El atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay ha conmocionado profundamente a Colombia. No se trata solo de un hecho violento contra una figura política: es un disparo directo al clima democrático del país, ya polarizado por la crispación electoral.

En medio del desconcierto nacional, la reacción inmediata de sectores de la derecha ha sido tan agresiva como calculada: en vez de llamar a la mesura o esperar la acción de la justicia, se han apresurado a responsabilizar al presidente Gustavo Petro, sin prueba alguna.

Esta narrativa no es nueva. Cada vez que las fuerzas progresistas avanzan hacia la unidad o consolidan una opción de poder, emergen operaciones de desestabilización, violencia o manipulación. Esta vez, el ataque ha sido instrumentalizado con una rapidez impresionante, en un intento evidente por frenar el proceso de articulación entre sectores populares, sociales y de izquierda que se proyectan como fuerza política para 2026. No es solo un atentado: es una jugada política con múltiples fines.

Del correísmo en Ecuador al petrismo en Colombia

Las semejanzas con lo ocurrido en Ecuador en 2023 son alarmantes. En aquel momento, el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio fue atribuido —sin pruebas y con descarada sincronía mediática— al expresidente Rafael Correa. Aunque nunca se demostró responsabilidad del correísmo, el daño político fue profundo: la candidata de ese sector fue afectada gravemente, y la derecha logró capitalizar el miedo para cerrar el paso a un proyecto transformador.

Hoy, la derecha colombiana pretende reeditar esa misma estrategia. Basta observar cómo precandidatos y figuras del uribismo han salido a vincular al presidente Petro con el ataque a Miguel Uribe Turbay, construyendo una narrativa que apunta a criminalizar al adversario, deslegitimar el gobierno y reposicionarse electoralmente. El objetivo es claro: crear un clima emocional desfavorable al progresismo y alimentar la desconfianza hacia el proyecto de cambio que representa Petro.

¿A quién beneficia este atentado?

En política, no siempre hay que buscar a los culpables en lo evidente, sino preguntarse quién gana con el crimen. Es evidente que el gobierno de Gustavo Petro no obtiene ningún beneficio del atentado. Al contrario, este hecho debilita la estabilidad institucional, fractura el discurso de paz total y lo coloca bajo sospecha en plena construcción de alianzas políticas de cara al 2026. Tampoco la izquierda, que ha sido históricamente víctima de la violencia política, puede sacar provecho alguno de esta tragedia.

En cambio, los sectores de la derecha más radicalizados han utilizado el hecho para posicionarse en el centro del debate político, reactivar a sus bases con un discurso emocional y perfilar a sus precandidatos como víctimas heroicas. Además, buscan cohesionar sus filas —divididas hasta ahora— bajo la bandera de la “seguridad” y el “orden”, con lo que entienden podrían debilitan el ascenso del bloque progresista que se articula en torno al presidente Petro.

Una historia de sangre política

La historia política de Colombia está teñida de sangre. Pero no cualquier sangre: la de líderes populares, sindicalistas, candidatos alternativos, defensores de derechos humanos y militantes de izquierda. Jorge Eliécer Gaitán, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro, Manuel Cepeda, y tantos otros, fueron asesinados sin que la derecha jamás asumiera responsabilidad alguna ni mostrara verdadero dolor. La violencia política ha tenido una dirección muy definida, y esa dirección no ha sido precisamente desde la izquierda hacia la derecha.

La victimización que hoy intenta construir el uribismo contrasta con décadas de silencio cómplice ante los crímenes contra líderes sociales. La derecha colombiana ha convivido históricamente con el paramilitarismo, la represión estatal y la criminalización del pensamiento alternativo. Pretender ahora erigirse como víctima moral del país resulta, cuando menos, ofensivo para la memoria colectiva y para la verdad histórica. La sangre que mancha las manos del poder no ha sido la de sus propios líderes, sino la de sus opositores.

