Ante el insistente reclamo de algunos de que la central termoeléctrica de Punta Catalina se reconvierta para que opere con gas en vez de carbón, el Presidente Medina deberá también evaluar otras opciones.  La de mantener el presente curso y retenerla como activo estatal y la de vender la planta al mejor postor serían la más pertinentes. Como sus asesores en estas lides lo han embrollado tan hondo, procede que cualquier ciudadano aporte sus ponderaciones. Y las observaciones que siguen están revestidas de un manso anhelo por el bienestar colectivo.

La primera opción, por supuesto, es no hacer nada que contravenga el objetivo original de que el Estado cuente con mayor capacidad de generación propia a fin de contrapesar el poder de mercado de los generadores privados.  Se ha asumido que con esa capacidad extra se podría bajar el costo de la electricidad comprada a esos generadores y reflejar esa reducción en la tarifa al consumidor.  Pero eso implica que el déficit de generación ha quedado igual al que había al inicio del proyecto, lo cual no es cierto.

Desde  el 2011 han entrado plantas nuevas con un total de 242 megas (AES Los Mina VII de 114 megas y EGE-Haina solar y eólica de 128 megas), y eso ha acrecentado la participación de los generadores privados en el parque eléctrico y disminuido relativamente la del Estado. Otros proyectos de energías renovables están en construcción (p. ej. Los Guzmancitos) y otros esperan por sus respectivos contratos de compra por parte de la CDEEE (https://www.diariolibre.com/economia/proyectos-con-mas-de-450-mw-de-energia-renovable-en-el-limbo-CA2736206).  De manera que con o sin Punta Catalina la brecha entre la capacidad de generación del sector privado y la del Estado seguirá ampliándose.

Por otro lado, en el decreto No.167-13 en que el Presidente Medina autoriza la firma del contrato con el Consorcio Odebrecht se dice, en uno de sus considerandos, ¨que el déficit de generación de electricidad, de no atenderse de forma inmediata, alcanzaría a 2,887 MW para el 2016, lo que podría significar un colapso total del sistema¨.  Como en recientes declaraciones el ejecutivo principal de la CDEEE ha afirmado que la demanda de electricidad crece anualmente en unos 150 megas adicionales, el déficit de generación seria de 3,337 MW para la fecha en que Punta Catalina entre en operación (finales del 2019).  En consecuencia, con una capacidad neta de 676 MW y un aporte neto de apenas 466 MW (debido al 31% de pérdidas de las distribuidoras), Punta Catalina no reducirá el déficit, no terminara con los apagones y sería muy poco probable que logre bajar el costo de la electricidad de los generadores privados.

NO CUMP’LIRA

A todas luces la entrada en operación de Punta Catalina no cumplirá con el objetivo de reducir el déficit de generación.  Pero habría que preguntarse si podría cumplir con el objetivo de producir energía más barata que la que hoy ofrecen los generadores privados (quienes hoy venden a 12 centavos de dólar el kilovatio hora).   La declaración del Presidente Medina del 27 de febrero pasado de que la planta producirá energía a 7.5 centavos de dólar podría ser cierta e inclusive podría vislumbrarse un costo menor en vista de que la eliminación de las plantas de carbón en China, la India  y otros países bajara sustancialmente el precio del carbón.  Pero lo que no podría alegarse es que, con esos costos de generación, se haría rentable la mayúscula inversión total que habrá hecho el Estado en esa planta (la cual podría llegar a los US$3,500 millones).

Es en el análisis de la rentabilidad de la inversión –por cualquiera de los métodos usados por los economistas– donde un posible comprador basaría su decisión de comprar o no esa planta. Para el Estado, sin embargo, la decisión de si vender o no dependerá de un análisis de rentabilidad social porque los intereses colectivos no son los mismos que los del inversionista privado. La metodología que usan los economistas para hacer este tipo de análisis difiere de la que se usa para calcular tasas de retorno a la inversión privada (https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/0/35060/Evaluacion_Social_VA.pdf).   El Estado tendría tambien que comparar los resultados de ese análisis con los resultados de un análisis similar para el o los proyectos de inversión social que se podrían emprender con el dinero obtenido por la venta.

