Miami, 3 sep (EFE).- La tormenta tropical Gordon formada esta madrugada sobre los Cayos de Florida está arrasando en Florida con vientos fuertes y lluvias intensas, informó hoy el Centro Nacional de Huracanes (CNH).

CARACAS.- Amnistía Internacional (AI) pidió a los países de América Latina, que se reúnen hoy y mañana en Quito para abordar la migración venezolana, garantizar los derechos de estas personas y abstenerse de “imponer barreras que obstaculicen” su acceso a mecanismos de protección.

En una carta, la ONG pidió a los gobiernos “brindar acceso sin restricciones a los sistemas de protección internacional como el refugio u otros mecanismos complementarios” y “abstenerse de imponer barreras que obstaculicen el acceso a estos mecanismos de protección, incluyendo la imposición de solicitud de pasaportes o visados”.

En ese sentido, señaló que los países “deben tomar medidas de protección que permitan un reconocimiento ‘Prima Facie’” que ofrezca soluciones a los venezolanos “a través de una estadía legal y con las salvaguardas apropiadas” en “estricto apego y respeto al principio de no devolución”.

SANTO DOMINGO.- La Fundación Transparencia y Democracia, Inc.  rechazó las pretensiones de las administradoras de fondos de pensiones y de riesgos de salud,  AFP y ARS,  de  incrementar los porcentajes de las cotizaciones y elevar la edad para las personas optar estos beneficios.

Cesar Manuel Matos Díaz, presidente de la entidad, dijo que es penoso que el Estado Dominicano haya creado una ley que prohíja un negocio con los dineros de los trabajadores,.

Señaló que actualmente, en base a los términos de la ley, al cumplir 60 años de edad los trabajadores vienen recibiendo un aproximado de un 25 de su último salario, o sea quien complete 320 cotizaciones recibirá una cuarta parte de su salario.

Agregó que los diferentes gobiernos se han mantenido totalmente indiferentes «ante la gran estafa que constituye la ley de seguridad social,  que solo beneficia a los empresarios y a los banqueros».

«Este pueblo está huérfano; mientras los fondos de pensiones acumulados por los trabajadores sobrepasan los RD$520,077 millones, las pensiones aprobadas apenas alcanzan un 10% de esta suma. Y así hablan los propietarios de las AFP de que es necesario producir un incremento en el por ciento del salario que pagan los servidores públicos y privados,  quedando evidenciado que dicho aumento es totalmente innecesario», enfatizó.

El dirigente de la sociedad civil apuntó que las únicas modificaciones que amerita la Ley 87-01 es la eliminación de las ARS privadas para que todos los trabajadores sean afiliados a SENAS, A que ha demostrado que puede manejar el sistema con transparencia y el incremento del monto anual para los  medicamentos.

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BRASILIA.- El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil prohibió una propaganda del Partido de los Trabajadores (PT) en radio y otra en televisión que aún presentaban como abanderado presidencial al exmandatario preso Luiz Inácio Lula da Silva, cuya candidatura ha sido vetada por ese organismo.

La primera decisión vetó un espacio divulgado durante el fin de semana en radio, que iniciaba diciendo «Comienza ahora el programa Lula presidente», aún después de que el TSE anuló su inscripción la madrugada del sábado por su situación jurídica.

Una segunda decisión al final de la tarde de este lunes suspendió una propaganda que fue transmitida el sábado en televisión y que igualmente citaba a Lula como candidato presidencial.

En la segunda sentencia, el magistrado Carlos Horbach estableció una multa de 500.000 reales (unos 121.951,2 dólares) en caso de que el Partido de los Trabajadores (PT) reincida en la transmisión de propaganda en televisión promocionando la candidatura presidencial del ex jefe de Estado.

El veto judicial a la candidatura del exmandatario, en la cárcel desde el pasado abril para cumplir una pena de doce años por delitos de corrupción, se fundamentó en una ley que impide expresamente que una persona con una condena ratificada en segunda instancia, como es su caso, postule a cualquier cargo electivo.

En el espacio vetado que divulgó por radio, el PT afirmaba «Lula candidato a presidente sí» y también lo subrayaba en la voz de Fernando Haddad, compañero de fórmula del exmandatario y quien puede ser anunciado como su sustituto en el rol de abanderado del partido para las elecciones del próximo 7 de octubre.

«Todas las encuestas de opinión ponen a Lula en primer lugar» y «estamos aquí para garantizar a Lula en la candidatura presidencial. ¡Lula presidente!», afirmaba Haddad.

Según el magistrado Luis Felipe Salomão, miembro del TSE, «las transcripciones del programa de radio difundido no parecen dejar dudas, en el sentido de que no se está cumpliendo la deliberación» de esa corte, responsable por todo el proceso electoral.

