Decía Montesquieu que el poder necesita ser dividido, porque es la única forma de poder garantizar la libertad de los ciudadanos. Aquí, las élites de la clase política minoritaria dominante se han encargado de todo lo contrario, fusionar el poder para garantizar la impunidad de los miembros de esas élites.

La Justicia dominicana está capturada por grupos de poder político, económicos y, porque no, como afirman algunos abogados penalistas, de algunas oficinas privadas de abogados, desde donde al parecer se suplanta la principal función jurisdiccional, la de decidir.

La clase política dominante minoritaria actual, esto es, el PLD y en menor medida, con la complicidad de un minúsculo grupo de rémoras llamadas partidos aliados, el otrora PRD en su momento, hoy convertido en una plataforma de negocios, y la bisagra en la que se ha convertido el PRSC (no incluyo al PRM porque nunca ha sido Gobierno), contrario a la sugerencia de Montesquieu, se ha encargado de concentrar (fusionar) los tres principales poderes del Estado en unas pocas minorías, para ponerlos al servicio de sus intereses particulares, uno de los cuales es la impunidad.

¿Cómo y para qué fin se logra esa fusión? Primero, para que por medio de los representantes de esos partidos en el congreso, senadores y diputados, cuando se promueva alguna modificación constitucional, el constituyente tome la decisión que más beneficie a los sectores que éste representa, nunca a los intereses y necesidades de quienes hicieron posible su escogencia, como los son los votantes.

Como ejemplo de algunas de las decisiones que ha tomado el constituyente dominicano, y que solo benefician a élites que ostentan el poder político y económico, perjudicando la que debería ser una buena y sana administración de justicia que esperan los ciudadanos, tenemos el artículo 171, que dispone que el privilegio de designar al procurador general de la República, lo tenga precisamente un miembro de esa élite dominante, el Presidente de la República.

¿A quién designa entonces el presidente de turno, como procurador? Lógico, a un compañero del partido, pues sería impensable que no lo hiciera, ya que éste, tal como lo dispone el artículo 169 de la constitución, dirige el Ministerio Público, que es a su vez, el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, y el que dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad.

La captura de los poderes es más obvia cuando vemos quienes son los que conforman el órgano que designa los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral y sus suplentes, y de evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, esto es, el Consejo Nacional de la Magistratura.

Son nada más y nada menos que seis (6) activistas políticos, eligiendo los miembros de las altas cortes. Me refiero a lo que dispone el artículo 178, El presidente de la República, dos senadores, dos diputados y el procurador general.

Para terminar de capturar el poder judicial, el artículo 180, dispone que los 6 activistas políticos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, junto con dos jueces miembros del mismo Consejo, que completan su matrícula, decidan escoger de 16 jueces que deben conformar la Suprema Corte de Justicia,  12 jueces que pertenezcan al sistema de carrera judicial (que sean de carrera), y 4 restantes de profesionales del derecho, académicos o miembros del MP, esto es, que no tienen que ser de carrera, sino políticos con togas, para que hagan las veces de jueces, como dice el magistrado estadounidense Richard Posner, en su libro ¨How Jodges Think¨.

La captura del poder judicial por parte del poder político se vio concretizada cuando pudimos ver en el año 2011, durante la última escogencia de los políticos reunidos como Consejo Nacional de la Magistratura, que contrario a escoger como presidente de la Suprema Corte de Justicia  a uno de los 12 jueces de carrera, eligieron uno de los 4 que no lo son. ¿No parece sospechoso esto?

Y lo que es peor, y no menos sospechoso que lo anterior, al parecer los políticos reunidos como Consejo Nacional de la Magistratura, de los tres jueces restantes que no son de carrera, designan dos (2) en la segunda cámara penal de la Suprema Corte de Justicia, precisamente allí, donde van a parar todos los casos penales, en especial los que tienen que ver con imputados con jurisdicción privilegiada, lo cual, al menos a nosotros, nos resulta también altamente sospechoso.