Sin hacer esos rigurosos análisis es posible afirmar que si la planta cumple con sus metas de generación y con su aporte al sistema nacional interconectado, vender la planta para recuperar el capital invertido tendría sentido para que el Estado pueda dedicar esos recursos a otros urgentes fines.  Pero para eso  la compra de la energía al comprador de la planta tendría que hacerse a un precio sustancialmente por debajo del que se paga hoy.  Es decir, si se compra a 7.5 centavos de dólar o menos en vez de a 12.  De ahí que la clave de la decisión tiene que ver con el PPA –o contrato de compra de energía que otorga la CDEEE– que se le conceda a ese inversionista.  De eso dependerá si su inversión es rentable o no.

¿Cómo determinar cuál debe ser el PPA que el Estado conceda al inversionista?  La tasa de retorno a la inversión es determinada por el precio del PPA –al este determinar el flujo de ingresos– en función del monto invertido.  Pero el monto de la inversión –equivalente al precio que el inversionista debe pagar al Estado—es también difícil de determinar.  Si la diferencia entre los 12 y los 7.5 centavos de dólar se mantiene, eso determinaría un monto, pero cualquier variación entre cualquiera de esos dos precios cambiaría el escenario.  Mucho dependería pues del futuro precio del carbón. 

Algunos analistas estiman que, a pesar de que el precio del carbón está bajando –a medida que los gobiernos lo cargan de impuestos para desestimular su uso y las energías renovables lo suplantan—este podría experimentar un repunte en su precio cuando el actual ¨glut¨ de gas natural desaparezca.  Esto podría suceder dentro de los próximos cinco años a medida que el uso del gas se incremente.  Pero los analistas también recelan de un incremento en la producción de carbón en China y dejan abierta  la posibilidad de que su precio caiga en consecuencia

En términos generales, la conveniencia del uso de cualquier combustible será difícil de evaluar y dependerá de las circunstancias particulares de cada proyecto de generación (https://www.iea.org/textbase/npsum/ElecCostSUM.pdf). Este es un terreno movedizo porque dependerá mucho de los supuestos que se asuman respecto al precio futuro del petróleo y el gas natural, así como los costos de inversión en las generadoras de energías renovables (los cuales están cayendo).  Los supuestos que se hagan en un análisis costo-beneficio (sea social o privado) del proyecto serán cruciales (https://www.mjbradley.com/sites/default/files/MJBAcoalretirementissuebrief.pdf).

EL PRECIO

Por otro lado, es dable suponer que el precio de compra de la planta no podrá ser el del monto total de la inversión del Estado.  Esto así por dos razones fundamentales.  La primera tiene que ver con los múltiples sobrecostos que se han señalado tanto en el contrato EPC como en las reclamaciones del contratista, los cuales ha abultado exageradamente la inversión final del proyecto. (Según la información sobre casos similares, la planta no debió costar más de US$1,500 millones y terminará costando más del doble.)  El segundo factor es que las plantas de carbón están siendo descartadas en varios países (China, India) y, en consecuencia, comprar una planta usada seria hoy día mucho más barato que hace tres o cuatro años.

Estos razonamientos generan la pregunta de si Punta Catalina debe reconvertirse para que opere con gas natural.  La respuesta a tal interrogante dependerá del análisis de costo-beneficio que se haga sobre la inversión adicional que esto implica.  Los dos principales factores a tomar en consideración serán 1) los costos de la inversión, y 2) los costos de operación. (Los costos de mantenimiento no serían tan importantes.) Para lo primero –es decir, tecnología—es dable asumir que la inversión ande alrededor de los US$300 millones, según fuentes consultadas.  Pero para lo segundo el costo del gas será determinante y eso requiere de proyecciones que serán muy arriesgadas.

A juicio de este lego analista, lo que más conviene al país es que la planta se termine tal y como está pautada, es decir, para funcionar con carbón (un combustible cuyo precio esta descendiendo).  El impacto ambiental de la misma es manejable, especialmente si se toma en cuenta las medidas de mitigación del dióxido de carbono. También es predecible que la tecnología de captura de carbono avance a pasos gigantescos en el mediano plazo dado el gran esfuerzo de investigación que está en curso.  Inventar ahora con una conversión a gas natural seria añadir insulto a la herida y correr riesgos innecesarios respecto al futuro de ese combustible.