Hasta el momento del veto a su candidatura, Lula lideraba todos los sondeos con una intención de voto cercana al 40 %.

No obstante, por su situación jurídica, las empresas demoscópicas también simularon una elección sin Lula y, en ese caso, situaron hasta ahora en primer lugar al ultraderechista Jair Bolsonaro, con casi un 20 %.

Le siguen en el orden de preferencias la ecologista Marina Silva, con 15 %, el socialdemócrata Geraldo Alckmin y el laborista Ciro Gomes, ambos con entre 6 y 9 % de las simpatías.

Tras las dos decisiones judicial, el PT anunció en un comunicado que ya sustituyó toda su propaganda electoral para ajustarse a las determinaciones del tribunal y que no puede ser sancionado en caso de que las emisoras continúen transmitiendo los programas antiguos.

La propuesta de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), que persigue extender hasta los 65 años de edad el límite de las pensiones por vejez en el país, es un despropósito que amerita el repudio unánime de la sociedad dominicana.

Es lógico pensar que la Ley 87-01, de Seguridad Social, si necesita ser reformada, la medicación debe iniciarse por los aspectos  que en la actualidad lesionan los intereses de los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDS), no seguirles cargando el dado como persigue la SIPEN.

La medida de la SIPEN, revela claramente que no existe el más mínimo interés en ese organismo de buscarle una salida al conflicto que ha colocado  la Ley de Seguridad Social como la legislación más rechazada por la sociedad dominicana, por su negación a los  postulados de universalización y humanización de los servicios que pregona en sus primeras páginas.

Prolongar a 65 años el límite de entrega de pensiones a los dominicanos, significa simple y llanamente, continuar acumulándole recursos  a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para que sigan administrando a su antojo los dineros de los trabajadores e incrementando sus ganancias en base a los altos intereses que cobran por manejar las Cuentas de Capitalización Individual (CCI), de cada afiliado a la Seguridad Social.

El Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), está en la obligación de rechazar inmediatamente el despropósito de la SIPEN y plantearle a ese organismo acogerse a las sugerencias que han hecho los sectores mayoritarios de la sociedad dominicana que demandan la reforma a la Ley 87-01, en los aspectos de las exorbitantes ganancias que obtienen las AFP, por el manejo de las Cuentas de Capitalización Individual, y la adecuación razonable del pago de los montos de pensiones por invalidez y sobrevivencia, etc., etc.

La SIPEN lo que debe, en estos momentos de crisis que vive el Sistema Dominicano de Seguridad Social, es proponerle al Consejo Nacional de la Seguridad Social, reducir las ganancias que mantienen las AFP, de un 30 por ciento, al 10 por ciento, o al 15 por ciento, y destinar los recursos ahorrados al pago de las pericas pensiones que se han otorgado por invalidez y sobrevivencia a las personas que por no haber acumulado las 360 cotizaciones necesarias se han visto en la obligación de solicitar esas modalidades de pensiones.

Mientras en la mayoría de los países de América Latina y del mundo las AFP cobran entre un 7 y un 10 por ciento para administrar las Cuentas de Capitalización Individual, en la Republica Dominicana esas instituciones les cobran a los afiliados a la Seguridad Social un 30 por ciento, lo que equivale a un ganancia de más del 20 por ciento por encima del promedio mundial, y pese a eso la SIPEN ha querido penalizar aún más a los perdedores de  la Ley 87-01.

Quisiéramos creer que la propuesta de la SIPEN, ha sido filtrada por error, porque desde el punto de vista de la lógica de un organismo que maneja a profundidad el tema de las pensiones en República Dominicana, no puede provenir un insulto como ese a la colectividad nacional, sobre todo cuando el pueblo ha sido el que ha pedido que el tema sea revisado en torno al porcentaje de ganancia que obtienen las AFP como producto del manejo de los recursos de los trabajadores.

Abogamos porque desde los diferentes estamentos de la sociedad dominicana surjan propuestas razonables y no conflictivas, que lejos de crear tensiones y temores a los cotizantes a la Seguridad Social, les abra las  esperanzas de que en el futuro tendremos una legislación que beneficiara a la mayoría de la población del país.

La SIPEN está a tiempo de enmendar ese error que ha puesto de patas arribas a todo el país, y que sin lugar a dudas provocara un gran revuelo a lo interno del Consejo Nacional de la Seguridad Social, donde hay personas que en su mayoría apoyan a las buenas acciones de la sociedad dominicana, pero donde también existen sectores inescrupulosos que en aras de alzarse con el Santo y la Limosna, por ganar, ganar, son capaces de apoyar ese despropósito.

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