La verdad es que cada dominicano en el lugar de un funcionario o ciudadano de poder mostraría su actitud verdadera la de abusar a los más débiles, pues en la mayoría de los casos esa empatía con el débil es de apariencia y simuladora.

Es evidente que la sociedad dominicana guarda un desprecio mental por los actores del ministerio público y los policías quienes en muchas ocasiones son inservibles, politizados y arrogantes.

En el reciente incidente que involucra un Amet y una fiscal se prueba el irrespeto a la autoridad y el escaso valor que la sociedad le otorga a la investidura del policía. Son incontables los hechos en que los policías son víctimas de los ciudadanos y viceversa, los ciudadanos víctimas de los policías.

Independientemente de esta realidad queremos resaltar que la señora fiscal violó la ley de tránsito por parquearse en zona prohibida, abusa del poder al rebelarse ante una autoridad en servicio y no respetar a un funcionario encargado de hacer cumplir la ley. La señora estaba en ese lugar en su condición de ciudadana, no de fiscal. Él sólo hecho de aludir su condición de funcionaria pública por demás vinculada al sector justicia, prueba que lo ha hecho con la intención de usar su cargo para agenciarse impunidad ante su infracción. Lo que motiva al policía de Amet a iniciar la grabación del video precisamente para resguardarse ante el inminente abuso de poder que se comenzó a desarrollar.

La presente situación demuestra lo envilecida que está nuestra sociedad. El hecho de que él Amet usando sus propios medios para protegerse de las amenazas y riesgo que pudiera representar su actuación frente una funcionaria engreída, dejando  al desnudo la falta de institucionalidad de este país y  la falta de garantías que tienen incluso los funcionarios públicos como el agente de Amet al momento proceder en cumplir con la ley dentro de sus funciones.

La ausencia de ética, la corrupción y la falta de institucionalidad están ordenando nuestra vida en sociedad. La costumbre se hace norma y se impone ante la ley si a un fiscal o cualquier otro funcionario que detenten el poder no se le multe, cuándo debería ser lo contrario. Y paradójicamente quien debe ser favorecido y distinguido como en el caso del Amet es sancionado y desconsiderado, por que, contrarió al estado de derecho, el sistema no escrito es el que realmente rige este país.

Al Amet se le violó el debido proceso al ser sometido ante un tribunal penal sin ninguna evidencia ni testigos, por el hecho de cumplir con su deber al exigir el cumplimiento de la ley de tránsito a una fiscal que trato de intimidarlo, además  arrebatar su celular al grabarla, abusando de su posición de fiscal. Recibiendo el Amet una prisión preventiva de un mes sin investigación previa, por una jueza al parecer parcializada y resentida, violando la Constitución al imponer una medida de coerción desproporcionada. Mientras que a la fiscal infractora ni siquiera fue objeto de una amonestación por parte de sus superiores, lo cual manda una mala señal a los demás policías, lo que le reducirá la moral y voluntad de actuar  contra los violadores de la ley.

No entendemos y hacemos la pregunta públicamente a los incumbentes y máximas autoridades del Ministerio de Interior y Policía, de la Dirección General de la Policía Nacional y de la Dirección de la Autoridad Metropolitana, AMET:

¿Por qué razón no asumieron la defensa y protección del agente de Amet, quien actuó dentro del marco de sus funciones y en horario de servicio, permitiendo ser desconsiderado, abusado y apresado fuera del debido proceso y en violación de sus derechos.?

En cualquier parte del mundo que se hubiese presentado esa situación los directivos a cargo de la institución del orden habrían protegido y defendido a uno de sus miembro; también, la fiscal estaría esposada y sometida a los tribunales correspondientes.

Reconozco y apruebo que siempre será una mejor salida la conciliación en cualquier conflicto y que las autoridades nunca deben estar divididas para aplicar y hacer cumplir la ley, sino actuar sin prejuicios para llegar al fondo de la verdad y evitar siempre castigar a un inocente.

Por lo general cuando sucede un incidente que se hace viral los comunicadores y la población en su gran mayoría desinforman, tergiversan, manipulan, mienten, sacando del contexto o de realidad los hechos ocurridos, tal como en el caso actual, han convertido dicho incidente en un tema de violencia de genero perdiendo la perspectiva de competencia ya que al momento de aplicar la justicia y la ley no debe importar ni el genero ni la edad ni el credo ni el color político ni rasgos físicos ni clases sociales ni investidura o jerarquía alguna.

