Los operativos policiales y militares son importantes para controlar la delincuencia, no solamente en nuestro país, sino que es un método usado por la mayoría de las naciones latinoamericanas, porque dan buenos resultados, pero momentáneos.

 

Y como ya la delincuencia es “profesional” en la materialización del delito, la mayoría de sus integrantes lo que hacen es resguardarse hasta que disminuyan los efectos de los patrullajes. ¡Son bien acogidos, pero para el logro de unos controles temporales, pero como lo que queremos es tranquilidad permanente, las medidas deben ser definitivas o duraderas.

 

Y la única forma de lograr la pacificación permanente, es modificando el Código Penal para devolverles a las autoridades policiales, de manera especial, el don de mando para actuar de manera rápida, cuando se presentan los problemas, especialmente de amenazas de muerte o sospechas de atracos.

 

Ya escribimos, hace algún tiempo, haciendo casi esta misma sugerencia. ¿Para qué sirve el 9-1-1, calculado para resolver problemas rápidos de emergencias, si éste no tiene ningún sentido para cuando hay una amenaza de muerte en contra de una dama o de una familia que sospecha que unos atracadores están en el frente de su casa?

Como explicamos en un anterior artículo, si la amenaza de muerte de un hombre en contra de su ex compañera, como está ocurriendo en los actuales momentos, se origina el viernes en la tarde, cuando ya los tribunales están cerrados, especialmente en la totalidad de  los pequeños municipios, fácilmente el hecho  es materializado ese día, sábado o domingo, porque la Justicia comienza a trabajar el lunes.

 

Los fiscales tienen la facultad para recibir querellas y denuncias, pero primero hay que determinar si la amenaza  pertenece a Intrafamiliar o no. Los efectos del patrullaje mixto serán los mismos de siempre: Disminuirán los crímenes, que incluye los asaltos, pero retornarán cuando los soldados y policías comiencen a volver a sus cuartales. ¡Y las medidas deberían ser permanentes! Los legisladores deberían pensar más en esos problemas.

 

Ya lo escribimos en una ocasión y volvemos a repetirlo: Cuando las personas que se sentían amenazadas podían querellarse en la Policía y en la Fiscalía, la criminalidad comparativa era 80 veces menor que en la actualidad. ¿Por qué?

 

Porque antes la Policía no recibía bien la denuncia o la querella, para escribirlo en un lenguaje bien entendible, para estar en el sitio indicado por la persona afectada. Lo mismo ocurría con la Fiscalía en cada uno de los pueblos del país.

 

La criminalidad debe entenderse como una, no dividida en varias, como existe en el Código Penal, que ahora la reparte entre si los denunciantes son familiares, si viven en el mismo hogar, la distancia que residen unos de otros o si residen separadamente.

 

También se dan los casos, casi normales, que la Policía y la Fiscalía instrumenta un expediente, pero le faltó alguna huella, pues fácilmente ese asaltante, como ocurre a cada momento, va para la calle, a seguir en lo mismo, porque fue libertad por falta de prueba.

 

La política para combatir la criminalidad y la violencia no debe tener distinción. La medida de los patrullajes policiales y de las Fuerzas Armadas satisfacen, pero no es una solución permanente, como ya lo explicamos. Es como darle a tomar un calmante a una persona que tiene un dolor. Se toma el calmante, pero cuando pasa su efecto, vuelve el dolor. ¡Y el país exige soluciones más contundentes! Como medida preventiva, ¡que sigan los operativos, pero junto a trabajar por la modificación del Código Penal!

 

El Presidente Danilo Medina, que ganó las elecciones con más del 60 por ciento de los votos, tiene que ser muy cuidadoso con la actual situación, debido a que hay una gran cantidad de personas que están hablando de la necesidad de que el país sea gobernado por un tipo Trujillo, un régimen que los jóvenes, en su mayoría, no saben de qué se trata.

 

No es que esas personas no aman su democracia. Es que se sienten impotentes ante la situación de inseguridad. La mayoría de las familias de Santiago y otros pueblos del Cibao, que es la zona donde resido, permanecen con las puertas de sus hogares con candados o llavines las 24 horas del día, por temor a los atracadores. ¡Eso no debe continuar!

 

Los que amamos la democracia, y sin ningún tipo de duda la vamos a defender, debemos estar vigilantes para que  no nos “sorprendan durmiendo”. El presidente Medina debe entender que hay sectores que se prestan para cualquier cosa, porque lo único que les hace falta es el poder de las grandes decisiones.

 

Y cuando hay un país donde la mayoría se deja vencer por el miedo a la violencia y la criminalidad, se acerca la peligrosidad para la democracia. La mayoría de los jefes policiales y militares son perjudicados por la actual situación, porque sus hojas de mandos se “ensucian” por falta de unos controles que ellos no están facultados para imponerlos en materia de legalidad.

 

¡Es la Ley la que debe regular el control del país! Si el Presidente Medina no logra la modificación del Código Penal, que debe acoger nuestra petición, por el bien del país y su gobierno, entonces debe hacer uso del poder que le otorga la propia Constitución, para la emisión de decretos que pongan controles. ¡El país honesto se sentirá protegido!

 

Los que les damos seguimientos a la historia universal, pero básicamente la latinoamericana, que es la zona donde vivimos, debemos recordar que en Chile comenzó, en los primeros años de la década de los 70, ya instalado en el poder el Presidente socialista Salvador Allente, un movimiento de criminalidad, asaltos a establecimientos comerciales, a los transportistas, a las Iglesias u otros sectores, lo que culminó con un golpe de Estado en 1973,  que les permitió a sus autoridades permanecer más de 20 años dirigiendo el poder a base de sangre.

 

¡No queremos hacer ningún tipo de alarma, sino recordarles esa triste historia! Para el logro de esa terrible época, hubo muchos sectores inconsecuentes que se prestaron para esa barbarie, aunque, luego de 20 años, la mayoría de los autores del golpe de Estado terminó en prisión, y muchos de ellos murieron presos, como ocurrió con el líder de esa triste historia chilena, el general Augusto Pinochet.

 

jpm