Desde hace más de una década, el liderazgo de las cooperativas dominicanas, ha  planteado la necesidad de adecuar la ley 127-64 que data de 1964, y que en diferentes aspectos ha quedado desfasada frente a la realidad de cambio del entorno económico y social que evidencia República Dominicana.

Ahora que el presidente Danilo Medina ha colocado como prioridad  en su agenda institucional, adecuar la ley de cooperativas y dado que existe consenso entre los principales actores del movimiento  con un texto de ley para gestionar, supervisar, promover e incorporar el sector, es propicia la oportunidad para dar el paso a un marco más idóneo para potenciar el desarrollo de la economía solidaria, con un moderna ley de cooperativas.

Otra oportunidad estelar para avanzar en el camino de adecuar la legislación, con altas posibilidades de tino, radica en que el recién instalado congreso cuenta con legisladores conocedores del intríngulis del sector.  Tales son los casos de los senadores Manuel Paula y Eddy Mateo Vásquez  y de los diputados Radhamez Camacho, Rafael Méndez y Julito Fulcar, dos de ellos  han ocupado la presidencia del IDECOOP, dos son parte del desarrollo y fomento de importantes cooperativas como las de los maestros y la de la UASD,  y uno de ellos es el  líder del principal organismo de integración de las cooperativas del país.

La propuesta de  ley incorpora importantes innovaciones, que van más allá del simple cambio de nombre de su organismo rector, ella busca hacer a las cooperativas mejores empresas, facilitando su fomento, financiamiento, desarrollo y fiscalización, estableciendo y reforzando normas prudenciales que deberán  ser aterrizadas en un reglamento que establecerá parámetros de actuación y responsabilidad de cumplimiento, afianzando el criterio de que las cooperativas son instituciones de interés público y que las mismas tienen como misión el fomento del ahorro y la producción de bienes y servicios socialmente rentables.

El testimonio de cientos de miles de dominicanos, prueba que las cooperativas  organizan a la gente  para enfrentar problemas que les son comunes a partir de la autogestión.

El hecho de que el presidente de la República condicione  en sus visitas sorpresas  el financiamiento de proyectos de desarrollo, a que los grupos productores o de vecinos en las comunidades se constituyan en cooperativas,  conduce a pensar que este modelo de organización basado en la democracia y promotor de la transparencia, bien puede ser incorporadas para ser depositarias de una proporción de los recursos provenientes de los Fondos de Pensiones, a los fines de potenciar con mayor velocidad el financiamiento para la producción de bienes y servicios que generen inclusión social  en las comunidades y sectores donde se desempeñan.

Si las cooperativas han logrado construir un patrimonio que genera crédito barato para financiar a las familias, y que  ya se estima entre el 4 y el 6% del Producto Interno Bruto, generando miles de empleos sostenibles y de calidad, al tiempo que brindar bienes y servicios en beneficio directo de más de un millón de dominicanos que las integran, imagínense que fueran recipiendarias del  5% del total cotizable de los Fondos de Pensiones a una tasa del 6% anual, dos puntos más que lo que actualmente rentan dichos recursos en el mercado financiero, con lo cual los dueños de los fondos tendrán mayor rentabilidad directa e indirecta, pues esos fondos serian invertidos por la cooperativas para financiar de manera solidaria las ideas, planes y proyectos de sus  asociados que son fundamentalmente los trabajadores y trabajadoras del país.

Ahora que se modificará la ley de seguridad social y la ley cooperativa, proponemos  ponderar nuestra propuesta, con el propósito de fomentar  que las riquezas acumuladas se derramen a una mayor velocidad para reducir pobreza  e inclusión social, como son los deseos manifiesto  del presidente Danilo Medina.

JPM

No quisiera hablar de aquel que no pudo pasar la prueba de los teatristas obligados a llevar sus reclamos a la calle. Muy mal para aquel que no quiso pasar la prueba de los cantantes liricos, y peor aún para un exministro que miro a la ciudad de Santiago con los lentes obscuros del maniqueísmo practicado por José Rafael Lantigua, pretendiendo vender que estaba de parte de la luz y no de las tinieblas.

