Entre las personas a las que el Chapo quería matar, apuntó Cifuentes, se encontraba Christian Rodríguez, el ingeniero de comunicaciones del capo y de quien descubrió cooperaba con el Gobierno de Estados Unidos.

El testigo, preso en EE.UU. donde fue extraditado tras su arresto en 2013, indicó que descubrieron que Rodríguez, que por orden del Chapo instaló un moderno sistema de comunicaciones que grababa numerosas conversaciones, fue el responsable de la captura de su hermano Jorge Cifuentes, que proveía droga al Chapo desde Colombia.

«¿El acusado le dijo a usted que matara a Christian?», preguntó la fiscal, que obtuvo un «sí» como respuesta de Cifuentes, que explicó que no pudieron llevar a cabo el asesinato porque no tuvieron éxito localizando al experto en comunicaciones, ya que no sabían su apellido y tampoco consiguieron encontrarlo en Google ni Facebook.

Dijo también que el Chapo estaba dispuesto a pagar 50.000 dólares por el asesinato de Juan Bonito, esposo de la sobrina de Cifuentes, porque sospechaba que también cooperaba con el Gobierno de EE.UU. y que le había robado dinero.

Asimismo, a preguntas de la fiscalía, Cifuentes detalló cómo buscaron rutas alternas para llevar la droga a México desde Venezuela.

«Joaquín necesitaba una pista de aterrizaje en la República Dominicana para poder hacer de trampolín para llegar a México desde Venezuela», dijo, tras lo cual se escuchó una conversación entre Guzmán Loera y Antonio, su contacto en la República Dominicana.

Antonio y otro dominicano que identificó como «La serie» vendían droga para el Chapo en Nueva York, tras haberlos conocido en la sierra a finales del 2007, donde habló con ellos, en reuniones por separado, sobre cuánta droga podían vender en la semana, el precio por kilo de la heroína blanca y de la coca.

Detalló que Guzmán Loera comenzó a traficar heroína, cocaína y metanfetaminas a Canadá en 2008, que al principio «no era constante», sólo de cada 8 o 15 días, que antes pasaba por Los Ángeles y Phoenix en EE.UU., antes de su destino final, negocio que según el testigo le produjo «decenas de millones de dólares».

Cifuentes continúa mañana en la silla de los testigos para ser interrogado por la defensa de Guzmán Loera. 

of-am

«México necesita mejorar urgentemente la seguridad pública, pero el proyecto sobre la Guardia Nacional es la forma equivocada de hacerlo», expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, mediante un comunicado distribuido en redes sociales.

«El presidente (Andrés Manuel López Obrado) y el Congreso mexicano deberían enfocarse en fortalecer a la policía civil y al sistema de justicia, en vez de redoblar la política de militarizar la seguridad pública, que ha demostrado ser un fracaso total», añadió.

El texto señala que durante los dos últimos gobiernos «el uso de militares en materia de seguridad pública ha tenido resultados previsiblemente desastrosos».

La organización expuso que las Fuerzas Armadas de México «están hechas para la guerra, no para la seguridad pública, y han cometido gravísimos abusos contra civiles, con generalizada impunidad».

Además, añadió, no han conseguido reducir la violencia en México y es posible que, de hecho, hayan sido un factor clave que contribuyó al drástico aumento en la cantidad de homicidios en estos años.

El texto señala que la militarización de la seguridad pública, iniciada por sus predecesores, los presidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), «ha resultado en violaciones generalizadas de derechos humanos en México y no ha mejorado la seguridad pública en el país».

El proyecto, que amplía la prisión preventiva, exigiría que los jueces dispongan la detención de toda persona investigada por un amplio espectro de delitos. «Este requisito incrementaría considerablemente la cantidad de personas en las cárceles mexicanas que no ha sido condenada por algún delito», apuntó Vivanco.

Las dos cámaras legislativas en México iniciarán una sesión extraordinaria el 16 de enero para considerar el proyecto de creación de la Guardia Nacional.

La organización apuntó que hasta ahora las autoridades mexicanas han presentado la intervención de militares en tareas de seguridad pública como un rol auxiliar, de apoyo a la policía civil, pero la reforma constitucional propuesta permitiría a López Obrador superar esta limitación, que hasta ahora ha sido «más teórica que práctica».

HRW señaló que la Guardia Nacional que se pretende crear estaría conformada en gran parte por soldados, sería entrenada por las Fuerzas Armadas y durante los primeros cinco años quedaría bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El control operativo pasaría a la Secretaría de Seguridad Pública luego de ese periodo. Sin embargo, la Sedena seguirá controlando su funcionamiento interno, incluyendo la capacitación, los ascensos y la disciplina de sus miembros.

El 11 de enero, en respuesta a las críticas crecientes contra la propuesta, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, anunció que López Obrador solicitaría a la Cámara de Diputados que modificara el proyecto de reforma, de modo que la nueva fuerza de seguridad quedara bajo la autoridad civil desde su inicio.

Sin embargo, en una audiencia en el Congreso ese mismo día, Durazo dijo que lo que el Gobierno busca es que la Guardia Nacional quede bajo «mando mixto» de autoridades militares y civiles.

«Poner al secretario de Seguridad al mando no resolverá el problema de fondo de la Guardia Nacional», dijo Vivanco.

«Aun si toman órdenes de un civil, los miembros de la nueva fuerza estarán bajo el control de las Fuerzas Armadas», finalizó. 

of-am

El Pentágono anunció que el secretario interino de Defensa, Patrick Shanahan, aprobó hoy la extensión de la misión de apoyo a las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en sus siglas en inglés), tal como había solicitado esa rama del Gobierno estadounidense.

El Ejército tiene desplegados a cerca de 5.600 militares en la frontera con México, repartidos entre los estados de Texas (2.400), Arizona (1.400) y California (1.800).

Este despliegue había sido autorizado previamente hasta el próximo 31 de enero por el anterior secretario de Defensa, Jim Mattis, que abandonó su cargo el último día de 2018.

La misión de estas tropas es prestar apoyo logístico al DHS y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) para evitar la entrada de migrantes ilegales en el país.

El despliegue de soldados regulares en la frontera sur de EE.UU. fue una decisión de la Casa Blanca, anunciada el pasado 29 de octubre, a escasos días de las elecciones legislativas, que tuvieron lugar el 6 de noviembre.

En un principio la operación recibió el nombre de «Patriota Fiel» y contemplaba el envío de unos 5.200 militares, hasta mediados de diciembre.

Sin embargo, con el paso de los días y la llegada de migrantes a las localidades mexicanas de Tijuana y Mexicali, ambas en la frontera, el Gobierno de EE.UU. decidió aumentar el número de efectivos y la duración de la operación.

of-am