A los ciudadanos dominicanos que haciendo uso del derecho al sufragio pasivo, es decir a ser elegidos, se postulan a los cargos de alcaldes y vicealcaldes, regidores y suplentes, directores, subdirectores y vocales de distritos municipales, se les requiere, de conformidad con el artículo 37 de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios, estar domiciliados en el municipio con al menos un año de antigüedad.

En cambio, a los candidatos a senadores y diputados, en virtud de lo establecido en el artículo 79 de la Constitución Política, se les exige ser nativos de las demarcaciones territoriales que los elija o haber residido en ellas por lo menos cinco años consecutivos.  Es decir, que los aspirantes a estos cargos tienen la opción de ser candidatos por las provincias en que hayan nacido y, además, por las correspondientes a los lugares en que hayan residido más de cinco años. De esta manera, los ciudadanos que hayan residido al menos cinco años consecutivos en diversas provincias tienen múltiples opciones para ser candidatos.

Sobre el nivel municipal y el requisito del domicilio, debemos destacar que el artículo 102 del Código Civil establece que el domicilio de todo dominicano, en cuanto al ejercicio de sus derechos civiles, es el del lugar de su principal establecimiento.

Por lo tanto, la definición de domicilio es indispensable para distinguir entre quienes tienen derecho a postularse a los cargos municipales y quienes no.  En ese sentido, Eduardo J. Couture, en su Vocabulario Jurídico, define el domicilio de la manera siguiente: “Residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella”.

Muy parecida a la precedente definición es la noción que nos ofrecen sobre el domicilio los prominentes tratadistas franceses, Ambrosio Colín y Henry Capitant, quienes consideran que, en lo referente al domicilio, el derecho “fija un lugar para cada persona, que tiene en él su asiento legal, y en el cual se la supone siempre presente, bien lo ocupe corporalmente o bien se halle en él. En otros términos, el domicilio es la residencia que se considera tiene la persona a los ojos de la ley para el ejercicio de ciertos derechos o para la realización de ciertos actos”.

El municipio es la institución más cercana al ciudadano.  En consecuencia, el alcalde y los regidores, que son quienes dirigen su gobierno, deben mantener un vínculo estrecho y permanente con sus munícipes. Eso solo es posible materializarlo teniendo autoridades que tengan su domicilio permanente en la ciudad que representan.

Esta debió ser la razón que motivó al legislador para incorporar en la reforma de la ley municipal del 2007, el requisito de encontrarse domiciliado en el municipio por lo menos un año antes de la celebración de las elecciones, para poder tener derecho a postularse a los referidos cargos de elección popular, sin tomar en cuenta que el aspirante haya nacido o residido con anterioridad en el municipio.

Los cargos municipales, en virtud de la ley, están reservados para ser ocupados por los munícipes de cada municipio. Por tal motivo, las 168 juntas electorales municipales están en el deber de rechazar las propuestas de las candidaturas de los partidos y las agrupaciones políticas municipales que no cumplan con el mandato de la ley en lo concerniente al domicilio.

ej.olivares@hotmail.com

En el 2015 el Seguro Familiar de Salud (SFS) arrojó un saldo positivo, aunque todavía muy distante de lo que espera la población. En cambio, en materia  previsional fue un año con más sombras que luces.

Salud con saldo positivo. Después de años de pocos avances en el derecho de los afiliados, el CNSS aumentó de 3,000 a 8,000 pesos el límite anual per cápita de los medicamentos ambulatorios del PBS. Por ocho ocasiones consecutivas durante siete largos años, los afiliados vieron cómo se ajustaba la cápita del PBS, pero se mantenían congeladas las medicinas.

El Ministerio de Salud Pública modernizó y amplió el catálogo de medicamentos, y estableció el principio activo para la prescripción de las recetas. Estos avances fueron adoptados por el CNSS, eliminando así muchos rechazos y exclusiones en contra de la salud y del bolsillo de los pacientes.

La elevación de 150,000 a un millón de pesos de la cobertura para los recién nacidos constituyó, sin lugar a dudas, otro paso importante a favor de los afiliados. Durante años familias pobres y vulnerables quedaron reducidas a la impotencia y arruinadas, al carecer de cobertura suficiente para atender a hijos nacidos con costosas complicaciones de salud.

También se  elevó el monto de los subsidios por enfermedad común, maternidad y lactancia, aunque sin recuperar el nivel perdido por la inflación acumulada.  En adición se dispuso la atención integral para las intervenciones quirúrgicas eliminando algunas exclusiones y copagos absurdos.