¿Cuántos niños fueron incorporados a la lectura? ¿Qué apoyo logístico le facilitó a Casa de Arte? ¿Qué hizo en la invadida área del Monumento de Santiago?

Quienes hemos hecho del oficio de escribir y de expresar nuestras ideas en forma cognoscible,  debemos sentirnos sumamente complacido con la reciente designación de Pedro Verges, como Ministro de Cultura por el honorable señor Presidente de la República, Danilo  Medina Sánchez.

Pedro Verges, posee los atributos profesionales o académicos,  técnicos  y morales para ayudar al presidente a relanzar una política de cultura consustancial con la urgencia que exige este importante sector.

¿Se podría hablar hoy de relanzamiento de la política de cultura? Sin ánimo de buscar culpables en ningún periodo gubernativo, se podría decir que la promoción de la cultura desde el ministerio, no ha sido correcta y, segundo, el ministerio ha operado como un patrimonio paternalista que protege a un reducido grupo de intelectuales con relaciones políticas.

Estos señores, por prejuicios y no porque esa sea la política del gobierno, dan a entender al universo del sector intelectual fuera del canon que su participación en la sociedad  es nula, o si se quiere, inexistente y con ello le hacen creer al jefe de estado de manera hipócrita que los demás intelectuales somos desafectos al gobierno, cuando no es del todo así. Además, los ministros que han ocupado dicha Cartera han olvidado que sobre este tema existe una memoria histórica y no han querido o no les ha interesado ir a ese referente trascendental sostenido apuradamente por el Estado Nacional.

Vale decir, que a pesar de la existencia incuestionable de un bloqueo deliberado de parte de los intelectuales asalariados de todos los gobiernos, contra los demás escritores  con autonomía de pensamiento literario, este sector de la sociedad no ha mantenido una actitud contemplativa, por el contrario, hemos perseverado en escribir novelas, cuentos, ensayos, poesías y publicando también nuestras colaboraciones literarias en la  prensa independiente nacional e internacional.

El escritor estadounidense Oscar Wilde, dijo que: “Mientras la sociedad considera que la contemplación es lo más grave de lo que se puede acusar a un ciudadano, la cultura más refinada piensa que es la ocupación digna de un hombre

Debido a esas ideas falsas, las cuales no son más que engendros de intelectuales asalariados de los gobiernos quienes al paso del tiempo se han constituidos en lumpemproletarios. En la obra de Marx y Engels titulada: «La ideología Alemana« (1845), aparece el concepto que afirma: «…el lumpemproletariat depende de la burguesía y de la aristocracia para su propia supervivencia«.

En su libro «El 18 Brumario«, Marx, conceptualizando sobre el lumpenproletariado dice lo siguiente: «Bajo el pretexto de crear una sociedad de beneficencia, se organizó el lumpemproletariado de Paris en secciones secretas, cada una de ellas dirigida por agentes bonapartistas y un general bonapartista a la cabeza de todos«. Y más adelante continua…«con esa masa informe, difusa y errante Bonaparte formó la «sociedad de beneficencia« en cuanto a  que todos sus componentes sentían…la necesidad de beneficiarse a costa de la nación trabajadora« Todo eso ha sucedido  en esta media isla con algunos proyectos secretos.

La visión anterior, que es la del viejo sistema de cultura –y no tan viejo, diríamos – en modo alguno contribuye a estructural una política de cultura que sea comprensiva y posibilitadora de un verdadero desarrollo de ese sector, ello así, como explica Marx en la obra La ideología Alemana, el lumpemproletario «no suele actuar de manera productiva y progresista, sino que se muestra ineficaz y retrogrado, por lo que es contrario a las ideas renovadoras«.

Qué bueno que el ministro José Antonio se fue. Qué bueno que se fue a la Gallera sin juez de valla ni traberos.  El nombramiento de Verges, a quien no conozco de manera personal sino a través de su ejercicio literario, ha generado en el seno de la comunidad intelectual una razonable animación y, naturalmente, la confianza de que el sector cultura en la región del Cibao y a nivel nacional podría adquirir un giro al pasar de una medianía escindida a una excelencia sustentada en una visión distinta.

