El Ministerio de Educación asumió con firmeza y visión su papel de regulador del sistema educativo, al adoptar la correcta decisión de prohibir el uso de celulares en las aulas, tanto en las escuelas públicas como en los centros educativos privados.

Desde su nombramiento como Ministro de Educación, Luis Miguel Decamps ha demostrado tener una gran preocupación por la elevación de la calidad del sistema educativo y por su aprovechamiento al máximo.

Cada medida que ha adoptado durante su gestión, busca resolver graves problemas que aquejan a nuestras escuelas públicas y colegios privados, y se orienta en la línea de adecuar el sistema enseñanza aprendizaje a las nueva realidades que vive el mundo. Su decisión de prohibir el uso de celulares en las aulas, es una acertada, correcta y conveniente medida que repercutirá muy positivamente en el presente y futuro de la educación dominicana.

Desde hace casi un año inicié un campaña pública solicitando al Ministerio de Educación que tomara esa medida de prohibir el uso de celulares en los centros educativos. En septiembre del 2025 hice una declaración publica donde expresaba lo siguiente: “De acuerdo con la ONU, más de 90 países han tomado la decisión de prohibir el uso de celulares en las aulas debido al gran daño que provocan en los niños y niñas. En el mundo hay una tendencia creciente a reducir el tiempo de exposición a las pantallas, pues esto está generando una sociedad llena de ‘cretinos digitales’. Así denomina el intelectual y doctor en neurociencia francés, Michel Desmurget, a la generación de jóvenes que, por pasar todo el tiempo frente a pantallas, están perdiendo la capacidad de leer, pensar y razonar”.

En esa orientación, a principios del 2026 sostuve una reunión con el ministro Luis Miguel Decamps, donde le expresé que ya era necesario que la República Dominicana asumiera la decisión que habían adoptado más de 90 países del mundo, de probir el uso de celulares en las aulas, debido a los graves efectos negativos que están provocando a nuestros niños y jóvenes estudiantes.

Le expresé que, de acuerdo a las investigaciones realizadas por el intelectual francés Michel Descmurget, los estudiantes que salían con mejores notas en las famosas Pruebas Pisa, eran los que provenían de países donde está prohibido el uso de celulares en las aulas.

El ministro Decamps, con ese epíritu concertador y visionario que le caracteriza, me expresó que era partidario de que esa medida se tomara, que la veía muy conveniente, pero que era necesario consultar a los diversos sectores del sistema educativo y luego llevar esa medida al Consejo Nacional de Educación, para su evaluación y aprobación.

Solo unos meses después, cumplió con su palabra empeñada. La pasada semana, el Ministerio de Educación emitió la Orden Departamental 011-2026, que establece “nuevos lineamientos nacionales sobre el uso de dispositivos móviles y pantallas en los centros educativos públicos y privados del país, con el objetivo de promover una educación digital más segura, equilibrada y enfocada en el bienestar integral de los estudiantes”.

Esa ordenanza es un documento muy bien escrito, con argumentos muy sólidos y convincentes. Tiene 34 artículos que van mostrando con realidad, fortaleza y precisión cada una de las medidas que deben adoptarse en las escuelas públicas y colegios privados, desde la etapa inicial hasta el último año de secundaria, para prohibir y regular el uso de celulares y pantallas en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Esa trascendente normativa establece “la prohibición total de teléfonos celulares personales en el Nivel Inicial, restricciones para los estudiantes de Primaria y un uso regulado y supervisado en Secundaria bajo criterios pedagógicos definidos por cada centro educativo”.

De igual manera, se orienta a las direcciones de los centros, junto con los maestros y las asociaciones de padres y madres de la escuela, la creación de protocolos internos sobre el uso de dispositivos móviles, integrados a manuales de convivencia y respeto entre todos los actores de sistema educativo. La ordenaza también promueve la reducción del tiempo de exposición a pantallas durante la jornada escolar mediante pausas activas y actividades alternativas; incorpora medidas relacionadas con la privacidad y la protección de datos, prohibe grabar o difundir imágenes, videos o audios de estudiantes, docentes y personal administrativo sin su consentimiento, y contempla acciones sancionatorias fuertes para aquellos estudiantes, profesores o persona auxiliar de las escuelas, que incumplan con las reglas establecidas.

Con la Ordenanza Departamental 011-2026, el Ministerio de Educación ha dado un paso histórico para que nuestro sistema educativo pueda enfrentar con visión y con eficacia, los retos que tiene la educación ante este nuevo mundo lleno de tecnología pero ausente de valores. Gracias, ministro Luis Miguel Decamps, por tomar esta histórica decisión. ¡Así se hace patria!.

euricabral07@gmail.com

Por LUIS M. GUZMAN

La controversia generada por el nuevo reglamento de la Junta Central Electoral sobre las encuestas electorales ha puesto sobre la mesa una discusión mucho más amplia que la simple regulación de estudios de opinión. Lo que realmente está en juego es el control de la percepción pública en una etapa donde la carrera hacia el 2028 ya comenzó, aunque formalmente todavía no haya arrancado la precampaña. La discusión dejó de ser exclusivamente política para convertirse en un conflicto institucional, constitucional y estratégico.

