Decía Montesquieu que el poder necesita ser dividido, porque es la única forma de poder garantizar la libertad de los ciudadanos. Aquí, las élites de la clase política minoritaria dominante se han encargado de todo lo contrario, fusionar el poder para garantizar la impunidad de los miembros de esas élites.
La Justicia dominicana está capturada por grupos de poder político, económicos y, porque no, como afirman algunos abogados penalistas, de algunas oficinas privadas de abogados, desde donde al parecer se suplanta la principal función jurisdiccional, la de decidir.
La clase política dominante minoritaria actual, esto es, el PLD y en menor medida, con la complicidad de un minúsculo grupo de rémoras llamadas partidos aliados, el otrora PRD en su momento, hoy convertido en una plataforma de negocios, y la bisagra en la que se ha convertido el PRSC (no incluyo al PRM porque nunca ha sido Gobierno), contrario a la sugerencia de Montesquieu, se ha encargado de concentrar (fusionar) los tres principales poderes del Estado en unas pocas minorías, para ponerlos al servicio de sus intereses particulares, uno de los cuales es la impunidad.
¿Cómo y para qué fin se logra esa fusión? Primero, para que por medio de los representantes de esos partidos en el congreso, senadores y diputados, cuando se promueva alguna modificación constitucional, el constituyente tome la decisión que más beneficie a los sectores que éste representa, nunca a los intereses y necesidades de quienes hicieron posible su escogencia, como los son los votantes.
Como ejemplo de algunas de las decisiones que ha tomado el constituyente dominicano, y que solo benefician a élites que ostentan el poder político y económico, perjudicando la que debería ser una buena y sana administración de justicia que esperan los ciudadanos, tenemos el artículo 171, que dispone que el privilegio de designar al procurador general de la República, lo tenga precisamente un miembro de esa élite dominante, el Presidente de la República.
¿A quién designa entonces el presidente de turno, como procurador? Lógico, a un compañero del partido, pues sería impensable que no lo hiciera, ya que éste, tal como lo dispone el artículo 169 de la constitución, dirige el Ministerio Público, que es a su vez, el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, y el que dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad.
La captura de los poderes es más obvia cuando vemos quienes son los que conforman el órgano que designa los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral y sus suplentes, y de evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, esto es, el Consejo Nacional de la Magistratura.
Son nada más y nada menos que seis (6) activistas políticos, eligiendo los miembros de las altas cortes. Me refiero a lo que dispone el artículo 178, El presidente de la República, dos senadores, dos diputados y el procurador general.
Para terminar de capturar el poder judicial, el artículo 180, dispone que los 6 activistas políticos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, junto con dos jueces miembros del mismo Consejo, que completan su matrícula, decidan escoger de 16 jueces que deben conformar la Suprema Corte de Justicia, 12 jueces que pertenezcan al sistema de carrera judicial (que sean de carrera), y 4 restantes de profesionales del derecho, académicos o miembros del MP, esto es, que no tienen que ser de carrera, sino políticos con togas, para que hagan las veces de jueces, como dice el magistrado estadounidense Richard Posner, en su libro ¨How Jodges Think¨.
La captura del poder judicial por parte del poder político se vio concretizada cuando pudimos ver en el año 2011, durante la última escogencia de los políticos reunidos como Consejo Nacional de la Magistratura, que contrario a escoger como presidente de la Suprema Corte de Justicia a uno de los 12 jueces de carrera, eligieron uno de los 4 que no lo son. ¿No parece sospechoso esto?
Y lo que es peor, y no menos sospechoso que lo anterior, al parecer los políticos reunidos como Consejo Nacional de la Magistratura, de los tres jueces restantes que no son de carrera, designan dos (2) en la segunda cámara penal de la Suprema Corte de Justicia, precisamente allí, donde van a parar todos los casos penales, en especial los que tienen que ver con imputados con jurisdicción privilegiada, lo cual, al menos a nosotros, nos resulta también altamente sospechoso.
¿Será causal que esa escogencia del 2011, por parte de políticos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, de jueces que no son de carrera, con vínculos históricos y anteriores a su elección a partidos políticos, y que son los que precisamente han participado en los principales Autos de No Ha Lugar dictados a favor de importantes políticos acusados de corrupción, que hemos visto dictarse en los últimos años?
A lo mejor todo esto que percibo es una mera casualidad, o quizás mucha envidia de mi parte, dirían los que no comulgan con mi opinión.
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