El padre de Miguel Uribe: Una voz distinta desde el dolor

En medio de la utilización política del atentado, ha surgido una voz serena y profunda: la de Miguel Uribe Senior, padre del senador herido. Lejos de la furia electoral, su mensaje ha sido un llamado a la reconciliación. Recordó que Colombia ha derramado demasiada sangre en casi dos siglos de historia, y que este hecho debería servir como punto de inflexión para no repetir los errores del pasado. Sus palabras no buscan venganza, sino paz.

“Que esta sangre derramada no sea usada para el odio”, dijo en una declaración pública que contrasta con el oportunismo de otros actores. Su posición digna y humana interpela a toda la clase política y marca un claro deslinde entre quienes buscan curar las heridas del país y quienes pretenden aprovecharlas electoralmente. Su mensaje debería ser escuchado con atención, especialmente por quienes han hecho de la muerte ajena una plataforma de campaña.

Miguel Uribe 2.0: falsa bandera o manipulación

El título de este artículo, “Miguel Uribe Turbay 2.0”, alude no a la persona, sino a la operación política que se ha construido en torno a él. Como en la lógica de una “versión dos puntos cero”, se trata de una reedición de un viejo guion: usar el atentado como punto de partida para criminalizar a la izquierda, intervenir el debate público con mentiras y alterar el rumbo electoral. No es Miguel Uribe el que está detrás de esa estrategia, sino quienes se benefician de que su sangre —afortunadamente no fatal— sirva de palanca política.

Lo que está en juego no es solo la imagen de Petro, ni siquiera las elecciones del 2026. Lo que se disputa es el derecho del pueblo colombiano a construir un proyecto de país sin chantajes, sin miedo, sin violencia. Si se impone la lógica de la manipulación, habremos retrocedido décadas. Pero si se impone la razón y la conciencia, quizás esta vez el ciclo se rompa.

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La supremacía de la Constitución es un principio fundamental del derecho universal que establece que  es la norma jurídica suprema de un país. Esto significa que todas las demás normas legales —leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y actos de gobierno— deben estar subordinadas a ella y, sobre todo, respetar sus principios y disposiciones.

Este enunciado encuentra su base de sustentación en el principio de la jerarquía normativa, mediante el cual, en un ordenamiento jurídico, las normas están organizadas jerárquicamente.

La Constitución ocupa el nivel más alto, seguida por leyes ordinarias, decretos, reglamentos, resoluciones y otras disposiciones legales o administrativas.

La supremacía de la Constitución garantiza que todo el orden jurídico y el actuar del Estado estén sometidos a una norma superior, que protege los derechos fundamentales, el equilibrio de poderes y los principios democráticos. Cualquier norma que contradiga la Constitución se considera nula o inaplicable, de pleno derecho.

Partiendo de esa premisa, no podemos salir del asombro el ver cómo el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), de manera tan frecuente, viola alegremente preceptos y principios de la Constitución dominicana, sin que exista algún régimen de consecuencias, o por lo menos, controles efectivos que eviten que con ese accionar se estén vulnerando continuamente derechos fundamentales a los afiliados.

El último caso, conforme a lo señalado, se dio con la reciente sentencia TC/0305/25, mediante la cual el Tribunal Constitucional (TC) anuló las disposiciones de la resolución 569-03 del CNSS que establecían un límite de edad y un plazo de prescripción para acceder a la pensión por discapacidad y sobrevivencia de los afiliados y sus familias.

Con esta decisión del Tribunal Constitucional se evidencia aún más lo que desde hace un buen tiempo se viene denunciando sobre el súper poder que ha asumido dicho Consejo, con la emisión de una serie de medidas y Resoluciones que vulneran los más elementales principios de la Constitución dominicana.

Dicha decisión sienta un precedente en materia de seguridad social, al ratificar que el derecho a una pensión digna es fundamental y no puede estar sujeto a restricciones administrativas que vulneren los principios de igualdad, progresividad y no discriminación consignados en la Constitución.

Igualmente, el TC decidió que el plazo de dos años aprobado por la Resolución 186-01 para la prescripción de la reclamación de la pensión es irracional y breve, sobre todo para personas que padecen problemas de salud. El derecho a la seguridad social es imprescriptible por ser un derecho fundamental.

El Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) ha sido convertido en un «atraco” para sus afiliados con la sustitución de disposiciones de la Ley 87-01 por resoluciones y reglamentos emitidos por el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), abrogándose derechos que solo corresponden al Congreso Nacional, violentando con ello el sagrado principio constitucional de la separación de los poderes del Estado.

El TC ha declarado inconstitucionales, al menos, seis resoluciones, pero aun así el CNSS insiste realizando algunas modificaciones, que de todos modos constituyen un desconocimiento de los derechos fundamentales a los cotizantes.

Pero la violación de derechos fundamentales no se queda ahí, ya que el CNSS, la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) y las AFP establecen que si un empleado o trabajador se mantiene cotizando al sistema y sobrepasa los 60 años y un día, sigue su labor hasta los 65, y tiene un accidente que lo incapacita, no obtiene la pensión.

Porque la famosa resolución expresa que el afiliado tiene derecho a trabajar hasta los 60 años y de ahí en adelante puede cotizar, pero no tiene derecho a pensión porque está «fuera de Ley».

Los servidores públicos a quienes por cerca de 20 años se les negó el derecho a permanecer en el sistema de reparto violentando la Constitución y de las leyes 379-81, 87-01 y 41-08, y habiendo el CNSS reconocido este derecho en el mes de julio del 2023 (Resolución No.572-07) y aprobado el procedimiento de traspaso, de repente se explaya emitiendo otra Resolución (No.579-02), diciendo todo lo contrario, lo cual constituye una flagrante aberración jurídica y social, vulnerando los derechos fundamentales (favorabilidad) consagrados en la Constitución, a favor del afiliado.

Decenas de miles de ciudadanos que califican para optar por una pensión digna, conforme la Constitución, la Ley 379-81, y la No.87-01 de Seguridad Social, están siendo obligados, de manera abusiva, atropellante e inconstitucional, (mediante esa Resolución No.579-02), a permanecer vinculados a alguna AFP recibiendo una pírrica pensión que no da ni siquiera para cubrir los medicamentos de los pensionados, pudiendo los mismos optar por otra pensión (Ley 379-81), la cual le es más favorable.

Es un principio constitucional el que ninguna disposición de la ley, y mucho menos una Resolución, puede ser interpretada en el sentido de limitar o suprimir el goce y ejercicio de los derechos y garantías fundamentales del ciudadano, consagrados en la Constitución.

El Tribunal Constitucional dominicano ha expresado que la Constitución y los derechos fundamentales deben ser interpretados y aplicados de modo que se optimice su máxima efectividad para favorecer al titular del derecho fundamental.

Atendiendo a ese precepto, en los casos en que exista conflicto entre normas integrantes del bloque del sistema de previsiones en nuestro país, prevalecerá siempre la que sea más favorable al titular del derecho vulnerado.

El principio de favorabilidad en República Dominicana se aplica en el ámbito de las pensiones para proteger los derechos fundamentales de las personas. Este principio se encuentra establecido en el artículo 74, numeral 4 de la Constitución, el cual, junto al principio de igualdad, permite que las personas puedan beneficiarse de medidas que protejan sus derechos fundamentales.

Asimismo, la jurisprudencia dominicana ha sido constante y permanente en el sentido de que los derechos fundamentales deben interpretarse en el sentido más favorable a su titular (TC/0323/17; art. 74.4 Constitución).

Por todo lo antes expuesto, todo aquel ciudadano que se encuentre regido actualmente por dos (2) o más disposiciones legales sobre pensiones y jubilaciones, y que para ambas cumpla los requisitos, se le debe reconocer siempre aquella que más le favorezca, conforme la Constitución, las leyes y las jurisprudencias ya señaladas.

Bajo el amparo del sistema previsional actual en República Dominicana, resultaría injusto otorgarles a unos un trato privilegiado, otorgándole facultades, concesiones y derechos, que a otros, sometidos a las mismas condiciones, se les niega.

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