Pero más allá de lo anterior la decisión estatal de qué hacer con Punta Catalina debe tomarse en función de una visión estratégica del desarrollo del sistema eléctrico.  Las razones para que este se privatice totalmente son abrumadoras, especialmente si se acepta que la regulación del mismo podría encomendársele –por unos diez años– a la Superintendencia de Electricidad de Japón (Canadá o Singapur).

En tal caso lo que procede es vender la planta en pública subasta, estableciendo un mínimo para la primera puja, a fin de que sean los compradores que asuman los riesgos de sus proyecciones.  Pero eso deberá hacerse unos meses después de que esté operando a plena capacidad.  La inversión social que se haga con los fondos captados podría paliar el mayúsculo desatino que ha resultado ser Punta Catalina.

JPM

Pretendiendo ponerse a la vanguardia del neoconstitucionalismo, al que se adhirieron la mayoría de los países latinoamericanos, a finales del siglo pasado y principio del presente, el presidente Leonel Fernández y sus promotores constitucionales difundieron, por los poderosos altavoces gubernamentales, la fabulosa versión de que teníamos la mejor Constitución de América, para que se escuchara dentro del territorio nacional y más allá del Caribe.

La gente llegó a creer, a causa de la profusa propaganda, que con la consagración del Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes, finalmente, se cumpliría el sueño de Leonel Fernández de transformar la República Dominicana, de la anomia en que se encuentra, en el “New York chiquito”.  

Sin embargo, casi ocho años después, el padre de la maravillosa Carta Magna y su hegemónico Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en violación de la misma, no han aprobado las leyes orgánicas que deben darle concreción al referido texto, incluidas las leyes del Régimen  Electoral y la de Partidos Políticos.  

Como consecuencia de la falta de institucionalidad política que nos afecta, los partidos políticos, en lugar de democratizarse y transparentarse, como manda el artículo 216, han involucionado, en perjuicio de sus afiliados.

Hace más de un siglo que el sociólogo alemán Robert Michels, en la formulación de su tesis sobre el círculo de hierro de las oligarquías de los partidos políticos, advirtió que los líderes elegidos gozan de un poder casi ilimitado sobre las masas electoras.

A pesar del tiempo transcurrido, para la mayoría de los dirigentes de los partidos nada ha cambiado, no obstante que, con la proclamación de la Constitución del 2010, la forma arbitraria de dirigir los partidos políticos debió quedar superada para siempre.

Es muy probable que si el Poder Legislativo hubiese cumplido con su obligación de aprobar la Ley de Partidos, las cúpulas de nuestras formaciones políticas tendrían más respeto por los derechos de sus afiliados, sobre todo, por el derecho fundamental a la libertad de expresión.

Todos los dirigentes y militantes de los partidos políticos deben tener muy claro que la libertad de expresión es un derecho fundamental, que se encuentra consagrado en el artículo 49 de la Constitución Política, cuyo disfrute solo está limitado por el respeto al honor, la intimidad y la moral de las personas.

Siguiendo ese orden, la libertad de expresión de los miembros de los partidos políticos, por virtud de la jerarquía de las normas, debe ser respetada por las normas inferiores, tales como las leyes y los estatutos.

En fin, como muy bien señala el constitucionalista mexicano, Miguel Carbonell, en su comentario a la sentencia 393/2005, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: “Es innegable que el ingreso en un partido presupone la aceptación de sus normas de funcionamiento y un deber de lealtad de los afiliados; también lo es que si una organización adopta la forma de partido asume un compromiso de democracia interna que incluye la manifestación de opiniones discordantes y críticas con los órganos de dirección”.

JPM

Un reciente tema de actualidad ha sido el auge del populismo en la política en muchos lugares del  mundo.  Todo ello  como consecuencia de  crisis, no solo económicas sino también de confianza hacia las Instituciones públicas existentes y  a los partidos políticos tradicionales.

El populismo es definido por la Real Academia Española como:”Tendencia política que pretende atraerse a las clases populares”. En un sentido negativo podría definirse como pura demagogia cuando es sólo una estrategia  política.  Esto es,  atraerse el apoyo de las clases populares sin otro objetivo que la obtención del poder.

