Por FELIX REYES

Al final de la primera parte de este artículo hice referencia a la necesidad de preservar y, en algunos casos, reconstruir la coalición demócrata de cara a las elecciones congresuales del próximo noviembre.

Para lograr esto será necesaria calma y madurez de algunos estrategas del establishment de este partido, quienes, alarmados, han puesto sobre el tapete que el sector aglutinado en torno a los demócratas socialistas de América (DSA) y “Justice Democrats” no debieran presentarse al electorado bajo la sombrilla del Partido Demócrata, proponiendo que recorran un camino propio.

Entiendo que, aunque razonable, es exagerada la alarma del sector moderado  provocada por el aumento de la influencia del sector de los demócratas socialistas y “Justice democrats” dentro del Partido Demócrata. En realidad, el crecimiento de la incidencia de ese sector se ha limitado a la población mas educada de los centros urbanos (profesionales, estudiantes universitarios, elites culturales y artísticas).

En efecto, si se analiza fríamente, puede verse claramente que la influencia real de ese sector ha sido sobreestimada, pues sus victorias en primarias cerradas del Partido Demócrata, como indiqué en la primera entrega, la mayor parte de las veces no se traducen en victorias en elecciones generales, a menos que se trate de distritos electorales sólidamente demócratas, donde ya el congresista pertenece al mismo partido.

Es por ello que me atrevo a predecir que en las elecciones congresuales de noviembre, el crecimiento de ese sector ni siquiera alcanzará el doble de la pequeña cantidad de congresistas que se identifican como tales: un senador (Bernie Sanders) entre 47 senadores demócratas y 9 representantes (Alexandria Ocasio,-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Ayanna Presley, Pramila Jayapal, Ro Khana, Greg Casar, Summer Lee y Delia Ramírez) de 212 que en la actualidad conforman la minoría demócrata.

Ahora bien, debe reconocerse que es legítima la preocupación del sector moderado del Partido Demócrata, al correrse el riesgo de que este noviembre se pierdan las elecciones en estados y distritos electorales competitivos, debido al hecho de  que, con la ayuda de órganos propagandísticos del Partido Republicano, como Fox News, Newsmax, el New York Post, entre otros medios, el Partido Demócrata en conjunto llegue a ser definido por propuestas extremistas, políticamente impertinentes y en algunos casos absurdas, promovidas por el sector de los demócratas socialistas y los “Justice democrats”, tales como des-financiación de la policía, frontera abierta, oposición a la existencia del estado de Israel, etc.

Para todo aquel familiarizado con la política norteamericana es de sentido común que esas líneas políticas extremistas son rechazadas por la mayor parte de votantes independientes; votantes que son indispensables para la conformación de mayorías electorales, sobre todo en estados y distritos congresuales con  extensas poblaciones rurales y/o suburbanas, donde la energía de jóvenes urbanos y élites universitarias que son decisivas en primarias cerradas de baja participación, no son suficientes para ganar las elecciones generales.

En ese sentido, el mejor ejemplo de que esas líneas políticas extremistas son impertinentes lo revela el hecho de que, aunque ayudado por un ambiente nacional favorable al Partido Demócrata por la alta tasa de rechazo del Presidente Trump, en el estado de Michigan, Abdul El Sayed, un candidato apoyado por ese sector extremista, está debajo en las encuestas; a pesar de que ese estado no ha tenido un senador republicano desde el año 1994; mientras, inversamente, en estados sólidamente republicanos como Texas, Carolina del Norte y Ohio, las encuestas indican que candidatos a senadores del sector moderado del Partido Demócrata (Sherrod Brown, Roy Cooper, James Talarico) son hoy los favoritos.

A pesar de lo señalado hasta aquí, debo insistir en que también es políticamente impertinente exhortar a los demócratas socialistas a que recorran un camino independiente del Partido Demócrata; siendo este sector el que ha mostrado mayor capacidad de movilización, sobre todo de los jóvenes de los centros urbanos, por lo que su exclusión del electorado demócrata tendría un efecto devastador en el corto y mediano plazo, causando que el Partido Republicano retenga el control de ambas cámaras del congreso en noviembre de este año y de la presidencia en el año 2028.