Repito, la justicia, la igualdad y la equidad deben ser transversal a todos los individuos frente a la aplicación de la ley, los comunicadores deben mantenerse imparciales y sin involucrar las emociones personales frente a cualquier hecho noticioso. República Dominicana urge de revertir su cultura de anomia. Expresó Aristóteles: “El único Estado estable es aquel en que todos los ciudadanos son iguales ante la ley”.

Dios les bendiga siempre Pueblo Dominicano.

jpm

La última vez que compartí con Hatuey Decamps fue en un desayuno en una casa de El Bronx. El Dr. Rafael Lantigua, su amigo de siempre, me había solicitado que me reuniera con él. Era en el momento en que Hipólito Mejía había comprado al Congreso de la República para modificar  la Constitución y restablecer la reelección presidencial.

En ese desayuno de mangú, huevos revueltos y bacalao, con un exquisito café negro, todo preparado por mi compañera de siempre, Sandra, recuerdo que me acompañaron Juan Villar, Cano Fortunato, Ydanis Rodríguez, Valentin Silverio, Carlos Montes de Oca, Gregorio Mercedes, Homero Palacio, entre otros, quienes compartíamos la militancia política redentora en el PTD de entonces.

Aunque era temprano en la mañana, ocho de la mañana de un sábado del 2004, Hatuey estaba sentado en la sala de la casa teniendo de enfrente el este, punto saliente del sol, y a su espalda, obvio, el punto poniente del sol.

Me tocó en ese momento agradecer su presencia en el hogar humilde de mi familia, presentar a mis acompañantes y la posición oficial del partido en que militaba para entonces y que aun con mis dudas y resquemores apostaba a la derrota del PLD, aunque eso obligaba a un voto, el 16 de mayo del 2004, a favor de Hipólito Mejía, aun fuese colocándose un pañuelo en la nariz impregnado no sé si de azufre o de alcohol.

Era un momento en que se había resquebrajado, en algunos de los presentes, su identidad con el proyecto que representábamos dada la negación a sus propios orígenes y por la búsqueda, de su liderazgo histórico en RD, de pequeñas cuotas de poder para lo cual la divisa era actuar con “manos libres”.

Hatuey nos explico su posición. Rescató a Peña Gómez en su prédica anti reeleccionista y libertaria. Apoyándose en la historia nacional nos dijo que la reelección era uno de los más graves males que arrastraba la sociedad dominicana, para concluir que él prefería “el Diablo” ante que un presidente que fuera el producto de un proceso electoral determinado por un uso abusivo e ilegal de los recursos del Estado. (Para entonces, en un programa radial de la región fronteriza del país se dio una encuesta, a partir de esa expresión de Hatuey, entre Hipólito Mejía y El Diablo, y este último ganó).

Hatuey nos explicó en detalles cómo resultó modificada la Constitución para restablecer  el derecho del presidente a buscar la reelección.

Y con la enorme capacidad que tenía en el uso de la ironía, y aparentemente sin que tuviera relación con el tema que desarrollaba, nos comentó no entender la conducta del presidente del grupo que para entonces militábamos, dado que el día en que se modificó la Constitución él se había reunido, en otro desayuno, pero en su propia casa, con el líder de quienes les escuchábamos, quien, a la vez que era presidente de las siglas bajo las que partidariamente militábamos, ejercía la función de senador de la República.

Aparentemente querer ofendernos, expuso su “falta de entendimiento” sobre el proceder del Presidente de nuestras siglas, dado que en su desayuno de tan fatídico día (modificación de la Constitución del 2004) éste último se había comprometido a votar en contra de la modificación Constitucional y su sorpresa, la de Hatuey, resultó porque quien desempeñó un rol de vocería para justificar el cambio Constitucional, a nombre propio, de Darío Gómez (RIP), de Ramón Alburquerque, Dagoberto Rodriguez Adames, etc., había sido su comensal de las 8:00 am del 25 de julio del 2002, fecha en que fue aprobado el cambio constitucional y votado el nuevo texto.

Al escuchar esto, las manos de algunos de los presentes fueron bañadas por una pequeña marea de sudor y un frio impropio de una temporada de primavera corrió por sus columnas vertebrales, mientras que en otros, entre los que me incluyo, la utopía redentora tras la que corrimos desde nuestra primera juventud explotaba como bolsa repleta de mierda lanzada desde la cúspide del Empire State Building de New York.

