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Si el gobierno no se dispone a programar el levantamiento de la absurda y prolongada prohibición que ha impuesto a las actividades económicas; la ciudadanía y los agentes productivos irán levantándola espontáneamente, por su propia cuenta, burlando la vigilancia de agentes del orden público que intentan hacerlas cumplir, en vano, en medio de cansancios y precariedades.
Así, las autoridades nacionales, incluyendo el Presidente de la República, irán degradando el principio de autoridad y perdiendo respeto y credibilidad indispensables para hacer valer sus propias disposiciones hasta exponernos a caer en un estado general de irrespeto a la autoridad y toma de decisiones de interés público por cuenta propia; preludio de una situación generalizada de desobediencia prejudicial para la preservación de nuestra paz y orden.
El gobierno tiene que entender que las prohibiciones que ha impuesto han sido ineficaces e insostenibles.
Ineficaces, porque después de 55 días de vigentes, la curva de expansión del virus no da señales ni siquiera para alcanzar el pico e iniciar su aplastamiento, que es lo que vive esperando el gobierno para levantar las prohibiciones. Y porque resulta burlesco y contraproducente que el gobierno condene al confinamiento domiciliario a una gran mayoría de nuestros compatriotas que viven confinados en viviendas y barrios en espacios mínimos al distanciamiento recomendado.
Insostenible, por que, dentro de nuestro economía altamente informal, (57%), la mayoría de nuestros compatriotas no pueden permanecer confinados en sus precarias viviendas sin salir a las calles a buscar diariamente el ingreso que necesitan para comprar alimentos para satisfacer sus necesidades; si es que es que encuentran lugares para abastecerse y medios de transporte para llegar a ellos, ya que carecen de ahorros y despensas suficientes para hacer la previsiones de abastecimiento por tanto tiempo.
Parecería que el funcionariado gubernamental ignora cómo viven y de que viven nuestros pobladores barriales. Y les plantea la dicotomía de pasar hambre, con todas sus posibles consecuencias, para evitar un eventual contagio.
El gobierno está en la obligación moral frente a la nación de levantar las prohibiciones que ha impuesto y solicitarles en cambio que reinicien sus operaciones sometiéndolas a una reingeniería para cumplir con las exigencias sanitarias de evitar aglomeraciones y garantizar distanciamiento, entre otros requisitos propios de las particularidades de cada empresa, en sus procesos productivos y en la provisión de sus servicios.
of-am