Por lo anterior, se impone que tanto el sector moderado como los pertenecientes al sector de los demócratas socialistas y “Justice Democrats” eviten enfatizar las líneas y propuestas políticas que los dividen, poniendo en primer lugar aquellas que los unen; de manera que pueda ser preservada una coalición victoriosa en noviembre y puedan ser restablecidos factores de contrapeso que limiten la vocación autoritaria del actual presidente.

jpm-am

La crisis más profunda que enfrenta hoy la República Dominicana no cabe en una estadística. Es una crisis de confianza y, en el fondo, una crisis de valores y principios. La confianza constituye una infraestructura invisible: permite que la palabra conserve valor, que las instituciones resulten creíbles y que los ciudadanos cooperen más allá de sus intereses inmediatos. Cuando se erosiona, toda la convivencia se encarece y se debilita.

Esa erosión se manifiesta cuando el mérito cede ante el privilegio, cuando la ley parece distinta según a quién se aplique y cuando justificamos en los nuestros aquello mismo que condenamos en el adversario. En ese punto, la ética deja de ser una brújula y se convierte en una coartada.

El problema no reside únicamente en las decisiones individuales. También importa el ecosistema institucional y cultural que premia, tolera, excusa o sanciona determinadas conductas. Una nación educa tanto por lo que enseña como por lo que recompensa.

Pero ése no es todo nuestro país.

La República se sostiene diariamente sobre una reserva moral que rara vez ocupa titulares: padres que cumplen, maestros que enseñan, trabajadores que honran su palabra, empresarios que progresan sin corromper, servidores públicos que cuidan lo que pertenece a todos y ciudadanos que hacen lo correcto aun cuando nadie los mira.

Sobre esos dominicanos debemos construir.

Refundar la patria no significa destruir lo existente, fundar otra República ni idealizar el pasado. No es nostalgia ni ruptura del orden constitucional. Es una renovación moral, cívica e institucional que recupera los fundamentos necesarios para avanzar: Dios, como reconocimiento de una dignidad humana superior a cualquier poder; Patria, como herencia y responsabilidad compartida; Libertad, inseparable de la responsabilidad; Constitución, como límite de la autoridad; y Deber, como puente entre principios y conducta.

La Constitución define a la República Dominicana como un Estado Social y Democrático de Derecho. Esa definición no debe permanecer como una fórmula solemne. Es una promesa pendiente de plena realización: un Estado al servicio de la dignidad humana, con orden bajo la ley, justicia para todos, límites efectivos al poder e igualdad real de oportunidades.

Hacerla realidad exige instituciones capaces, pero también ciudadanos dispuestos a defenderlas, fiscalizarlas y exigir que funcionen.

A ocho años de su fundación, el Frente Cívico y Social sostiene que es urgente impulsar en la República Dominicana una Revolución Cívica: pacífica, democrática y constitucional. Una transformación que comience en la conciencia del ciudadano, se exprese en su conducta, se organice en las comunidades y contribuya a hacer efectivas las promesas de nuestra Constitución.

No una revolución contra personas, sino contra las prácticas que han normalizado la arbitrariedad, el clientelismo, la indiferencia y la doble moral.

No busca enemigos; busca responsabilidades. No promete un salvador, porque ningún hombre puede sustituir la responsabilidad de una nación.

La cultura del deber ocupa aquí un lugar decisivo. Los derechos fundamentales no dependen de que primero cumplamos un deber; nacen de nuestra dignidad y deben ser garantizados. Pero una sociedad necesita responsabilidades compartidas para hacer efectivos y sostenibles esos derechos.

El derecho limita al poder; el deber exige que quien lo ejerce actúe con honestidad. El derecho nos permite participar; el deber nos recuerda que la indiferencia también produce consecuencias.

La pregunta central no es únicamente qué nos deben o qué debe hacer el Gobierno. También debemos preguntarnos:

¿Qué me corresponde hacer a mí desde el lugar que ocupo y con las capacidades que tengo?

La respuesta comienza en cinco verbos: formarse, organizarse, servir, proponer y participar.

Participar significa intervenir todos los días en la vida pública. También implica defender el derecho constitucional a elegir y ser elegido, y prepararnos para llevar democráticamente nuestras propuestas a las instituciones cuando la ciudadanía lo decida y la vía jurídica lo permita.

La democracia no comienza el día de las elecciones, pero tampoco termina antes de llegar a las urnas.

Una persona puede iniciar una conversación. Una comunidad puede convertirla en acción. Y una nación puede cambiar cuando suficientes ciudadanos asumen la parte de responsabilidad que les corresponde.

La transformación que necesitamos no será obra de un libro, de un hombre ni de una organización.

Será obra de ciudadanos.