Las acusaciones en el caso de mi oficina contra Donald Trump y la Universidad Trump me han puesto a pensar en la  Feria Mundial de 1893 en Chicago. En aquel entonces, cientos de visitantes de la feria se amontonaron un escenario para ver al «Rey de la Serpiente Cascabel,» un ex vaquero llamado Clark Stanley convertido en vendedor. Mientras la multitud observaba, Stanley sacó una serpiente de cascabel de dos pies de un saco junto, la  rajó y la metió en una olla de agua hirviendo.

 

La multitud aplaudió cuando Stanley sacaba la grasa de la parte superior del agua y parecía vaciarla en una serie de pequeñas botellas de vidrio. Stanley se  jactaba de que su brebaje – «aceite de serpiente de Stanley» – curaría «todo dolor y cojera.»

 

Of course, the snake oil wasn’t a cure-all. In fact, it wasn’t even snake oil. Stanley had mixed together some turpentine, beef fat and red pepper to fill the bottles — and scam consumers who were desperate for help.

 

Por supuesto, el aceite de serpiente no era ninguna cura. De hecho, ni siquiera era aceite de serpiente. Stanley había mezclado trementina, grasa de vaca y pimienta roja para llenar las botellas – y estafar a los consumidores que estaban desesperados buscando ayuda.

 

El uso de falsas promesas para aprovecharse de la gente desesperada ha sido durante mucho tiempo un sello distintivo de “vendedores de aceite de culebra”. La  demanda de mi oficina alega que Donald Trump estaba básicamente haciendo lo mismo con la Universidad Trump  – estafando a gente desesperada con promesas falsas.

 

En una larga declaración escrita sobre el caso esta semana, Donald Trump trató de desviar la atención de los hechos básicos en los juicios en su contra. Trump afirma que él no puede obtener un juicio justo por parte del juez en dos demandas en California, Gonzalo Curiel – a quien Trump ha atacado repetidamente y dijo que no podía ser imparcial debido a la herencia mexicana del nativo de Indiana, debido a la campaña de Trump se centra en la «inmigración ilegal».

 

Eso es absurdo y ofensivo. E igual de absurda es la afirmación de que la Universidad Trump ofreció una «educación sustantiva, valiosa.» Los hechos, según se establece en nuestro expediente, son muy diferentes.

 

Alegamos que dicha operación fue un fraude de principio a fin, empezando por el nombre del esquema. La ley de Nueva York previene que cualquier persona opere una universidad sin licencia. Esa empresa de Trump nunca se ha clasificado o registrado como una universidad bajo la ley estatal.

 

La “Universidad Trump” no era más que un esquema sin licencia que prometía a los estudiantes que podrían hacerse ricos rápidamente aprendiendo consejos de bienes raíces de Trump y los «secretos» de sus expertos «escogidos». Se les dijo a los estudiantes que recibirían «aprendizaje» de apoyo, el acceso a las fuentes de financiación privadas e incluso la oportunidad de conocer al propio Trump.

 

En cambio, nuestra demanda muestra  que lo que recibieron fue tácticas de venta de alta presión  El seminario de tres días se inició a $1,495, y los documentos recientemente publicados confirman que los estudiantes fueron presionados para aumentar sus límites de tarjetas de crédito para que puedan pagar tanto como $35.000 para supuestos programas especiales de tutoría.

 

Esos  «secretos» de ventas de Trump no eran más que las estrategias genéricas disponibles en cualquier libro básico de Inmobiliaria. Trump no tenía nada que ver con el plan de estudios. Él no «seleccionó» los instructores – que ni siquiera se reunió con ellos.

 

En total, alegamos que los estudiantes de la “Universidad Trump”  fueron defraudados de $ 40 millones, de los que unos $ 5 millones  fueron a los bolsillos de Trump.

 

Ser víctima de un fraude de este tipo es un golpe económico fuerte en cualquier momento, pero más aún en un año especialmente difícil debido a las profundidades de la recesión. Muchos estudiantes salieron de la «universidad» con poco más que una montaña de deuda de tarjeta de crédito y una foto con una figura de cartón de Trump.

 

Trump, como era de esperar, respondió a estas acusaciones graves con burlas infantiles y tergiversación.

 

Él ha cuestionado  la integridad de mi oficina y me acusó de todo, desde aceptar un soborno hasta conspirar personalmente con el Presidente de los Estados Unidos para atacarlo. Él ha hecho todo lo posible para distraer la atención sobre el fraude alegamos en este caso – y las miles de familias que han sufrido a causa de sus promesas falsas.

 

No hace falta decir que los ataques de Trump a mí palidecen en comparación con los ataques racistas que  ha lanzado contra el Juez Curiel.

 

Pero esto es algo más que un juez que está haciendo su trabajo. Como escribió Trump en su reciente declaración: «El sistema de justicia de Estados Unidos se basa en jueces justos e imparciales.» Estoy de acuerdo con esa premisa de todo corazón. En total, cinco jueces justos e imparciales a través de tres casos diferentes ahora han permitido que los litigios contra la Universidad Trump puedan proseguir  a juicio – que incluye un panel de cuatro jueces que confirmó por unanimidad todos los argumentos legales de Nueva York en marzo.

 

El patrón es claro: Trump dice cualquier cosa, utiliza cualquier táctica y crea cualquier distracción  para evitar los problemas reales en el corazón de este caso.

 

Él atacará fiscales como yo, que tratan de hacerle rendir cuentas y juristas que fallen contra él. Sin embargo, mi oficina continuará buscando justicia para los neoyorquinos y otros estafados por la Universidad Trump, sin temor ni favor.