La decisión de la JCE surge pocos días después de la publicación de una encuesta Gallup-DL que provocó fuertes reacciones en todos los sectores políticos. Más allá de los números, aquel estudio abrió debates sobre liderazgo, sucesión presidencial y posicionamiento de figuras dentro del oficialismo. El impacto fue tan amplio que muchos observadores comenzaron a preguntarse si las encuestas siguen siendo simples instrumentos de medición o si se han convertido en herramientas capaces de moldear el comportamiento político antes de que se abran oficialmente las campañas.

Ese es precisamente el punto que parece reconocer implícitamente la Junta. La preocupación institucional ya no gira únicamente alrededor de la exactitud de los datos. El problema es el efecto político que pueden producir. Una encuesta puede fortalecer candidaturas, influir sobre financiamiento, provocar movimientos internos dentro de los partidos y crear percepciones de inevitabilidad alrededor de determinados dirigentes. En la práctica, las encuestas dejaron de limitarse a registrar tendencias; también participan en la construcción de esas tendencias.

Sin embargo, el reglamento ha abierto una discusión jurídica compleja. La Ley de Régimen Electoral establece restricciones específicas para la publicación de encuestas en los días previos a una elección. El nuevo marco regulatorio amplía considerablemente ese alcance y contempla sanciones que incluyen multas, suspensiones y hasta la cancelación del registro de firmas encuestadoras. Ahí surge la principal interrogante, puede una disposición reglamentaria imponer limitaciones más amplias que las previstas por la propia ley?

Esa pregunta ha dividido a juristas, partidos políticos y especialistas en derecho constitucional. Quienes cuestionan la medida sostienen que la Junta podría estar invadiendo competencias reservadas al Congreso Nacional. A su juicio, una cosa es reglamentar procedimientos y otra muy distinta establecer restricciones que afecten derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de información y la actividad empresarial de las firmas dedicadas a estudios de opinión.

Del otro lado aparece uno de los argumentos más sólidos en defensa de la decisión. Roberto Rosario, expresidente de la Junta Central Electoral, ha sostenido que ningún derecho es absoluto y que toda libertad puede ser objeto de regulación cuando entra en conflicto con otros derechos o intereses constitucionalmente protegidos. Su planteamiento parte de una lógica jurídica ampliamente reconocida, la democracia también exige preservar condiciones mínimas de equidad entre quienes participan en la competencia política.

La observación de Rosario merece atención porque toca el corazón del debate. Si una encuesta termina funcionando como mecanismo de promoción anticipada, la autoridad electoral tendría razones legítimas para intervenir. La cuestión no es si la Junta puede regular, sino dónde termina la regulación razonable y dónde comienza una limitación excesiva. Ese límite es precisamente el que hoy se encuentra bajo discusión pública.

A ello se suma un elemento político imposible de ignorar. Sectores de oposición sostienen que durante años diversas encuestas contribuyeron a construir una percepción de fortaleza oficialista que favoreció determinadas candidaturas y redujo el espacio de crecimiento de sus adversarios. Desde esa perspectiva, el problema no sería la regulación actual, sino el hecho de que llega después de que ciertas narrativas ya produjeron efectos concretos dentro del escenario político nacional.

La sospecha se alimenta además por el momento escogido para la medida. La Gallup-DL no solo generó discusión sobre partidos; también proyectó liderazgos específicos dentro del oficialismo. Algunos analistas consideran que parte de la preocupación institucional surge precisamente porque las encuestas comenzaron a desempeñar un papel demasiado visible en la construcción de candidaturas y en la reorganización anticipada del tablero electoral rumbo al 2028.

No obstante, existe otra preocupación menos comentada. Restringir la publicación de encuestas podría generar efectos contrarios a los deseados. Menos información pública no necesariamente significa menos manipulación. También puede abrir espacio a filtraciones interesadas, estudios privados sin verificación independiente, rumores amplificados por redes sociales y campañas de desinformación difíciles de contrastar por la ciudadanía. La transparencia no siempre se fortalece reduciendo información disponible.

Por esa razón, el debate probablemente terminará en el Tribunal Constitucional. Incluso Roberto Rosario ha reconocido que una discusión de esta magnitud podría llegar a la alta corte. Si eso ocurre, los jueces no solo analizarán la validez del reglamento. También deberán definir hasta dónde puede extenderse la potestad reglamentaria de la JCE, cuáles son los límites de la libertad de expresión en materia electoral y cuándo una encuesta deja de ser información para convertirse en propaganda política anticipada.

La decisión que eventualmente adopte el Tribunal podría tener consecuencias que trasciendan esta coyuntura. Más que resolver un conflicto entre encuestadoras y autoridades electorales, podría establecer las reglas que regirán la competencia política dominicana en la era de las redes sociales, la comunicación digital y las campañas permanentes de percepción.

Porque, en el fondo, el verdadero debate ya no gira alrededor de las encuestas. Gira alrededor de quién tiene la capacidad de influir en la conversación pública antes de que los ciudadanos lleguen a las urnas.

jpm-am