De acuerdo con el colombiano Alex Cifuentes, de 51 años, que trabajó para el Chapo entre 2007 y 2013, Guzmán Loera entregó esa cantidad a Peña Nieto a través de un intermediario, que identificó como «comadre María», señalan medios locales.

El testigo apuntó además durante su tercer día de testimonio en el juicio por narcotráfico contra «el Chapo» que el pago habría ocurrido en octubre del 2012, dos meses antes de que jurara su cargo como presidente, aunque luego dijo no acordarse de la fecha exacta.

Detalló asimismo que fue Peña Nieto el que contactó a Guzmán Loera en 2012, tras su elección, y que le habría pedido 250.000 dólares a cambio de suspender la búsqueda nacional del capo, a lo que «el Chapo» contestó con una contraoferta de 100 millones de dólares.

Cifuentes concretó sin embargo que no fue testigo de ese alegado soborno, sino que fue el propio capo de la droga el que le contó los detalles de la supuesta operación.

El portavoz de Peña Nieto, Eduardo Sánchez, ya negó el pasado noviembre que el antiguo mandatario hubiera aceptado sobornos por parte del presunto líder del cártel de Sinaloa, después de que la defensa del Chapo hubiera lanzado dicha acusación durante el inicio del juicio.

«¿El señor Guzmán pagó un soborno de 100 millones de dólares al presidente Peña Nieto?», preguntó hoy el abogado Jeffrey Lichtman al testigo del Gobierno de EE.UU., que se limitó a dar un «sí» como respuesta, según la prensa local.

Cifuentes, arrestado en 2013 en México y extraditado en 2016 a EE.UU., había hablado de este tema con las autoridades estadounidenses cuando comenzó a cooperar con el Gobierno, lo que está contenido en tres declaraciones juradas.

Durante el inicio del juicio contra Guzmán Loera, el pasado 14 de noviembre, Lichtman ya acusó a Peña Nieto y al anterior mandatario mexicano, Felipe Calderón (2006-2012), de recibir «sobornos» del narcotraficante Ismael «Mayo» Zambada García, socio del Chapo. Un extremo que ambos negaron.

Tras aquella declaración el abogado defensor fue amonestado por el juez del caso, Brian Cogan, que le recriminó haber lanzado acusaciones sin pruebas.

Cogan también prohibió durante el interrogatorio de Jesús «Rey» Zambada, hermano del Mayo, que se le cuestionara sobre los supuestos pagos a los exmandatarios.

Durante el proceso han salido a relucir acusaciones de sobornos pagados por el cartel de Sinaloa a políticos, policías y funcionarios del Gobierno de México, Colombia y Ecuador.

Guzmán, extraditado en enero de 2016 a EE.UU y en máxima seguridad desde entonces, se ha declarado no culpable de once cargos de narcotráfico, entre ellos mantener una empresa criminal continua, portar armas y blanqueo de dinero, por lo que podría ser sentenciado a cadena perpetua. 

of-am

«Bajo mi vigilancia, se permitirá a Bob (Mueller) que concluya su trabajo», subrayó Barr, en su primera audiencia de confirmación en el Senado que estuvo centrada en gran parte sobre la investigación liderada por el fiscal especial Robert Mueller.

Para el nominado, la pesquisa sobre la supuesta conspiración entre la campaña electoral de Trump y Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 es «vital» por lo que consideró «muy importante» que sea completada.

«Creo es en el interés de todo el mundo – el Presidente, el Congreso, y el pueblo estadounidense – que este asunto sea resuelto permitiendo que el fiscal especial culmine su trabajo», apuntó.

Sin embargo, reconoció que es posible que no se haga público íntegro el informe de Mueller sobre las conclusiones de su investigación debido a «regulaciones internas» del Departamento de Justicia.

Sí que recalcó, no obstante, que su «objetivo es hacer llegar al Congreso y los ciudadanos la mayor información posible al respecto».

Durante su comparecencia, insistió en marcar distancias frente a Trump en este tema, quien ha criticado de manera reiterada al fiscal especial y su equipo por una investigación que califica de «fraude».

«No creo que Mueller esté involucrado en una caza de brujas», remarcó en referencia al apelativo empleado por Trump para referirse a la investigación de la trama rusa.

Preguntado por los senadores demócratas por la posibilidad de que se produzcan «interferencias políticas» por parte del mandatario al respecto, Barr, de 68 años y quien ya fue fiscal general de EE.UU. bajo la presidencia de George H.W. Bush a principios de 1990, remarcó su «independencia».

«Creo que estoy en una posición en la vida en que la que puedo hacer lo correcto y realmente no pensar en las consecuencias (…) No voy a hacer nada que no sea lo correcto y no seré intimidado para hacer algo que crea que es incorrecto», replicó.

El fiscal especial investiga desde mayo de 2017, de manera independiente al Gobierno, los posibles lazos entre miembros de la campaña de Trump y Rusia, a la que las agencias de inteligencia acusan de interferir en los comicios de 2016, así como la supuesta obstrucción a la justicia por parte del mandatario.

La relación entre Trump y Sessions había estado marcada desde el comienzo por la tensión, como consecuencia de la decisión del fiscal general de inhibirse de la investigación de la trama rusa por sus contactos con Moscú.

En este sentido, Barr consideró «acertada» la decisión de Sessions de inhibirse, uno de los elementos que provocó la ira del actual mandatario.

Pero el nominado a fiscal general también dejó entrever puntos de consonancia con el actual mandatario al expresar su preocupación por lo que consideró «la fijación» actual en Estados Unidos sobre el riesgo que supone Rusia como adversario global, algo que «podría oscurecer el peligro de China».