En todo esto el Dr. Lantigua observaba y calibraba, pero no hablaba, salvo en contadas ocasiones para recrear algunas virtudes, según su parecer, del grupo que extasiado escuchaba al Cacique, el cual encantaba mas por sus fuerzas anecdóticas que conceptual. Asumo que pensaba, el Dr. Lantigua, que nuestro desencuentro, que él conocía, con nuestra matriz partidaria podía acercarnos a un personaje que resultaba autentico en su discurso anti-reeleccionista, peñagomísta y democratizador.

Llegó el momento de la despedida. Todos nos pusimos de pies. Lantigua y Hatuey con sus impecables y elegantes chacabanas blancas caminaron hacia la puerta de salida, que estaba a nueve pasos del asiento de Hatuey. Antes de dejar definitivamente a su espalda la sala donde nos reunimos, le comenté que un amigo común, que sabía de la reunión concluida, éste era El Gordo Oviedo, me había llamado para que le comunicará que había que saber manejar su discurso de manera que no sirviera a la estrategia del blanco de ataque principal del momento, esto a partir de una de las tantas máximas maoístas que aconseja hacer distinción en la lucha política.

Reconoció en El Gordo Oviedo un buen amigo. Dijo que había estado en el entierro de su padre, (mientras el Gordo estaba en el Perú en un congreso de la izquierda), entierro que por la diversidad de los asistentes solo el mismo entierro del Gordo superaría. Me pidió saludarlo, al Gordo, claro está, no a su padre muerto. Volvimos a apretarnos las manos mirándonos a los ojos y despedirnos antes de salir al pasillo de la casa que conducía a la calle. Ya en el pasillo, abruptamente se detuvo y reingresó a la sala de la casa para despedirse de Sandra y agradecerle su hospitalidad, el buen mangú y el delicioso café que nos había ofrecido y que todos habíamos degustados.

Ahora, 14 años después del momento aquí recreado, el mismo Gordo Oviedo me llama, desde RD, para hacerme saber que Hatuey había perdido su última batalla.

Paz a sus restos y solidaridad sincera a sus familiares y compañeros de partido.

jpm

El recién nombrado candidato vicepresidencial del Partido Demócrata de los Estados Unidos, Tim Kaine, viene a ser el complemento ideal a la candidata presidencial Hillary Clinton.

Con una visión macro e internacional iniciada cuando fue Primera Dama (1993-2001), luego fortalecida y tras haberse empoderado totalmente cuando fue Secretaria de Estado (2009-2013),  Hilary ahora tiene como contraparte a Kaine, un abogado graduado de Harvard, con un sobresaliente y demostrado manejo en la parte micro, habiendo pasado por diversos cargos, entre éstos alcalde de Richmond (VA), luego Gobernador de la misma ciudad y ahora Senador Federal del Estado de Virginia.

Tim Kaine exhibe como prenda de su excelente desempeño el que Virginia es el estado mejor gobernado,  el mejor para hacer negocios y, según él afirma, es el mejor para criar a nuestros hijos, además un estado estratégico en la geopolítica de Estados Unidos.

Dentro de las cualidades del candidato vicepresidencial demócrata está el haber tenido una formación escolar jesuita, lo que le permitió ir como misionero a Honduras, donde aprendió un español fluido.

Kaine nunca ha perdido una elección desde el 1994 cuando participó por primera vez.  Ha tenido una trayectoria pública libre de escándalos.  Tiene un hijo militar, lo que le permitió enfocarse en el Senado en el desarrollo de políticas militares e internacionales.  Un dato curioso es que, como pasatiempo, toca la armónica

Agenda a Desarrollar

Entre los temas importantes a trabajar dentro del plan de gobierno demócrata para el período 2016-2020 está el hacer que la economía funcione activamente, liberar las deudas universitarias, la promulgación de leyes comprensivas de inmigración, igualdad para la mujer, pago de licencias a las familias y, sobre todo, asegurarse de que cada niño tenga una oportunidad de vivir a su máximo potencial.

Podemos pues, estar tranquilos y confiados en que esta potencia estará conducida por profesionales de probada experiencia y, sobre todo, gente de paz que tiende puentes en vez de construir muros.  Un buen paso…

Partido Demócrata de los EEUU en el Exterior

Si tienes un pasaporte de los Estados Unidos entonces puedes registrarte para votar en estas próximas elecciones federales. Contacta al Partido Demócrata de los Estados Unidos en la República Dominicana para que te ayudemos en el proceso de solicitud del voto. Podemos hacer una diferencia, ejerce tu derecho al voto desde cualquier punto del país!