El ministerio de cultura tiene un rol significativo que desarrollar. Por lo que hemos podido observar hace años que las designaciones en las subregiones culturales han sido casi todas desacertadas y hasta podría decirse, penosas. Es más, se ha llegado a pensar en determinados círculos sociales del país que algunos nombramientos podrían obedecer a “errores” al momento de escoger los perfiles de las personas para  ocupar posiciones en áreas sensibles de la cultura.

Si analizamos el papel de la cultura en la filosofía, tenemos que esta se define como “el conjunto de manifestaciones humanas que contrastan con la naturaleza o el comportamiento natural. Es una actitud de interpretación personal y coherente de la realidad, dirigidas a las posiciones susceptibles de valor íntimo, razonamiento y perfeccionamiento”. Julio Cortázar expresó: «La cultura es el ejercicio profundo de la identidad«

Al leer el discurso del presidente Medina, del cual haré un análisis en una próxima entrega, al mandatario referirse a la educación y a la cultura y, luego, cuando oí la designación de Pedro Verges, inmediatamente me vino a la memoria que el jefe de Estado tenía la firme intención de introducir importantes modificaciones en la formación del futuro hombre y mujer dominicana.

La intencionalidad manifestada en su discurso me llevó a una frase del poeta estadounidense, nacido en Carolina del Norte, A. R. Ammons: «Buscaré lo que es humilde y pondré las raíces de mi identidad allí: todos los días despertaré y encontraré lo humilde cerca«

El género cultura implica un requerimiento integral y una excusa satisfactoria, sobre todo, para sí mismo. Alguien expresó que “hay cultura cuando esta interpretación personal y universal se une a un esfuerzo de información para profundizar en la posición adoptada con el fin de intervenir en los debates. Esta dimensión personal de la cultura, tales como la síntesis o la actitud interna, es esencial«.

Se espera que la dirección superior de cultura en la República Dominicana, sobre todo, la que se inicie con el escritor Pedro Verges, deberá tener un concepto más hacia la excelencia que a la mezquindad intelectual en las designaciones de los directores de cultura y de los  centros de promoción y desarrollo de todo lo que signifique verdadera cultura, como son, las danzas, el ballet, el teatro, las artes plásticas, la música de cámara y una jornada de lectura infantil. Asimismo otras actividades humanas que existen en el seno de la comunidad nacional sin televisión, sin periódicos y sin cantantes de esquinas esnobistas o cursis.

El presidente Medina, en esta gestión gubernativa que se inició el 16 de agosto de 2016, me adelanto en opinar, tiene como eje central de su política de educación y cultura, abrir una etapa en la que se comience por primera vez el florecimiento de una legitima época donde la creación y producción intelectual y artística llegue a los barrios marginados del país, como sucede en Cuba y en otros países del Cono Sur.

Me parece que el nombramiento de Pedro Verges tiene mucho que ver con ese ideal de la historia formativa de la juventud en la que se relance por encima de las limitaciones de los partidos políticos y de los vice ministros congelados en sus pensiones.

A pesar de todo lo dicho anteriormente, habrá quienes duden de que la cultura y la educación realmente se conviertan en motores que impulsen la llamada revolución educativa propuesta y estimulada por el presidente Medina. Sin embargo, no debemos ser pesimistas. Creo que el Estado tiene que hacer suya lo expresado por el filósofo egresado de la Universidad Complutense de Madrid, Héctor Rodríguez Cruz, veamos:

«Todo proyecto intelectual opera sobre la sociedad mediante los mecanismo de producción y reproducción de mensajes de los aparatos ideológicos, que en nuestro país (República Dominicana) son manejados por el gobierno y por grupos para su interés exclusivo, que castigan económicamente, mediante el acoso institucional o la agresión directa a quienes no pueden comprar, mediatizar o dialogar«

En una ocasión alguien monto en el Gran Teatro del Cibao una escena musical titulada «La Gallera«. No estamos en desacuerdo con ese intento conceptual, no obstante el mismo careció de logística y de ideas al no incorporar al sketch mil traberos y un juez de valla. En este caso, quiero acogerme al concepto de cultura explicado por el director de cine, guionista y productor español, Pedro Almodóvar, quien dijo: «No juzgo lo que está bien o mal o lo que es real y no está en la cultura«.