¿Será causal que esa escogencia del 2011, por parte de políticos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, de jueces que no son de carrera, con vínculos históricos y anteriores a su elección a partidos políticos, y que son los que precisamente han participado en los principales Autos de No Ha Lugar dictados a favor de importantes políticos acusados de corrupción, que hemos visto dictarse en los últimos años?

A lo mejor todo esto que percibo es una mera casualidad, o quizás mucha envidia de mi parte, dirían los que no comulgan con mi opinión.

Como una densa nube de tormenta o –más aun- como la intensa sombra de la noche, la violencia a todos los niveles ha tratado de arropar al país, dejando cada día una inequívoca hilera de luto, dolor e impotencia en toda la sociedad dominicana.

Actualmente, en la República Dominicana hay más de 800 mil armas de fuego y blanca en manos de la población civil con las que se han segado la vida a más de 3 mil 698 seres humanos en los últimos 10 años, entre ellos la del alcalde de Santo Domingo Este y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Juan de los Santos.

La sociedad dominicana está “preñada” de violencia. El país vive una inocultable y nefasta espiral de violencia a todos los niveles en la que los choques por motivos políticos, la conducta policial, los intercambios de disparos, cualquier discusión originada entre dos o más personas (a veces por un parqueo), o un simple accidente de tránsito provocan desasosiego, ya que fácilmente termina a tiros limpios.

La proliferación de armas de fuego y blanca que se encuentran en manos de la población –con muchas de las cuales se han ultimado cerca de 4 mil personas en los últimos 10 años- constituye una de las causas principales  que impulsan la violencia y otros hechos reñidos por las leyes y las buenas costumbres en la Republica Dominicana.

En el país, a partir de la revuelta de abril de 1965, hay más civiles portando armas de fuego que los ejércitos y los cuerpos policiales de muchas naciones del mundo, especialmente de América Latina y el Caribe.

Se estima que actualmente en nuestro país existen más de 400 mil personas portando armas de fuego y las llamadas “chilenas”, de las cuales apenas un poco más de 15 mil son usadas de manera legal.

Ha principios de la década de los años 2000 en los archivos del Ministerio de Interior y Policía  se habían registrado –con sus permisos legales- más de 200 mil armas de fuego, entre pistolas, revólveres, rifles y escopetas. Para mediado de esa década la cifra se elevó a cerca de 260 mil.

La inmensa mayoría de las armas de fuego que cuentan con sus permisos correspondientes se encuentran en manos de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de los organismos de Seguridad del Estado, de compañías de vigilantes privados, de funcionarios públicos, legisladores, miembros del Poder Judicial, alcaldes pedáneos, gobernadores, síndicos, regidores, cuerpos de bomberos, de comerciantes, hacendados y otros.

A todo ese arsenal de armas de fuego que porta la población dominicana se les agregan alrededor de 450 mil filosos cuchillos, punzones, sevillanas, machetes “vaciados,” afilados de ambos lados, y otros tipos de armas blancas.

Las armas de fuego y blanca –incluidas las famosas “chilenas”- han ido a parar hasta a los recintos carcelarios del país, donde existen muchas historias y muertes provocadas por esos instrumentos de muertes, según reporte de los medios de comunicación.

En medio del repudiable clima de violencia que azota a la sociedad dominicana, con parte del arsenal de armas de fuego y blanca que se encuentran en manos de la población se han cometido decenas de miles de robos, atracos, asaltos y secuestros, maridos, esposos, novios o ex maridos celosos ultimados a sus parejas y enviado al cementerio –sin vuelta a tras- a miles de dominicanos y dominicanas, entre ellos a Juan de los Santos, cuyo asesinato ocasiono que el Cielo permaneciera nublado por más de 48 horas en el país.

Impulsar un proceso serio, adecuado y constante de desarme a la población contribuiría enormemente a bajar el clima de violencia que se observa en la nación.