas, o fondos «reembolsables» de cualquier inversión pública, deben formar parte del PGE para nuevas realizaciones que no sean ejecutadas con impuestos directos e indirectos provenientes de los sectores productivos y de la ciudadanía, ni tampoco de empréstitos y donaciones internacionales.
El primer paso que nuestros gobiernos deben dar por el bien del país es pensar en un Estado productivo donde los beneficios de las empresas públicas de bienes y servicios y el retorno de la inversión pública formen parte del PGE dentro de una transparente gobernabilidad, publicando mensualmente en los medios escritos los ingresos y egresos del PGE, como era la práctica en la segunda mitad del siglo XX. Estamos hablando de la primera fase de la productividad estatal partiendo de la inversión pública que como tal genere beneficios en vez de gastos para construir un país en tierra firme.
El Estado dominicano ha perdido la virtud de crear riqueza para el país partiendo de sus propias entrañas lo que es posible introduciendo una segunda variable: «Empresas Públicas de Bienes y Servicios – Financieras y No Financieras», que en combinación con la primera variable o capítulo «Construcciones» del PGE forman un «PIB Estatal» que unido al PIB de los sectores productivos definen el «PIB Nacional» que genera riqueza material. Este es el primer beneficio que los gobiernos pueden aportar al país teniendo como norte la productividad.
El PIB Nacional contribuye con la disminución de la desigualdad en términos absolutos al momento de hablar de empleo y pobreza, tal como lo plantea la «Teoría de la Desigualdad», conocida también como «PIB 2.0 – Pacto por la Productividad». Se trata de una productividad nacional público-privada cuyo éxito depende de la colaboración de ambos sectores, siempre y cuando el Estado se comporte como sector económico como otro cualquiera poniendo en práctica las variables antes mencionadas y pactando con el sector privado con la finalidad de reducir la desigualdad en términos absolutos.
Ayudaría mucho a la salud económica del país que la inversión pública realizada con fondos del PGE o con empréstitos internacionales fuese medida en términos «reembolsables» en el corto, mediano y largo plazo para que se sepa qué es lo que los gobiernos hacen o pueden hacer por una República Dominicana que no ande como el pescador con el bacalao a cuesta. Para poner un ejemplo observemos el elevado de Piedra Blanca construido por ODEBRECHT a un costo de US$12.0 millones (unos RD$540.0 millones).
Sucede que el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, dijo que ésta inversión «podría» repagarse en unos tres años. Es en ese «podría» donde el actual y futuros gobiernos deben buscar la manera de que los recursos públicos, o aquellos recursos que transitan por el sector público para aplicar a la inversión, formen parte de los ingresos y egresos del PGE a ser publicados en la prensa escrita, incluyendo el retorno de la inversión. Es también la manera de diferenciar la inversión pública del gasto social o gasto improductivo, lo que también tiene que ser publicado en la prensa escrita.
Todo lo anterior da sentido a la » Teoría de la Desigualdad» en la cual me he basado para vislumbrar el Estado como sector económico como otro cualquiera partiendo de las variables señaladas al principio, de lo contrario siempre veremos más de lo mismo en un país donde se llora como mujer lo que no se puede defender como hombre, exceptuando la caterva de corruptos del Estado Político y/o Supra Estado Colonial que tenemos desde 1962 a la fecha, de lo contrario que le pregunten a Licelott Marte de Barrios, presidenta de la Cámara de Cuentas (CC).
Hemos basado nuestro planteamiento tomando en cuenta fondos públicos que promuevan el desarrollo económico del país con la condición de que el retorno de la inversión en obras de infraestructura (o de cualquier obra productiva) se refleje en el PGE como parte de un esfuerzo estatal o gubernamental comprometido o compatible con el bienestar nacional, en vez de un bienestar sectorial que se confunda con la política o con las llamadas políticas públicas progresistas sin respaldo de una productividad nacional que reduzca los niveles de desigualdad en términos absolutos.
Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
El sureste de China, en alerta máxima tras llegada tifón Noul
BERLIN: Al menos un muerto y 16 heridos en atropello múltiple
EU: Encuesta muestra malestar por manejo Trump a economía
PLD defiende el derecho de los
partidos a consultar ciudadanos
Reeligen Amado Díaz vocero de
bloque de diputados del PRM
CONEP pide a Congreso legislar «con cabeza fría y no al vapor»
ANADIVE dice se reactiva importación de vehículos 2026
Más ingresos, más gastos y las mismas preguntas (OPINION)
Gobierno iniciará en agosto la construcción Autovía del Ámbar
Santiago celebra 531 aniversario de su fundación