Queremos coincidir con el gobierno diciendo a su favor, que hasta este momento el jefe de Estado ha dado señales claras de andar en la ruta  oportuna, sino es así, tomémosle la palabra cuando enfatizó en su magnífico discurso ante el Congreso: “Hemos convertido la educación en un verdadero derecho. ¡A todo este proceso lo hemos llamado revolución educativa y esta revolución educativa va a continuar y mejorar!”.

No obstante, habrá que recordar, una frase del escritor, intelectual y diplomático mexicano, autor de novelas tan famosas  como, La muerte de Artemio Cruz (1962) y Cambio de pie (1967), Carlos Fuentes: “Las revoluciones las hacen los hombres de carne y hueso y no los santos y todas acaban por crear una nueva casta privilegiada”.

Sin embargo, las banderas y bocinas de la democracia no nos hablan de castas sino de vientos libres o democráticos.

Volviendo a Rodríguez Cruz, no debo ponerle fin a este trabajo sin antes dejarlos con una exhortación de este destacado profesor e intelectual dominicano cuyo consejo hago mío con mucha responsabilidad: «En este momento crítico que vive el país, los intelectuales debemos demostrar que existimos y que tenemos un poder insobornable; debemos hacernos visibles y no pasar desapercibidos; debemos demostrar que tenemos incidencia…No hay poder político ni económico que sea superior al poder intelectual. La razón pesa más que la desvergüenza, la manipulación y el engaño«

Al tratar la designación de Verges como nuevo ministro de cultura, quisiera permitirme mirar desde una ventana gris el casi obscuro ambiente de la cultura autoritaria que nos asecha, no desde el ministerio de la altura de un intelectual consagrado sino desde el poder del sector eléctrico cuyos señores con los sables de la vieja cultura que nos viene desde los días de Trujillo quisieran la planta en Punta Catalina.

jpm

Nuestro artículo presenta la génesis política y jurídica de los estados de excepción, su desarrollo en el constitucionalismo dominicano y el alcance de esta figura en faz del control constitucional. Consideramos trascedente profundizar sobre los estados de excepción puesto que son poderes extraordinarios otorgados a una persona para enfrentar determinadas situaciones o calamidades. Además, la figura es muy parecida al régimen dictatorial, pero a la noción de dictadura romana, pues fue un modelo generado dentro de la órbita legítima de producción normativa que no alteraba el sistema legal, sino que, por el contrario, existía para protegerlo.

En República Dominicana es el mismo Estado Social y Democrático de Derecho que exige, como autoprotección, un procedimiento constitucionalizado que garantice un derecho excepcional que permita prever y determinar posibles situaciones de anomalías e imprevisiones, regularlas sustantivamente sin desnaturalizar el principio de separación de poderes y el principio de legalidad, con la visión de que ese derecho excepcional otorgado al jefe del gobierno central le devuelva las funciones esenciales al Estado. La potestad básica que tiene el Presidente de la República en un estado de excepción es dictar todas las medidas indispensables que considere pertinente para el cumplimiento de su misión esencial, la recomposición social.

En el constitucionalismo dominicano los estados de excepción surgen al sistematizar los artículos 94 y 102.13 de nuestra primera Ley Fundamental de 1844, cuando se le reconoce la facultad al Congreso Nacional para conceder poderes extraordinarios al Presidente de la República en situaciones de guerra, invasión exterior, conmoción interior a mano armada y seguridad pública, siempre circunscribiéndose a un tiempo en específico. En esa misma línea, la Constitución vigente consagra los fundamentos de los estados de excepción en los artículos 262 hasta el 266, y los define como «situaciones extraordinarias que afectan gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de las personas, frente a las cuales resultan insuficientes las facultades ordinarias«.

