Por LUIS M. GUZMAN

La controversia generada por el nuevo reglamento de la Junta Central Electoral sobre las encuestas electorales ha puesto sobre la mesa una discusión mucho más amplia que la simple regulación de estudios de opinión. Lo que realmente está en juego es el control de la percepción pública en una etapa donde la carrera hacia el 2028 ya comenzó, aunque formalmente todavía no haya arrancado la precampaña. La discusión dejó de ser exclusivamente política para convertirse en un conflicto institucional, constitucional y estratégico.

La decisión de la JCE surge pocos días después de la publicación de una encuesta Gallup-DL que provocó fuertes reacciones en todos los sectores políticos. Más allá de los números, aquel estudio abrió debates sobre liderazgo, sucesión presidencial y posicionamiento de figuras dentro del oficialismo. El impacto fue tan amplio que muchos observadores comenzaron a preguntarse si las encuestas siguen siendo simples instrumentos de medición o si se han convertido en herramientas capaces de moldear el comportamiento político antes de que se abran oficialmente las campañas.

Ese es precisamente el punto que parece reconocer implícitamente la Junta. La preocupación institucional ya no gira únicamente alrededor de la exactitud de los datos. El problema es el efecto político que pueden producir. Una encuesta puede fortalecer candidaturas, influir sobre financiamiento, provocar movimientos internos dentro de los partidos y crear percepciones de inevitabilidad alrededor de determinados dirigentes. En la práctica, las encuestas dejaron de limitarse a registrar tendencias; también participan en la construcción de esas tendencias.

Sin embargo, el reglamento ha abierto una discusión jurídica compleja. La Ley de Régimen Electoral establece restricciones específicas para la publicación de encuestas en los días previos a una elección. El nuevo marco regulatorio amplía considerablemente ese alcance y contempla sanciones que incluyen multas, suspensiones y hasta la cancelación del registro de firmas encuestadoras. Ahí surge la principal interrogante, puede una disposición reglamentaria imponer limitaciones más amplias que las previstas por la propia ley?

Esa pregunta ha dividido a juristas, partidos políticos y especialistas en derecho constitucional. Quienes cuestionan la medida sostienen que la Junta podría estar invadiendo competencias reservadas al Congreso Nacional. A su juicio, una cosa es reglamentar procedimientos y otra muy distinta establecer restricciones que afecten derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de información y la actividad empresarial de las firmas dedicadas a estudios de opinión.

Del otro lado aparece uno de los argumentos más sólidos en defensa de la decisión. Roberto Rosario, expresidente de la Junta Central Electoral, ha sostenido que ningún derecho es absoluto y que toda libertad puede ser objeto de regulación cuando entra en conflicto con otros derechos o intereses constitucionalmente protegidos. Su planteamiento parte de una lógica jurídica ampliamente reconocida, la democracia también exige preservar condiciones mínimas de equidad entre quienes participan en la competencia política.

La observación de Rosario merece atención porque toca el corazón del debate. Si una encuesta termina funcionando como mecanismo de promoción anticipada, la autoridad electoral tendría razones legítimas para intervenir. La cuestión no es si la Junta puede regular, sino dónde termina la regulación razonable y dónde comienza una limitación excesiva. Ese límite es precisamente el que hoy se encuentra bajo discusión pública.

A ello se suma un elemento político imposible de ignorar. Sectores de oposición sostienen que durante años diversas encuestas contribuyeron a construir una percepción de fortaleza oficialista que favoreció determinadas candidaturas y redujo el espacio de crecimiento de sus adversarios. Desde esa perspectiva, el problema no sería la regulación actual, sino el hecho de que llega después de que ciertas narrativas ya produjeron efectos concretos dentro del escenario político nacional.

La sospecha se alimenta además por el momento escogido para la medida. La Gallup-DL no solo generó discusión sobre partidos; también proyectó liderazgos específicos dentro del oficialismo. Algunos analistas consideran que parte de la preocupación institucional surge precisamente porque las encuestas comenzaron a desempeñar un papel demasiado visible en la construcción de candidaturas y en la reorganización anticipada del tablero electoral rumbo al 2028.

No obstante, existe otra preocupación menos comentada. Restringir la publicación de encuestas podría generar efectos contrarios a los deseados. Menos información pública no necesariamente significa menos manipulación. También puede abrir espacio a filtraciones interesadas, estudios privados sin verificación independiente, rumores amplificados por redes sociales y campañas de desinformación difíciles de contrastar por la ciudadanía. La transparencia no siempre se fortalece reduciendo información disponible.

Por esa razón, el debate probablemente terminará en el Tribunal Constitucional. Incluso Roberto Rosario ha reconocido que una discusión de esta magnitud podría llegar a la alta corte. Si eso ocurre, los jueces no solo analizarán la validez del reglamento. También deberán definir hasta dónde puede extenderse la potestad reglamentaria de la JCE, cuáles son los límites de la libertad de expresión en materia electoral y cuándo una encuesta deja de ser información para convertirse en propaganda política anticipada.

La decisión que eventualmente adopte el Tribunal podría tener consecuencias que trasciendan esta coyuntura. Más que resolver un conflicto entre encuestadoras y autoridades electorales, podría establecer las reglas que regirán la competencia política dominicana en la era de las redes sociales, la comunicación digital y las campañas permanentes de percepción.

Porque, en el fondo, el verdadero debate ya no gira alrededor de las encuestas. Gira alrededor de quién tiene la capacidad de influir en la conversación pública antes de que los ciudadanos lleguen a las urnas.

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