La policía de RD tiene controlado a muchos ladrones, criminales y vendedores de drogas que roban, matan y trafican para beneficiar a las cúpulas policiales. Por eso no hay un solo general y director de la DNCD que sea pobre. Esta realidad la sabe el pueblo, la sabe el presidente, la sabe el director de la policía, la sabe el procurador y la sabe el Senador de Bani.

Desde los años 90 la policía extorsiona a los puntos de drogas y cuando algún delincuente o narco desea retirarse, o se calienta en la sociedad o no puede pagar el peaje, esta institución lo presiona, lo persigue y hasta lo mata para borrar evidencias y complicidades.

Nuestro país está inundado de drogas, de traficantes, de puntos de drogas, de vendedores ambulantes, de niños y adolescente usado como mula y de consumidores. Y tenemos una policía y una DNCD que persigue y maltrata a los consumidores y protege a los vendedores.

La muerte del coronel por miembros de un punto de droga en Bani por más que traten de arreglar, de limpiar y de acotejar la comisión investigadora como juez y parte, es la consecuencia de una relación comercial mafiosa entre la policía, la DNCD y el narcotráfico.

Cuando el general Brawn Pérez admite que el coronel asesinado cumplía una misión de inspección lo que nos está diciendo es que los puntos de drogas son legales, que es verdad que la mayoría paga peaje y que hay una actitud armónica entre la policía y el narco.

Esos tres policías que estaban en la puerta o patio de un punto de droga no estaban inspeccionando nada ni estaban enfrentando las drogas, pues el punto de buche tiene muchos años operando y pagando dinero. Eso lo sabe la policía y la DNCD, y sobre todo todo alto rango policial. Pero también se sabe que el protocolo de actuación ante un delito que no es flagrancia, es investigar en secreto, buscar una orden judicial, allanar y apresar.

Pero esta cueva de bandidos nos engaña y nos miente siempre. Denuncias van y vienen y la policía no actúa. Ahora saben dónde están todos los puntos de drogas y han hecho operativo de limpieza. Pero cuando todo vuelva a la normalidad y se olvide esta muerte, volverán los puntos y la policía a cobrar.

Hasta se burlan de la justicia. Como es posible que el fiscal de Bani permita que un general diga que es lamentable que buche se haya entregado dejando entrever que ya había orden para matarlo. Es que estando vivo y preso puede denunciar la mafia policial y su muerte borraría las evidencias.

Miente el Senador cuando dice que al coronel fue vendido por sus compañeros. Llegar a coronel, renunciar, vivir en EU y volver a ingresar sin saber las travesuras que hace la policía eso es un cuento de niño. No hay un solo policía en Bani ni tampoco hay un solo ciudadano que no sepa que los puntos de droga pagan peaje y que la policía y la DNCD visitan esos puntos para recibir dinero y repartirselos.

Hasta la fiscalía se ha hecho cómplice con el delito al recibir dinero y al permitir que la policía mate a delincuentes que no pagan, archive las querellas y denuncias de quienes pagan y también al permitir que la DNCD no cumpla la ley y utilice el narcotráfico para beneficiarse.

La fiscalía debe garantizar la vida de estos resentidos sociales y evitar que la PN los maltrate y los torture para que no hablen sobre los demás implicados. Lo que más les conviene a los victimarios de este punto es decir la verdad de quien y quienes recibían el peaje y que paso con los tres policías.

Aunque en este caso no habrá una investigación seria su denuncia además de poner al descubierto todos los departamentos de la policía es una garantía de su vida o sus vidas. La justicia sabe que si cae un coronel, detrás puede caer el general y quién sabe si hasta cae el Director de la Policía.

Nunca una investigación de la policía que se investiga así misma va a  concluir que los policías buscaban peaje, que se armó una discusión y causo esta tragedia. Esta indagatoria como todas será maquillada, y harán un informe donde diga que el coronel cayó en cumplimiento de su deber y culparan a buches o a uno de sus socios de la muerte del coronel pero dejaran la cúpula policial impune.

En torno a los policías que huyeron serán sancionados por cometer faltas graves en sus funciones pero no por complicidad en el crimen. Los banilejos no podemos dejarnos coger de tontos útiles por una policía corrupta, perversa y criminal ni por el narcotráfico que lo pervierte todo.

Si bien debemos limpiar la policía y limpiar los puntos de drogas también debe limpiarse el sistema político de tantos funcionarios corruptos. Si le pasa algo a uno de los delincuentes presos no solo impide que se sepa la verdad sino también el culpable seria el presidente por ser el jefe de la PN.

La repuesta a la interrogante de este título a mi juicio es afirmativa. Paso a explicar las razones legales.

La lentitud de la Justicia no siempre es inevitable, a veces es premeditada y empleada como estrategia para dilatar la resolución de un procedimiento El cambio constante de un o los abogados en medio de un proceso penal por parte del imputado puede ser considerado una medida dilatoria según el código procesal penal.

La ley procesal ni la doctrina dominicana han definido que es una medida dilatoria. Sin embargo, se puede deducir que es una forma de ganar tiempo para algún propósito o también se puede definir como una forma de retrasar o detener la marcha del procedimiento con fines estratégicos.