«El principal rival de EE.UU. es China. Creo que Rusia es la mitad del tamaño que tenía cuando los enfrentábamos en el pico de la Guerra Fría. Sus perspectivas económicas a largo plazo están muy lejos de las de China», afirmó.

Asimismo, Barr señaló que «es necesaria» la existencia de una barrera fronteriza con México, la polémica promesa electoral de Trump, dado el tráfico existente de migrantes ilegales y drogas.

El nominado a fiscal general volverá mañana al Senado para continuar con su audiencia de confirmación. 

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En un comunicado, Pompeo afirmó que los satélites iraníes «incorporan tecnologías que son prácticamente idénticas e intercambiables con las utilizadas en los misiles balísticos, incluidos los misiles balísticos intercontinentales».

Por eso, consideró que el lanzamiento de hoy «fomenta la capacidad de Irán de construir eventualmente un arma así».

El Gobierno de EE.UU. cree que el hipotético desarrollo de misiles balísticos por parte de Irán supone una amenaza porque tienen la capacidad de llevar ojivas nucleares y viajar grandes distancias, por lo que podrían alcanzar diferentes países de Europa y Oriente Medio.

Frente a esas preocupaciones, esta semana, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán aseguró que los satélites están destinados a funciones de «pronóstico del tiempo» y afirmó que se trata de actividades civiles y no militares, al contrario de lo que afirma Washington.

El lanzamiento del satélite iraní, bautizado Payam (mensaje, en farsi), fracasó hoy debido a que la nave no alcanzó suficiente velocidad para ponerse en órbita, según explicó en Twitter el ministro iraní de Comunicación y Tecnología de la Información, Mohamad Yavad Yahromí.

Irán tenía planeado poner en órbita dos satélites y, según el ministro, el segundo, llamado Dusti, «está a la espera de ser lanzado».

El pasado 3 de enero, Pompeo ya advirtió de que EE.UU. «no se quedará mirando» cómo Irán lanza cohetes espaciales.

El titular de Exteriores consideró hoy que su Gobierno ha sido «claro en cuanto a que no tolerará el flagrante desprecio de Irán por las normas internacionales» y volvió a acusar al país persa de haber violado la resolución 2231″ del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La citada resolución 2231, que consagró el acuerdo nuclear multilateral de 2015 con Irán, no prohíbe el desarrollo de los misiles intercontinentales, simplemente hace un llamamiento a Teherán para que se abstenga de hacerlo.

Irán puso en órbita su primer satélite en 2009 y, en 2017, lanzó un cohete espacial portador del satélite Simorq.

Estados Unidos ha impuesto en el pasado sanciones a entidades asociadas al programa de misiles balísticos de Irán por estos lanzamientos de satélites y, el año pasado, volvió a aplicar sanciones a numerosos sectores económicos del país persa tras retirarse unilateralmente del pacto nuclear de 2015.

of-am

La congregación católica -que abarca los Estados de Nueva York, Nueva Jersey, Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut- confía en que esto «contribuya a sanar el dolor y el enfado» causado por el clero y su falta de transparencia.

Difundió a través de su página web un documento de catorce páginas con los nombres de los abusadores, 35 de los cuales ya han fallecido.

El listado recoge aquellos alegatos «creíbles», en los que existe una sentencia firme de un tribunal o aquellos en los que hubo admisión de culpa por parte del religioso.

Sin embargo, el documento recuerda también que «muchos de los jesuitas en esta lista no han sido declarados culpables de ningún crimen o responsables de una demanda civil».

Muchos de los abusos recogidos en el listado fueron denunciados décadas más tarde de que tuvieran lugar. Uno de los últimos reportes tuvo lugar en 2018.

«En nombre de todos los Jesuitas de la diócesis Noreste de los Estados Unidos, me disculpo por cualquiera de nuestros hermanos que haya cometido crímenes de abusos y me comprometo a trabajar para ofrecer ambientes seguros para todo aquel a quien damos servicio religioso, y para dar apoyo y posibilidad de sanar a las víctimas», aseguró su líder, John Cecero.

En su declaración, Cecero da crédito a la investigación del Boston Globe en 2002, que sacó a la luz los abusos en la Iglesia Católica y que, más tarde, daría lugar a la premiada película «Spotlight».

Además, el grupo jesuita reconoce que, pese a haber tomado medidas desde 2002 para evitar casos similares, se registró un incidente relacionado con la pornografía infantil en 2008.

«El cambio de las prácticas no borra el pasado. La lista que publico hoy recoge fallos criminales y pecaminosos en el cuidado pastoral de los niños», asegura el líder religioso, que reiteró que cualquier jesuita vivo con acusaciones de abuso no puede ofrecer servicios religiosos a menores.

Hace un mes, los jesuitas en Maryland publicaron también una veintena de nombres de religiosos supuestamente implicados en abusos a menores desde 1950.

En agosto, la Corte Suprema de Pensilvania publicó un informe de un gran jurado que documentaba 300 casos de «sacerdotes depredadores» sexuales en seis diócesis, tras investigar denuncias de abusos a menores, y que calculaba en más de 1.000 el número de víctimas.

Por su parte, el papa Francisco aceptó el pasado 12 de octubre la dimisión del cardenal Donald Wuerl como arzobispo de Washington entre acusaciones de haber encubierto abusos.

Poco después, el día 15 de ese mes, la archidiócesis de la capital publicó una lista con 31 nombres de antiguos sacerdotes que supuestamente perpetraron abusos sexuales contra menores, de los que 28 estaban adscritos a esta institución. De los 31 curas que aparecen en la lista, 17 ya fallecieron. 

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