Al naturalista francés Georges-Louis Leclerc se le atribuye la frase “El estilo es el hombre”, lo cual define el comportamiento de la persona al actuar en determinados ámbitos, es decir, que es posible, inclusive, variar el fondo, mas no la forma.

De ahí que resulte bastante complejo enmascarar la actuación, pues el estilo traicionará la intención. Más o menos se pudiera aplatanar la cuestión en ese espíritu, lo cual ha sido tratado por otros pensadores a lo largo de siglos.

Fuera del estilo referido a la manera de escribir o expresarse oralmente, está también la forma cómo asumimos determinada tarea. Aquí también, “el estilo es el hombre”.

En este renglón se inscribe el temperamento de la jerarquía eclesiástica actual, cuyos exponentes se alejan un mundo de sus predecesores a la hora de abordar cuestiones de gran calado como es la defensa de la soberanía y los intereses superiores de la República Dominicana.

Es frecuente escuchar, como reacción a posiciones de la Iglesia, que a esta le hacen falta exponentes de la estirpe de Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez cuando ostentaba la máxima representación del clero.

Sin apartarse de la doctrina social de la Iglesia, en cuanto a la defensa de los más necesitados en todo momento, a nadie se le ocurriría siquiera suponer que el cardenal se pondría del lado de los intereses creados contra nuestro país, para asumir la causa haitiana.

Amnistía Internacional (AI) es una organización no gubernamental que recibe financiamiento de diversas fuentes, algunas de las cuales también pasan recursos a grupos pro haitianos que tienen hachas afiladas contra la República Dominicana.

Cuando vemos que la jerarquía de la Iglesia se deja rodar por esa pendiente antinacional—queremos asumir que de buena fe—necesariamente tenemos que expresar: ¡qué falta hacen voces patrióticas como López Rodríguez, Mamerto Rivas, Polanco Brito, entre otros, para defender la nación desde el púlpito!

Cada cual en su aquí y ahora, pudiera argumentar alguien en defensa de las presentes voces de la Iglesia. Y es cierto, pues cada etapa genera su propia dinámica.

Sin embargo, los intereses del país no son episódicos, sino que, del mismo modo que la Iglesia es el poder permanente, la causa nacional también es permanente. Que me disculpen mis amigos en la Iglesia, pero, primero lo nuestro.

Nelsonencar10@gmail.com

Por PAUL J. MALDONADO B.

En el municipio de Haina se encuentra el llamado Centro Vacacional de Haina, actualmente utilizado por la Dirección General de Migración como centro de acopio para extranjeros en situación migratoria irregular. En este lugar se realizan las depuraciones correspondientes y, de ser necesario, se ejecutan las deportaciones fuera del territorio dominicano. Además, este centro también recibe a ciudadanos dominicanos repatriados desde el extranjero.

Es importante señalar que, sin importar el estatus migratorio de una persona, esta nunca pierde su calidad de ser humano ni sus derechos fundamentales, los cuales deben ser garantizados por el Estado que la retiene. Esto no implica que se deba permitir su permanencia ilegal, sino que durante todo el proceso se le debe asegurar un trato digno y conforme al marco de derechos humanos.

El Centro Vacacional de Haina ha sido objeto de múltiples críticas por presuntas violaciones a los derechos fundamentales de cientos, incluso miles, de ciudadanos extranjeros. Aunque es legítimo que un Estado ejerza su derecho soberano de repatriar a quienes no cumplen con los requisitos legales para residir en su territorio, esto debe hacerse respetando siempre la dignidad humana, lo que haría aun más soberana la deportación.

Por ello, proponemos la creación de la figura del Juez de las Deportaciones, quien tendría un rol activo en los centros de detención de migrantes en todo el país. Este juez estaría encargado de velar por el respeto al debido proceso y por los derechos fundamentales de cada persona retenida.

A la vez, tendría la potestad legal de emitir órdenes de deportación en los casos que corresponda y así mismo, ordenar su libertad pura y simplemente cuando el ciudadano si cumple con los requisitos migratorios del país.

Este modelo ya funciona en otros países del hemisferio, donde todo extranjero detenido es presentado ante un juez de migratorio en un plazo de 24 a 48 horas de su detención.

El juez evalúa su situación migratoria, y si la persona no cumple con los requisitos legales, se ordena su deportación inmediata, registrando sus datos y antecedentes. Si en cambio se determina que su detención fue injustificada, se ordena su liberación inmediata, figura que debería ser utilizada en nuestro país.

Actualmente, en República Dominicana no está claro si existe un sistema centralizado y organizado de archivo sobre las personas que son deportadas. La creación de este juez permitiría no solo fortalecer ese control, sino también garantizar que cada caso sea debidamente documentado, y que se conozca cuántas veces una persona ha sido detenida por Migración, teniendo una data migratoria importante.

Nuestro país enfrenta constantes señalamientos internacionales por presuntas violaciones a los derechos humanos en materia migratoria. La implementación de esta figura judicial ayudaría a desmontar esas críticas, pues permitiría demostrar que cada extranjero ha sido escuchado por una autoridad competente y se le ha dado la oportunidad de defenderse, lo cual hoy no ocurre sistemáticamente, dejando al país muy mal parado frente a la comunidad internacional.

Un caso reciente ha sacudido la opinión pública y la comunidad internacional: la muerte de una ciudadana estadounidense que estuvo retenida en el Vacacional de Haina por aproximadamente 60 días antes de fallecer.

Según informes de la Dirección General de Migración, la mujer estuvo detenida desde finales de abril hasta su muerte a finales de junio, sin haber visto a un juez, abogado, ni recibido una decisión formal sobre su estatus. Esta situación constituye una forma de detención arbitraria e inconstitucional que como sociedad debemos corregir con urgencia.

Este caso marca un antes y un después. El Estado dominicano, junto al Poder Legislativo, debe considerar seriamente la creación del Juez de las Deportaciones como una figura que proteja derechos, brinde mayor legitimidad al proceso migratorio y refuerce el sistema de justicia.

Una democracia tan sólida como la dominicana no puede permitirse empañar su imagen por no garantizar el debido proceso de ley. Al respetar los derechos humanos, también fortalecemos nuestra soberanía y nuestra institucionalidad.