La intensidad con que cada día se vincula la sociedad al Estado nos
obliga a reflexionar seriamente sobre la necesidad de reorientar
nuestro accionar ante los nuevos roles y compromisos que en tal
sentido esta llamada a asumir la Administración Pública.

Los cambios y transformaciones que traen consigo los procesos de
globalización son continuos, contradictorios y acelerados, provocando
que las agendas de los gobiernos se sientan compelidas a crear los
mecanismos institucionales que puedan afrontar los mismos.

Las grandes demandas sociales que cada vez más emergen de la población
así como las cada día mayores responsabilidades y atribuciones
asumidas por el Estado hacen que no podamos seguir con una
Administración Pública sustentada en una estructura conformada hace
más de medio siglo.

Se precisa de un Estado ágil, dinámico , orientado a resultados que
agreguen valor, y sobre todo enfocado hacia el ciudadano, dispuesto a
dar respuestas a las demandas de la población y que le rinda cuentas
de su accionar. Un Estado presto a diseñar, implementar y evaluar
políticas públicas, sustentadas en procesos participativos, reflexivos
y transparentes.

Son muchos los retos y desafíos que tenemos por delante a los fines de
podernos acercar a los propósitos planteados, aunque hay que reconocer
que el Estado y el Gobierno dominicanos, en verdad, han adoptado y
encaminado una serie de acciones hacia esa dirección, lo cual refleja
una firme voluntad política de realizar los cambios y las
transformaciones en ese sentido. Esas acciones se han venido
manifestando a través de una serie de instrumentos legales y políticos
que les dan vigencia y amparo.

Uno de esos  instrumentos jurídicos y políticos que con mayor
vehemencia y solidez recoge los aspectos que tienen que ver con este
tema lo constituye la propia Constitución dominicana, la cual consagra
en su seno una importante transformación jurídica, nunca vista en la
República Dominica, que sin lugar a dudas esta llamada a marcar el
punto de partida para que la Administración Pública se traduzca en un
verdadero instrumento de desarrollo de nuestro pueblo, y a la vez, en
promotora de un mejoramiento de la calidad de vida de los dominicanos.

Al consagrar a la República Dominicana como un Estado Social y
Democrático de Derecho deja expresa las grandes responsabilidades y
atribuciones que habrá de asumir la instancia administrativa del
Estado a los fines de procurar y garantizar la protección efectiva de
los derechos de la persona, el respeto a su dignidad, igualdad de
oportunidades, dentro de un marco de libertad y justicia social.
(Arts. 7 y 8)

Otro instrumento, que sin lugar a dudas ratifica la firme voluntad
política a que hemos hecho referencia, lo constituye la promulgación
el 25 de enero de 2012 de la Ley  Orgánica de Estrategia Nacional de
Desarrollo de la República Dominicana 2010-2030, No.1-12, con el
objetivo de responder a la necesidad de un proyecto concertado de
nación que oriente en el mediano y largo plazo el accionar de las
políticas públicas en nuestra nación.

Mediante esta significativa y trascendental acción se ha logrado
concertar una visión de país con un  horizonte al 2030, y  se deja
establecida la ruta a seguir para avanzar hacia  el logro de  “una
nación más participativa, con políticas públicas y económicas que
beneficien a todos los sectores sociales, donde exista un desarrollo
medio ambiental sostenible y cada uno de sus miembros pueda vivir con
dignidad”.

En fecha 12 de agosto de 2012 fue promulgada la Ley Orgánica de la
Administración Pública, No. 247 12, con el objetivo de “concretizar
los principios rectores y reglas básicas de la organización y
funcionamiento de la Administración Pública”; asimismo, consagra esta
Ley las normas relativas al ejercicio de la función administrativa por
parte de los órganos y entes que conforman la Administración del
Estado.

Con esa iniciativa, de gran valía, fue superado el régimen legal que
hasta entonces regia la materia desde la década de los cincuenta del
pasado siglo,  y se garantiza que la estructura, funcionamiento y
competencia del sistema burocrático en Republica Dominicana responda,
de manera efectiva, a las reglas y principios de racionalidad,
eficiencia, transparencia, coordinación y participación que nos
conduzcan a alcanzar los fines que procura la Administración del
Estado.

Con la finalidad de.regular los derechos y deberes de las personas en
sus relaciones con la Administración Pública, consagrar los principios
que sirven de sustento a esas relaciones y establecer las normas de
procedimientos que habrán de regir a la actividad administrativa, fue
promulgada en fecha 06 de agosto de 2013 la Ley No. 107-13 de Derechos
de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de
Procedimiento Administrativo

Mediante esta ley se protegen y garantizan los derechos fundamentales
de las personas, reivindicando la condición original de los ciudadanos
como los legítimos dueños y señores del interés general, dejando con
ello de ser sujetos inertes, meros destinatarios de bienes y servicios
públicos, para adquirir una posición central en la acogida y análisis
de las decisiones administrativas.

Otras leyes, no menos importante, y que podrían ser motivo de entregas
futuras,  robustecen estos esfuerzos que se vienen llevando a cabo en
nuestro país a los fines de legarles a las futuras generaciones una
Administración Pública moderna, con instituciones fuertes
institucionalmente, eficientes, transparentes y participativas,  que
hagan posible la consolidación de un verdadero Estado de Derecho, el
desarrollo sostenible de nuestro pueblo y la mejora de la calidad de
vida de sus ciudadanos.