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El Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD), ha sido muy reiterativo presentando las debilidades de la Municipalidad Dominicana, las cuales se ponen de manifiesto año tras año, sobretodo en los períodos de transición en cada cuatrienio.

En tal propósito,  la dirección técnica del CRD por medio de este trabajo, retoma el tema, con la esperanza de que los responsables de la administración municipal, en sus tareas destinadas a regir los asuntos públicos y ordenar la conducta de los ciudadanos de sus respectivas áreas territoriales, procuren orientar sus conductas y acciones hacia los mejores intereses de sus habitantes, convirtiendo a los gobiernos locales en instrumentos eficaces del desarrollo sostenible, en cada rincón del territorio nacional.

 La fuerza legal de los Ayuntamientos:

Juan Pablo Duarte, conocedor de la importancia y la incidencia de los Gobiernos Locales en las sociedades democráticas, quiso que éstos (los Ayuntamientos) constituyesen un poder real dentro de la estructura del Estado que recién acababa de nacer con la Constitución de 1844.

Creó el Poder Municipal como uno de los poderes del Estado, inspirado en  lo que había visto y vivido en la Europa del siglo XIX, sin embargo,  la ausencia de un bien articulado desarrollo sociopolítico de la sociedad dominicana, hizo que la indicada disposición constitucional durara muy poco, y al efecto, los gobiernos caudillistas que surgieron posteriormente, no tardaron en modificar esa Constitución, eliminando de la condición de Poder del Estado a los Ayuntamientos, pasando éstos a ser una dependencia política del Poder Ejecutivo de turno.

La Municipalidad Dominicana corrió la misma suerte que nuestra nación, se sumió en un profundo atraso, sin normativas que permitieran convertir los Gobiernos Locales en verdaderos rectores del territorio que administraban.

En poco tiempo, los Ayuntamientos se fueron debilitando y empobreciendo, al pasar de ser dueños casi absolutos de enormes extensiones de terrenos a frágiles estructuras, en razón, de las perjudiciales consecuencias de comportamientos irracionales engendrados por apetencias personales desmedidas, por las cuales, se les fue despojando de sus territorios para pasarlos a manos privadas, lo que no ha cesado aún hasta nuestros días.

 La Ley 3455:

No fue hasta muy avanzada la llamada “Era de Trujillo”, cuando los Ayuntamientos comenzaron a ser normados en su funcionamiento, con la creación de la Ley 3455 del 21 de Diciembre del año 1952 y la anterior creación del organismo rector para los mismos: La Liga Municipal Dominicana, creada mediante la Ley 49 del año 1938.  La creación de la Liga Municipal, fue el primer paso dado por Trujillo para controlar los Cabildos y privarlos de su autonomía.

Hay que admitir que esta ley, aunque carente de los instrumentos legales que fuesen capaces de crear unidades administrativas realmente autónomas financieramente hablando, constituyó un gran avance para la época, ya que al menos existía un marco legal administrativo diferente, aunque no resolvía ni en forma remota los aspectos de la economía municipal.

Los Ayuntamientos, a partir de la indicada ley, aunque eran entidades autónomas, no dejaron de ser instituciones dependientes, pues no eran dueñas de sus finanzas y sus vastas propiedades comenzaron a pasar a quienes tenían el poder político o militar y sus allegados y vinculados.  Así la dependencia con el Gobierno Central era cada vez más acentuada.

 El ensayo de la Ley 140-82:

A principios de la década de los 80´s en el gobierno del Dr. Jorge Blanco, se aprobó la Ley 140, que les daba participación de un 20 por ciento de los ingresos por Rentas Internas a los Ayuntamientos, éste, podemos decir, fue el primer intento en firme de ir creando la base para la autonomía financiera de los Cabildos.

  La Ley No. 17-97:

No fue hasta el año 1997, con la aprobación de la Ley 17-97, que los Ayuntamientos comenzaron a participar (aún sea de manera pírrica) en el Presupuesto Nacional, al asignárseles aún sea en papel, un 4 por ciento del monto del Presupuesto General de la Nación, para distribuirlo de manera proporcional entre los 108 Municipios de la época, así como unas decenas de Distritos Municipales.

La debilidad institucional de los Ayuntamientos, permitió que en ninguno de los casos estas leyes fuesen acatadas por los Gobiernos Centrales, que terminaban asignando a los mismos, una ínfima suma a lo que en realidad les correspondía.