Vale la pena mencionar la aprobación de la Ley que crea el Servicio Nacional de Salud, cumpliendo con un mandato de las leyes 42-01 y 87-01, mediante la cual se dispuso la integración de la red pública de salud en una entidad autónoma e independiente del Ministerio de Salud Pública.

Otro avance en la dirección correcta consistió en eliminar los obstáculos técnicos que impedían la afiliación de los trabajadores inmigrantes legales. Finalmente, el CNSS adoptó la Resolución No. 380-02, tendente a reducir los elevados niveles de evasión y elusión que durante más de cinco años han erosionado el equilibrio financiero del SFS, y cuyo impacto  comentaremos en un próximo mensaje.

Reformas esenciales pendientes. No obstante estos avances, todavía quedan pendientes importantes reformas. La atención primaria de salud como puerta de entrada a la red de servicios; el establecimiento del Plan Básico de Salud que reduzca el gasto de bolsillo; el derecho de los pensionados y jubilados a la protección en salud; así como eliminar la auto exclusión de las instituciones autónomas y descentralizadas continúan siendo tareas pendientes para la sostenibilidad del SDSS.

Una nota preocupante es la persistencia oficial en minimizar el gasto público en salud como porcentaje del producto interno bruto (PIB), no obstante las denuncias recurrentes a lo largo de todo el año, tanto del personal de salud, como de la prensa nacional, sobre las deficiencias y limitaciones de los más emblemáticos hospitales y centros públicos de salud.

Un pobre año en pensiones. En materia previsional el mayor avance fue la ampliación de 2 a 7 años del plazo para las reclamaciones de los familiares del afiliado fallecido. Esta limitación absurda del contrato póliza, unida a la falta de orientación e información oportunas, malograron los derechos a la sobrevivencia de miles de familias desamparadas. Además, las pensiones continúan congeladas desde hace una década, acentuando el grado de indigencia de la gran mayoría de los envejecíentes.

El crecimiento del fondo de pensiones al 12.7% del PIB no puede calificarse de un cambio, ni siquiera de una novedad, ya que se trata de un proceso ordinario, que fluye de manera espontánea e inevitable. El 2015 fue otro año más en el que se mantuvo invariable el porcentaje límite de la comisión de las AFP, a pesar de la iniciativa de los diputados y de la bajísima tasa de remplazo de las futuras pensiones que ensombrece el retiro de más de tres millones de afiliados.

Abrigamos la esperanza de que en el 2016 se amplíen los derechos de los afiliados, se proteja a los pensionados, y se inicie la afiliación de los grupos sociales de difícil cobertura, incluyendo a los trabajadores por cuenta propia y a los informales de las microempresas.

Una de las aspiraciones fundamentales de todo aquel que se sienta dominicano con espíritu progresista  para este nuevo año 2016 debe ser empujar, sin atropellar, hacia la construcción de un nuevo pensamiento social en la República Dominicana.

No es posible  que de la muerte de Trujillo hacia acá los actores que han trabajado e interactuado  en esa dirección sigan siendo los mismos en las diferentes áreas del conocimiento, la investigación y la información.

Son prácticamente las mismas caras y los mismos nombres los que aparecen a diario en los  medios  de comunicación escrito exponiendo sus puntos de vista  desde hace algunas décadas. Eso es una pena.

Este fenómeno que se ha  venido desarrollando en la sociedad dominicana desde hace más de 50 años, hay que desmontarlo;  es anti dialéctico, negador de todo avance y una retranca para el desarrollo material y espiritual del  pueblo dominicano .

En este país existe por ejemplo,  una respetable generación de intelectuales, investigadores, periodistas- ejecutivos de medios de comunicación- fundamentalmente;   y otros sabios del conocimiento que se resisten a dar paso a lo nuevo y  que no se han dado cuenta de que el mundo cambio.

Quiero aclarar, que no estoy proponiendo un desplazamiento brusco y desconsiderado de esa franja social, no, a lo que me refiero es que se hace necesario que en esos ámbitos del saber se le abra paso a la necesaria generación de relevo.

Los aportes de ese colectivo que ha gravitado por más de  cinco décadas fueron y son importantes, cumplieron su rol, empujaron cambios, pero ya.

Esta no es la sociedad del Siglo XX, hay que entender que debe y tiene que venir otra generación que presente nuevas miradas, visiones y abordajes de  cómo encarar los complejos problemas nacionales y globales.

El pensamiento social de la República Dominicana que escribe  en las páginas de opinión y editoriales de los periódicos impresos, que trabaja la investigación histórica, las ciencias económicas y otras áreas, siento que ha  envejecido y por tanto  ha cumplido su ciclo histórico. Perdónenme la osadía, pero eso creo.