Santo Domingo, 13 mar (EFE).- El movimiento ciudadano «Marcha Verde» inició hoy movilizaciones en varios puntos de la República Dominicana para exigir justicia por los millonarios sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht en el país para obtener licitaciones de obras públicas.

El colectivo social dio este lunes el pistoletazo de salida al recorrido de una antorcha por todo el país «que se mantendrá encendida» en repudio a la corrupción y la impunidad en el país, dijo a Efe Jhonatan Liriano, uno de los portavoces de «Marcha Verde».

La denominada «llama verde» arrancó un viaje simultáneamente desde Valverde (noroeste) e Higüey (este), que continuará por diferentes provincias antes de concluir el próximo domingo 19 en el Parque Independencia de la capital dominicana.

Fue justo en ese parque donde el pasado 22 de enero terminó una multitudinaria marcha en repudio a la corrupción y la impunidad en el país, poco después de que salieran las primeras informaciones del caso Odebrecht, que ha llevado al ministerio público local ha interrogar a varios exfuncionarios pero hasta el momento se desconocen los nombres de las presuntos involucrados.

En cada comunidad, la antorcha, que también saldrá hoy desde Barahona (suroeste), es portada por miembros del colectivo, dirigentes sociales o ciudadanos independientes que reclaman Justicia en el caso de Odebrecht, explicó a Efe Liriano.

El encendido de la antorcha se produjo este domingo en la comunidad de Capotillo, en la fronteriza provincia de Dajabón (noroeste), precisamente donde los dominicanos iniciaron en 1861 la Guerra de Restauración contra España.

El colectivo reclama el sometimiento a la Justicia de todos los involucrados en el caso de corrupción Odebrecht, la recuperación del dinero robado mediante sobornos y sobrevaluaciones y la cancelación de los contratos de la multinacional brasileña.

La constructora brasileña admitió haber pagado 92 millones en sobornos en la República Dominicana entre 2001 y 2014, periodo que abarca los Gobiernos de Hipólito Mejía (2000-2004), del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), así como los de Leonel Fernández (2004-2008 y 2008-2012) y del actual mandatario, Danilo Medina, ambos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Mejía ha defendido la forma en la que su Gobierno manejó dos proyectos de construcción en los que estuvo involucrada Odebrecht, que actualmente está al frente de un consorcio que construye una termoeléctrica en Punta Catalina, en el sur del país.

En tanto, Medina, quien asumió la Presidencia en 2012 y fue reelegido en 2016, ha afirmado que en este u otro caso de corrupción «no habrá vaca sagrada», mientras que Fernández, actual presidente del PLD, no se ha pronunciado respecto a este tema.

Las acciones de «Marcha Verde» tras destaparse el sonado caso también incluyeron la recogida de más de 300.000 firmas que aseguró haber reunido para reclamar Medina la designación de una comisión de fiscales independientes que, acompañados de la ONU, investiguen el caso.

Durante su discurso de rendición de cuentas el pasado 27 de febrero ante la Asamblea Nacional, Medina aseguró que en este caso no habrá espacio a la impunidad, pero no dio respuestas a la solicitud de «Marcha Verde» para que se designen fiscales independientes.

Para Liriano, «el silencio de Medina le hace cómplice de este caso» y reiteró la solicitud del grupo para que se lleve a cabo una investigación transparente en este caso.

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló documentos en los que detallaba presuntos sobornos por unos 788 millones de dólares de parte de la empresa brasileña en 12 países de América Latina y África, entre ellos la República Dominicana.

La multinacional y la Procuraduría dominicana firmaron en enero pasado un acuerdo a través del cual Odebrecht se comprometió a pagar el doble de lo que aseguró haber entregado en calidad de sobornos.

Sin embargo, un juez declaró el pasado 1 de marzo inadmisible este procedimiento debido a que en el mismo la Procuraduría apeló a la figura de la conciliación, una acción que se utiliza para dirimir conflictos «entre querellantes y querellados», lo que no procede en este caso, de acuerdo con el fallo emitido por el magistrado, por lo que el acuerdo fue devuelto a las partes.

El procurador general dominicano, Jean Alain Rodríguez, que asegura que los implicados en este caso «tiene sus días contados», está pendiente de informar el proceso a seguir para la homologación del acuerdo.EFE