 La Ley 176-07:

Siempre ha existido presión en determinados estamentos de la sociedad civil y en los organismos Internacionales, para convertir los Ayuntamientos en verdaderos instrumentos de gobernabilidad local, con autonomía económica y financiera. Así surge la Ley 176-07, que les confiere un 10 por ciento del presupuesto total de la nación para todos los Ayuntamientos.

Esta ley, que distribuye y regula el uso de esos fondos,  consigna  que los Alcaldes (sas) no pueden exceder determinados límites en el uso de los recursos en las áreas a ser empleadas, sin embargo, necesita de urgentes transformaciones, para cumplir con el referido objetivo.

 Acciones que sugiere el CRD:

Si bien es cierto que el CRD es partidario de Ayuntamientos fuertes, autónomos económica y financieramente hablando, su dirección técnica entiende, que urge fortalecer en muchos aspectos a los Gobiernos Locales, antes de poner más recursos en manos de estas entidades.

Esto así, en virtud de que constituye una de sus principales interrogantes, si los Ayuntamientos habilitados para recibir más los recursos de los que hoy perciben, poseen la solidez institucional y gerencial para  entregárseles  mayores partidas, sin que se multipliquen los escándalos de corrupción y desorden que se palpan a su interno en forma permanente.

Ve por tanto, que pese a ser la  Ley 176-07 muy amplia en contenido y como tal abolió totalmente la Ley 3455, ésta última, aunque pareciera obsoleta, tenía más controles sobre los recursos de los cabildos, pues le confería al Consejo de Regidores la facultad de contralor de los recursos, y  además, otorgaba al presidente del consejo, la función de firmar cada uno de los libramientos de los cheques que solicitaba el Síndico o Alcalde.

Contempla que con la antigua ley, contrario a la actual, la Liga Municipal Dominicana (LMD), era otro instrumento regulador que mantenía un departamento de inspección y supervisión, con auditorías frecuentes a los diferentes Ayuntamientos.  De igual forma, la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas, ejercían un control real sobre los fondos de los Cabildos.

Respecto a la cual estima,  que al desbordarse el número de unidades municipales, existiendo hoy más del doble de las de los años 90´s  y sigue en aumento, además de crecer de manera exponencial los fondos asignados a los cabildos, con relación a los de esa época, se hace necesario, que se tomen algunas medidas tendentes a fortalecer la Ley 176-07, como son las siguientes:

1.- Acciones con relación al fortalecimiento  institucional:

1.1. Poner un tope a la cantidad de regidores en cada demarcación, o al menos, que su crecimiento se revise cada 30 ó 40 años y que el crecimiento en ningún caso pueda exceder el 10 por ciento de la matrícula existente

1.2. Que los regidores definitivamente, pasen a ser elegidos por circunscripción electoral dentro del Municipio.

1.3. Devolverle al Consejo Municipal atribuciones que le confería la Ley 3455, de poder ejercer el rol de verdaderos controles de los recursos del Cabildo, debiendo aprobar a través de su presidente los libramientos de los cheques.

1.4.  Emplear los fondos y recursos humanos que se utilizan para operar la Liga Municipal Dominicana, para la creación de instrumentos eficaces de fiscalización y para fortalecer los controles internos de los Ayuntamientos, permitiendo que los Consejos Municipales puedan disponer de asesores en distintas disciplinas sensibles, contratados, cuando fuese necesario, para proyectos muy específicos y de alta importancia para el Municipio.

2.- En los aspectos administrativos:

2.1.- Que la Ley establezca la obligatoriedad de que el ejercicio fiscal pasado sea auditado dentro de los primeros 6 meses del año siguiente. Para éstos, se pueden habilitar fondos especiales de los que maneja la Liga Municipal Dominicana, para la contratación de auditores que sean capacitados exclusivamente para asuntos municipales, de esta forma, que los problemas que puedan surgir se detecten a tiempo y con eficiencia.

2.2.- Implementar normas y estructuras, que erradiquen los escándalos que afectan la buena imagen de los Gobiernos Locales, a fin de obtener en su mayor plenitud, que los Consejos de Regidores y los alcaldes cumplan con la ley que prohíbe legislar en su propio beneficio, además, para actuar con criterios racionales y éticos, en el uso de los recursos que se ponen bajo su administración.

El Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD), confía que las medidas que sugiere, permitan a nuestra nación tener Instituciones municipales fuertes, organizadas y pulcras, así como también, capaces de hacerse merecedoras de administrar no el 10 por ciento de los fondos del Presupuesto Nacional, sino, el 10 por ciento del producto interno nacional bruto, además,  poder incursionar en aspectos tan vitales como la educación y la salud.

jpm