Al ser nuestra Nación miembro de la comunidad internacional, los estados de excepción que hemos positivizados también encuentran sustento jurídico en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 27; y, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 4, cuando ambos tratados internacionales hacen reserva específica a la potestad que tienen los Estados Partes en adoptar disposiciones que suspendan las obligaciones contraídas. Se condiciona la vigencia de la situación a un tiempo estrictamente limitado, a que no se suspendan algunos derechos humanos debidamente tipificados en los tratados internacionales de referencia, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

Nuestra Ley Sustantiva constitucionaliza tres modalidades de estados de excepción, a saber: 1.- Estado de defensa nacional (Ver arts. 93.1.f y 262 CD), el cual podrá ser declarado cuando «[e]n caso de que la soberanía nacional o la integridad territorial se vean en peligro grave e inminente por agresiones armadas externas«; 2.- Estado de conmoción interior (Ver art. 263 CD), que involucra una «grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana«; y, 3.- Estado de emergencia (Ver art. 264 CD), que «podrá declararse cuando ocurran hechos distintos distintos en los artículos 263 y 264 [de la CD] que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social, medioambiental del país o que constituyan calamidad pública«.

Cuando profundizamos en la lectura del artículo 263 de la CD, sobre el estado de defensa palpamos que en este estado podrán suspenderse los derechos individuales con excepción al derecho a la vida, integridad personal, libertad de conciencia y de cultos,  la familia, el nombre y la personalidad jurídica, interés superior del niño, la nacionalidad, la ciudadanía, legalidad e irretroactividad, prohibición de la esclavitud y las garantías procesales indispensables para la protección de estos derechos. Mientras que en los estados de conmoción interior y de emergencia (Ver art. 266.6 CD) SÍ podrán suspenderse derechos como la privación de libertad sin causa ni formalidades legales, el habeas corpus, inviolabilidad de domicilio y correspondencia, libertad de tránsito, expresión, asociación y de reunión…

De lo abstracto de las definiciones expresadas en la Constitución sobre cada estado de excepción, es que proponemos una Ley Orgánica que regule los estados de excepción. Consideramos que debe ser orgánica puesto que ella versaría sobre derechos fundamentales, seguridad y defensa, temas que por su naturaleza requieren el voto favorable de las dos terceras partes de los presentes en ambas cámaras según el artículo 112 de la CD. La importancia de esta Ley Orgánica radica en exponer con más precisión y claridad: 1.- el concepto de cada uno de los estados de excepción; 2.- casos concretos en que procede cada estado de excepción; 3.- las medidas que pueden ser adoptadas en cada tipología; y, 4.- controles de finalidad, necesidad, transparencia, legalidad, notificación, temporalidad, proporcionalidad, razonabilidad y oportunidad como límites al ejercicio de las facultades extraordinarias del Presidente de la República.

El procedimiento constitucionalmente estipulado para la declaración de uno de los estados de excepción inicia con la solicitud de autorización que el Presidente de la República le requiere al Congreso Nacional. Luego de la aprobación en el Poder Legislativo, el jefe de gobierno y del Estado podrá declarar el estado de excepción. Si el Congreso Nacional no estuviese reunido, el Presidente podrá declararlo, conllevando convocatoria inmediata del Poder Legislativo para que valide o no la declaración. El Congreso Nacional debe permanecer reunido mientras continúe el estado de excepción para ser informado de los acontecimientos y de las disposiciones tomadas. (Ver arts. 93.1.e y f; 128.1.g; 262;  266. 1 y 2 CD).

Destacamos que NO podrá iniciarse el procedimiento de reforma constitucional si está vigente alguno de los estados de excepción (Ver art. 271 CD); y,  tan pronto hayan cesado las causas que dieron origen al estado de excepción, el Poder Ejecutivo tiene que declarar su levantamiento. Si se negare a hacerlo, entonces el Poder Legislativo dispondrá su clausura (Ver art. 266.7 CD). El principio de inderogabilidad del sistema de justicia constitucional afirma que los procedimientos constitucionales no se suspenden durante los estados de excepción, en consecuencia podrán ser sometidos al control constitucional la declaratoria de los estados de excepción y los actos adoptados durante los mismos que vulneren derechos protegidos que afecten irrazonablemente derechos suspendidos están sujetos a la acción de amparo (Ver arts. 72, párrafo y 266.5 CD; y, art. 7.8 LOTCPC).

jpm