En un sentido positivo se define populismo a movimientos sociopolíticos que buscaban la prevalencia de los intereses del pueblo contra una élite o clases dominantes.

Se ha llamado populismo de izquierda al gobierno de Chávez y Maduro en Venezuela. Podríamos llamar populismo de derecha a la de partidos europeos que, beneficiándose de la crisis económica, han crecido en número de votos utilizando propuestas de campaña demagógicas.

La democracia se basa  sobre opiniones  de la población al respecto de las causas de la crisis.  Opiniones que pueden ser fruto de manipulaciones o de visiones distorsionadas de la realidad.  Como, por ejemplo,  hacer de los inmigrantes culpables de una crisis que tiene otras causas y otros culpables.  Confusión que debería ser aclarada, repetida y explicada mil veces para que la gente la asimile definitivamente, a menos que haya una intención de entretener y hacer creer que esa es una de las causas del problema. Como por ejemplo fue uno de los motivos tomados en consideración por los que votaron por la Brexit en Inglaterra.

Este desorientamento de la población al respecto de las causas de ciertas crisis y como resolverlas es tocado por la ex periodista Naomi Klein en su última obra “Shock Politics” en el que reprende de nuevo el tema de su libro “Shock economy: la llegada del capitalismo del desastre”, en la cual define el Shock como una estrategia brutal, en la cual se utiliza el desorientamento de la opinión pública después de un trauma colectivo, guerra, golpes de estado, ataques terroristas, caída de mercados accionarios y desastres naturales para hacer pasar medidas radicales a favor de grandes empresas.

El hecho es que, según ella, ante el desconocimiento de la gente de lo que realmente está sucediendo es más fácil  llevarla a creer lo que quieren hacer creer  y a cometer decisiones equivocadas. Es allí donde el Estado con sus leyes y límites debería funcionar pero la corrupción de las clases políticas es cómplice y coautora de estos actos.

En una sociedad con un capitalismo rampante, en el cual  el poseer dinero es el símbolo de que se ha triunfado en la vida, la llegada fácil de éste a través de la influencia política ha hecho perder a muchos hombres de Estado la dignidad de su rol y otros, tantos, nunca la han tenido por que han visto la política desde el inicio solo como un medio de obtener lo que no pueden lograr por sus propios meritos.

El advenimiento al poder de Chávez en Venezuela obedeció a un pueblo cansado de vivir en continuas crisis económicas, un país rico en recursos cuyas riquezas terminaban ahogadas en el mal manejo y en la corrupción política.  Porque el resultado de la corrupción es siempre ese, el estancamiento y el atraso, o el cambio drástico y/o  la revolución. De que estas últimas tengan buen fin o no dependerá de muchas variables pero el hecho es que esos hechos históricos se han repetido en la historia, con manifestaciones diversas, pero siempre con resultados que pueden dejar muy mal a sus causantes.

La historia es un grande maestro, especialmente para un político. En Italia en un artículo  de la actual Secretaria de Educación, Valeria Fedeli, ésta señala que:”La Historia es una cosa seria. Que este claro, la historia en cuanto método critico de percepción de los hechos, antes que de simple conocimientos de los eventos”. Políticos, diplomáticos, periodistas, hombres de Estado, economistas deben conocer la historia para gestir, advertir, prevenir y evitar problemas en el presente y en el futuro..

Con el populismo los políticos buscan seducir a las masas prometiendo cambios que quizás, en el fondo,  saben que no podrán cumplir, pero que en un momento de desilusión e incomodidad social puede ser una carta triunfante. Esta nueva demagogia se alimenta de encuestas, de opiniones que circulan en las redes, en los nuevos medios de socializar que llegan a todas partes y que son tomadas en consideración por los políticos como un big data para conocer los puntos que deben desarrollar en sus programas políticos.  La política populista se alimenta de esto. Y existe el peligro, según escribió Henry Kissinger en su última obra “Orden Mundial”, “de que lleguemos al punto de que el rol del candidato sea solo recoger fondos y expresar convicciones sacadas de  estas fuentes de información. Programas de gobiernos basados sobre probables preferencias y prejuicios de los individuos y no de las situaciones concretas y a menudo mucho más complicadas. La democracia debe evitar una evolución hacia un resultado demagógico, basado sobre el deseo de las masas en vez de un proceso razonado de los padres fundadores”. El libro de Kissinger fue escrito antes de la victoria de Donald Trump, y señala el peligro de la simple demagogia en un ámbito complicado y delicado como es el de la política.