Las tácticas dilatorias como estrategia en el litigio penal es útil y aceptada, pero cuando es usada abusando de ella para la jurisprudencia comparada no se encuentra protegida por la estrategia dilatoria, así lo dijo el supremo español, el cual concluyó que «la capacidad de todo imputado de designar a un abogado de su confianza no ampara estrategias dilatorias ni actuaciones que sean expresivas de una calculada desidia a la hora de hacer valer el propio derecho de defensa».

Para la jurisprudencia comparada el cambio de abogado o hacer que el abogado renuncie en medio del litigio también es considerada como un fraude procesal.  En una sentencia del tribunal supremo español, negó que se hubiera vulnerado el derecho de defensa de un condenado al rechazar el tribunal de instancia su solicitud de renunciar a su letrado en el último momento. Se consideró que se trataba de «un evidente fraude procesal», que únicamente pretendía ser una maniobra dilatoria, constitutiva de «un claro abuso del derecho».

El sistema penal dominicano adopto el principio de lealtad procesal que rige parte del comportamiento de las partes. Apunta la normativa procesal penal vigente que las partes deben litigar con lealtad procesal yb les prohíbe proponer medidas dilatorias meramente formales y de abusar de las facultades establecidas por este código.

El cambio de abogado por parte del imputado de manera constante es una mala práctica procesal sancionable por el juez penal. Es considerado una forma de litigio temerario.

Esta sanción las impone el propio juez que lleva la causa y donde se verifique la medida dilatoria. Esta audiencia esta revestida de rapidez, ausente de formalismo y ritualismo (algo casi imposible para unos abogados, jueces y fiscales formados en el excesivo formalismo y en un derecho positivo).

En ocasiones esta táctica de cambio de abogado es auspiciada por el abogado del imputado, lo cual no deja de ser un fraude procesal y un ejercicio temerario, a quien le es sancionable también. El juez penal tendrá que ser activo y suficiente inteligente para sancionar esta vieja práctica procesal que afecta el proceso penal.

La violación al principio de lealtad procesal por parte del imputado se sanciona con multa de hasta quince salarios base del juez de primera instancia.

Una delas causas que hacen del proceso penal tedioso y duradero es el cambio de abogados por parte del imputado. El juez penal puede controlar dicha práctica si lo desea.

La estrategia dilatoria como comportamiento procesal del acusado permite que el imputado  invoque algún derecho o beneficio de los reconocidos por las leyes y la jurisprudencia procesal, habida cuenta que ha sido su conducta dolosa y forma de proceder, el que ha buscado y propiciado el alargamiento de la causa.

Es Por ello, y apelando a esta frase doctrinaria, la «estrategia dilatoria» en el proceso, no sirve para nada si los órganos judiciales la califican así.

Dos acontecimientos noticiosos recientes ponen  de manifiesto de manera clara que algo no anda bien en la psiquis de los dominicanos y dominicanas. La sociedad   está alarmada con ellos, parecería quepor su  impacto  los mismos anuncian el  preludio del colapso de la civilización occidental.

El primer caso, es el referente al acto bochornoso escenificado por un grupo de ciudadanos y ciudadanas, que en nombre de la democracia, arrojaron sobre el edificio que aloja el sagrado recinto de la Suprema Corte de Justicia y la Bandera Nacional materia fecal.

El segundo caso, es el que tiene que ver con el asesinato del  Coronel de la Policía Nacional, Daniel Ramos Álvarez, durante una supuesta inspección de inteligencia en un punto de drogas en el sector Santa Cruz, en Bani, donde sus acompañantes, también oficiales, lo dejaron sólo y huyeron del referido lugar.

Ambos casos, sin dudas,  constituyen una provocación, un desafío frontal a las autoridades, que de no ponerle  atención debida  podrían  estimular entre otros actores y sectores acciones iguales o similares.

Y que no me vengan con la vagamundería de que lo ocurrido en la Suprema Corte de Justicia hay que aceptarlo como bueno válido porque se inscribe como un acto más de un país que vive en pleno desarrollo de sus libertades. Eso no es hacer uso de la libertad, eso se llama libertinaje. Más nada.

Lo ocurrido ahí, al margen de lo que haya decido la justicia con los actores hecho,    debe llenar de indignación, vergüenza y preocupación a todos aquellos dominicanos que sueñan un mundo mejor y decente  para todos y todas.

De  igual manera,  la trama aparente  y confusa de que muchos dicen fue objeto el oficial de la Policía Nacional que fue asesinado por  un  habitante que apodan “Buche”,  viene a revelar  de manera clara y contundente el nivel de maridaje que  existe entre las autoridades encargadas de perseguir tráfico de estupefacientes y quienes la comercializan .

Quiero un  mundo y una sociedad dominicana en donde se valorice y  respete la dignidad humana, las leyes y a las instituciones, porque pienso que es  una de las maneras de garantizar el progreso social y la convivencia pacífica y civilizada entre gobernantes y gobernados en la República Dominicana.  Así no podemos seguir  en pleno siglo XXI.