(Este artículo lo publiqué el 29 de marzo pasado, hace apenas un mes, y los hechos ocurridos desde entonces me dan cada vez más la razón. Por ello, me permito repetir los principales párrafos (en cursivas) de ese comentario, con una nueva y diferente conclusión del mismo).

Montados en la ola del envalentonamiento tras las marchas realizadas en varios puntos de la nación, los protestantes de Verde se están acomodando a la idea de que ciertamente constituyen un mecanismo de presión que tiene ‘temblando’ al Gobierno y a su partido.

La demanda contra la corrupción y la impunidad, son elementos populares que no tienen -y si los tuviera son muy pocos- opositores.

La esencia de ese reclamo es sensato, correcto, pero el elemento desestabilizador de algunos personajes, lo decantó hacia un objetivo, ya no de sanidad social sino de perversidad política: la desestabilización del Gobierno y la cabeza del Presidente Danilo Medina.

De ahí que el ambiente de euforia que ganó admiración y apoyo irrestricto de gente de la clase media, de familias enteras, de gente sensata, se ha ido enrareciendo.

El Gobierno ha sido torpe en enfrentar esta conspiración, en la que se invierten millonarios recursos y participan importantes ‘hombres de empresa’, políticos sin otro poder que el populismo mediático que usan, y los usa en el despropósito en curso.

Esa bullanguería mediática, caja de resonancia de estamentos de presión de grupos de la sociedad civil, ONGs, empresarios privados y determinados elementos de las sombras, con mucho dinero proveniente de organizaciones del crimen organizado, han hecho una especie de alianza explosiva, que ha relevado del escenario a esos políticos tradicionales, de dentro y fuera del oficialismo.

 Estos grupos coinciden en un objetivo macabro dirigido a desestabilizar el status quo y tratar de replicar aquí el denominado ‘golpe democrático’, como han ocurrido en varias naciones del continente.

Los últimos pronunciamientos de los grupos de Verde, entre ellos el documento que leyera un sacerdote en la convocatoria de San Francisco de Macorís, deja claro el objetivo conspirativo hacia donde ha girado el movimiento y quienes lo controlan.

De ahí se entiende la reacción de empresarios organizados en núcleos como el CONEP y la AEIR de ‘sacar distancia’ al salir al paso de estas pretensiones desestabilizadoras, quizás sabiendo, como se ha asegurado, que hay empresarios que financian las protestas de los díscolos grupos de Verde.

La autoridad judicial ha dado los pasos correcto dentro del cronograma que se trazó para el proceso del caso Odebrecht: logró un acuerdo al amparo de la ley sobre sobornos y por el cual la compañía brasileña pagará US$184 millones en resarcimiento a sus pecados empresariales al tiempo que se compromete a dar a conocer los nombres de los que habrían aceptado los sobornos denunciados, al tiempo que han pedido a la Cámara de Cuentas una auditoría forense de las obras ejecutadas por Odebrecht en el país.

Las acciones de la autoridad han dislocado aún más a los protestantes y los sustentadores ‘ocultos’ del grupo de Verde y de ahí que hay que esperar reacciones, quizás hasta tremendistas.

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