El político debe hacer cuentas con la realidad y con las complejidades de una gestión de gobierno. Debe poder profundizar en los problemas reales y en las soluciones factibles. No puede ser instrumentos de grupos económicos y/o políticos ya que debe gobernar por los intereses de todos, y por el bienestar de todos, sobre todo de las franjas más débiles y perjudicadas de una crisis.  En comunidades de países hay que estar atento a que países más fuertes se aprovechen de los más débiles, o viceversa. O que presiones de sectores económicos primen por encima los intereses de los pueblos más  pobres.

Mucha de la fe que se ha perdido en los políticos tradicionales es que de alguna manera las masas ya no se sienten representadas por estos. Como se ha explicado de ahí vienen las preferencias populistas, y el voto por candidatos outsider.  El hecho es que aunque demostrando que muchos de estos políticos populistas son unos farsantes, si la crisis continúa sin soluciones eficaces, podrían surgir otros líderes y otras corrientes políticas del mismo estilo.  O simplemente se ahondaría un problema sistémico que podrían traer cambios buenos o malos.

La gente normalmente busca lideres que resuelvan situaciones económicas sin a veces entender cómo puede hacerlo.  Por ello es que, en la desesperación, creen en promesas a veces absurdas y son las victimas de demagogos sin escrúpulos. Usemos los instrumentos modernos para comunicarnos y unirnos con informaciones reales. La tecnología debe ser usada para el bien, en este caso, informar y analizar, no manipular.  Y  continuar a  luchar por una democracia que funcione mejor, si es necesario,  crear  nuevos mecanismos para que esta sea más eficaz y transparente,  si la que se tiene no está dando buenos resultados.

draindirablanco@gmail.com

JPM

La disolución por parte de la Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro y su grupo, más la decisión de ordenar a los partidos políticos que no participaron en la recientes elecciones municipales para que se actualicen de nuevo si quieren ir a las presidenciales, es la mejor demostración de que el gobierno de Venezuela no tiene la menor intención de dialogar con la oposición de ese país.

Los dardos que lanza a cada momento el todopoderoso Diosdado Cabello a sus propios compañeros sobre las negociaciones que se llevan en Santo Domingo, los que secunda de vez en cuando el señor Maduro son la mejor demostración de que el gobierno venezolano se está burlando grandemente de oposición, observadores, mediadores y todo el que sinceramente quiera algún tipo de tranquilidad en la Patria de Bolívar.

No existe la menor duda de que el grupo que se ha adueñado del poder en Caracas aplica la teoría de  con el palo dando y a Dios rogando, es decir hablan de paz pero dando garrotazos a la oposición.

Supongo que el gobierno dominicano tiene la mejor intención en lograr algún tipo de consenso entre gobierno y oposición en Venezuela, pero con ese grupo que con un discurso seudo revolucionario y en fondo más corrupto que cualquiera, no se va a llegar a ningún lado.

Cada medida que toma el gobierno de Venezuela en medio de los supuestos diálogos es dando señal de que no quiere solución a nada.

Más bien sus llamados a diálogos son burlas que se ejecutan con cada medida que toman para torpedear dichas conversaciones a cada momento en que se realizan.

Lo que tiene que hacer la oposición seria en Venezuela es jugársela el todo por el todo, y dejar que la dictadura maduristas que por cierto está purgando a los chavistas, se caiga con el tiempo.

Ese grupo al que pertenecen Daniel Ortega, Evo Morales, y otros pichones de dictadores que asesorados por los cubanos, han ido cayendo tendrán sus días de gloria, pero también de tristeza.

Esto sin olvidar que los derechistas que en nada de distinguen de los seudo izquierdistas también deben ser denunciados cuando hacen fraudes como el reciente ejecutado en Honduras.

JPM