 

SANTO DOMINGO.- El reelecto senador de la capital, Reinaldo Pared Pérez, favoreció la aprobación de la Ley de Partidos en la presente legislación e incluir  también una revisión de la Ley Electoral.

 

El también Secretario General del PLD explicó que se hace preciso aprovechar los actuales legisladores, quienes ya han consensuado y debatido el proyecto por mucho tiempo.

 

“Debemos  hacerlo en la transición”, adujo en  nota divulgada por su partido.

 

Expresó que muchos de los puntos ya están consensuados, donde están los señalamientos y consideraciones, tanto de los partidos como de la Junta Central Electoral, quienes participaron en encuentros bajo la mediación de Monseñor Agripino Núñez Collado.

 

A su juicio, ya no se puede postergar una ley que regule  a los partidos políticos en la República Dominicana

 

“Los partidos político del país, incluyendo al PLD, están  en condiciones  de arbitrar su propio proceso y lo mismo que la revisión de la Ley Electoral,  es algo que no admite decidía o falta de diligencia para conocerlas”, insistió

 

También habló sobre la elección de los bufetes directivos. “De manera categórica y expresa los  Estatutos del PLD precisan  que la línea congresual y municipal la traza  el Comité Político”, dijo.

 

Apunta que todos tienen derecho a  optar por esa posición pero que la elección, desde que el PLD controla el Congreso de la República, es responsabilidad del Comité Político.

 

“Porque usted va a proponer o a escoger, mejor dicho, a las cámaras congresionales la persona que van a tener una relación directa con el presidente de la República”, expresó

 

Dijo  que aparte del  conocimiento   y coordinación de los proyectos  y de las iniciativas que son competencia  del Congreso Nacional, hay muchas actuaciones de acuerdo a la Constitución que hay que  darle vigencia y que depende de la ratificación del Congreso de la República

 

“Y es por lo regular que se busca que siempre haya cierta armonía entre quien va a ser el cabeza de una de las cámaras congresionales con el presidente de la República”, dijo.

 

Afirmó que otra cosa que le ha  dado resultado al PLD, es  el hecho de escoger a los bufetes directivos y de manera fundamental los presidentes y vicepresidentes de la cámara congresionales y dejar que sean estos quienes  escojan a los secretarios y secretarias y a los voceros y vice-voceros.

 

“Y en eso le damos plena libertad. Pero no se puede ceder en lo que se trata de escoger a los compañeros o las compañeras que va a dirigir una de las cámaras congresionales”

 

Informó que corresponde a la Cámara del Senado escoger los jueces de la Junta Central Electoral, el Defensor del Pueblo y la Cámara de Cuentas y que ambos presidentes del Congreso Nacional forman parte del Consejo Nacional de la Magistratura.

wj/am

CARACAS, Venezuela.- Las autoridades venezolanas arrestaron a un policía por su presunta relación con la muerte de un comerciante que recibió un disparo en medio de disturbios, con lo que se elevaron a cinco las muertes en las protestas por la escasez de alimentos de las últimas dos semanas.

El policía Jesús Ramón Díaz Ramírez fue detenido por la supuesta responsabilidad en la muerte de Cruz Eduardo Rodríguez Brito, que recibió un disparo de arma de fuego en el abdomen el 14 de junio en un centro comercial de Cumaná, en el estado de Sucre, indicó la Fiscalía General en un comunicado que difundió en su página de internet.

Rodríguez Brito se había trasladado a un centro comercial en Cumaná para constatar si su local había sido violentado por manifestantes cuando fue alcanzado por una bala.

El comerciante murió poco después en un hospital de la ciudad. Al lugar de la protesta había acudido la policía estatal de Sucre para reestablecer el orden, precisó la Fiscalía.

Los violentos disturbios de Cumaná dejaron un centenar de panaderías, supermercados, almacenes y otros comercios saqueados, dijo Rubén Saud, presidente de la cámara de empresarios de esa localidad.

Las principales avenidas de la capital del estado fueron tomadas por varias decenas de policías y guardias nacionales para garantizar la seguridad y evitar la repetición de los saqueos.

El Ministerio Público imputó a 32 personas por su vinculación con los saqueos en Cumaná, informó el dirigente oficialista Freddy Bernal que precisó que entre los arrestados está un hombre de 49 años que es señalado de dirigir los actos vandálicos.

El presidente Nicolás Maduro anunció la víspera que sectores opositores estarían involucrados en los saqueos de comercios. Con el deceso del comerciante se elevaron a cinco los muertos que han dejado las protestas por la escasez de alimentos y otros bienes de las últimas dos semanas que se produjeron en Caracas y los estados de Táchira, Mérida y Sucre.

El coordinador de la organización local Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Rafael Uzcátegui, manifestó su preocupación por el uso de armas para la represión de las protestas y dijo que existe el riesgo de que las manifestaciones por falta de alimentos se sigan presentando debido a que “no hay políticas para poder solucionar esas demandas”.

Uzcátegui también expresó inquietud por los comentarios que realizó la víspera Maduro de que el gobierno recurrió a un programa especial de seguridad para detener a los responsables de los saqueos en Cumaná.

“Se está apelando exclusivamente a la intimidación”, dijo al activista al reconocer que con esas acciones se está “estimulando una mayor conflictividad social”.

En San Cristóbal, en el estado de Táchira, el 6 de junio murió una mujer como consecuencia de disparos de balas de goma que recibió en el rostro y la cabeza en medio de un intento de saqueo a comercios. Por ese caso fue arrestado un policía de Táchira.

Durante otros saqueos el 9 de junio en la barriada pobre de Petare, al este de la capital, resultó gravemente herido a consecuencia de varios disparos un joven de 21 años que murió poco después en un hospital.