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OPINION: La razón turística en entredicho
¿Qué es un modelo turístico exitoso? ¿Por qué no habría de cambiarse? Estas son interrogantes que surgen a raíz del agrio diferendo que protagonizan los hoteleros de Bávaro-Punta Cana y el MITUR sobre la construcción de unas torres de gran altura en Macao y Cap Cana. Las respuestas no pueden ser las que propone una de las partes. Porque al definir la racionalidad, toda planificación turística comporta mucha subjetividad, lo más probable es que los dos bandos tengan razón. Por eso lo más lógico y sensato es que, después del hecho consumado de las torres autorizadas, busquen una solución que armonice intereses y trace un nuevo camino.
El diferendo ha adquirido la autoridad de un serio problema. Nunca ASONAHORES y ASOLESTE, los gremios que representan a los hoteleros en cuestión. habían incoado un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) contra una decisión ministerial de ningún tipo. Tampoco habían montado una campaña mediática a gran escala para convencer a la opinión pública de la justeza de sus argumentos. Y nunca un Ministro de Turismo se había empantalonado para confrontarlos públicamente. La solución del conflicto, por tanto, tendrá serias repercusiones sobre el clima de inversión y el desarrollo sectorial futuro.
Es poco probable que los aludidos gremios tengan éxito en su denuncia ante el TSA. Aunque un fallo de este tribunal paró el desarrollo de una enorme torre de apartamentos en un costado del Hotel Dominican Fiesta de Santo Domingo, las circunstancias y características del conflicto de marras son muy diferentes. Esto así porque lo impugnado es una resolución del MITUR, un ministerio creado por la Ley 84-79 que le otorga amplios y casi imperiales poderes para planificar y normar el desarrollo de la actividad turística. En consecuencia, el TSA no tiene otra alternativa que ratificar las resoluciones del MITUR que cambian los parámetros del desarrollo en la zona.
El TSA tendrá dificultad en aceptar el argumento de que el “modelo de desarrollo físico” no debe cambiarse porque este ha sido exitoso. La intuición sugiere que es poco probable que, dado que somos un destino turístico de masas, un turista extranjero haya escogido a Bávaro-Punta Cana para vacacionar por el hecho de que el ambiente construido es de baja densidad y altura. Sería más sustentable y convincente apelar a los bajos precios y al modelo todo incluido como las verdaderas claves del éxito. Estos elementos, conjuntados con otros elementos como las buenas playas, la amabilidad del nativo y los incentivos fiscales, son los que han convertido al destino en el más grande y exitoso del Caribe.
Fue en el 1994 cuando primero se establecieron los parámetros de desarrollo para la región. Patrocinado por la asociación hotelera de la zona, La Propuesta de Ordenación y Regulación del Desarrollo Turistico de la Costa Este (1994) fue el primer conjunto de normativas que observaban los inversionistas. En gran medida, esas normas se copiaron de las que generó el antiguo INFRATUR para Puerto Plata. Fue en el 2008 que la misma asociación encargó un nuevo y más completo experticia a un arquitecto local. Con algunas modificaciones, este último conjunto de disposiciones lo adoptó el MITUR casi por completo para el Plan de Ordenamiento Territorial Turistico de Bávaro-Punta Cana oficializando en el 2017.
Muchas de las disposiciones del Plan son intrínsicamente controversiales porque reflejan preferencias estéticas y técnicas subjetivas. Los límites de altura y densidad de construcción, por ejemplo, fueron originalmente dictados por extranjeros en base a sus valoraciones de los ambientes marinos y de las características del terreno costero. ¿Quién es quién para imponer su criterio de que los destinos de playa no tengan torres sembradas en la arena? Mientras en la zona se prefirió limitar la altura de los edificios a la copa de los cocoteros, en el desarrollo de Cancún o Miami Beach eso no aplica y ahí muchos hoteles son torres ubicadas en la playa misma. Mientras Cancún es un desarrollo previamente planificado y Miami Beach no, nadie puede alegar que estos destinos playeros no son exitosos.
Lo cierto es que cualquier justificación que se use podría tener algún asidero. Es frecuente apelar al impacto ambiental y a la apreciación del paisaje para fundamentar las prescripciones. En cuanto a lo primero resulta más fácil simpatizar con las medidas restrictivas, pero también hay que admitir que a veces los ambientalistas prefieren cercenar las posibilidades de desarrollo con restricciones sin sentido. Lo del paisaje es todavía más difícil de decidir porque las apreciaciones son mucho más subjetivas. Hay gente que prefiere los ambientes construidos que prevalecen en playas famosas como las de Benidorm en España o la de Daytona en la Florida. Ahí hay una discrepancia que solo puede ser resuelta de manera política.
Aparte de la controversia sobre la subjetividad de los parámetros de planificación existe una disputa ancestral sobre los alcances del derecho de propiedad. Es generalmente aceptado el bien conocido principio de que toda propiedad privada tiene una hipoteca social. (Por ejemplo, nadie tiene el derecho de montar una estación de combustible al lado de una vivienda particular porque eso pone en peligro la vida de los residentes en ella.) El mismo hecho de que el Estado se reserva el derecho de regular para salvaguardar los intereses colectivos, entonces, implica que la propiedad privada tiene sus límites.
De ahí que no es razonable que los hoteleros del este pretendan imponer los parámetros de desarrollo más allá de los límites de sus propiedades. Pretender eso sería equivalente a abrogarse el derecho a un “dominio eminente” sobre el territorio circundante y eso solo puede pretenderlo el Estado. Los inversionistas hoteleros no deben abrazar una visión de “destino manifiesto” sobre toda la región. La autoridad del MITUR para determinar los parámetros del desarrollo son incuestionables y sus potestades para cambiarlos son legítimas y legales.
Ahora bien, el problema tiene otra arista que lo complica. Los hoteleros tienen razón en quejarse de que ellos hicieron sus inversiones contando con que los parámetros establecidos se mantendrían. Es la clásica queja empresarial sobre el cambio de “las reglas del juego” o sobre la inseguridad jurídica. Si el MITUR opta por cambiar las reglas originales, entonces, debe por lo menos entablar un dialogo con ellos para buscar una solución que perjudique sus intereses lo menos posible. De ahí que la solución consensuada sea la respuesta más adecuada a esta ríspida confrontación.
Se debe comenzar por reconocer los derechos adquiridos de los inversionistas de Macao Alto Resort y Cap Cana, a la vez que se reconozcan los derechos adquiridos de los inversionistas hoteleros de Bávaro-Punta Cana en el ámbito de su ubicación. Un abordaje salomónico sería el de dejar los parámetros anteriores intactos para la zona comprendida entre Macao y Cap Cana y permitir otros parámetros para el litoral comprendido entre Macao y Nisibón, por un lado, y Cap Cana y La Romana por el otro. En el caso de estos últimos tramos la altura de las edificaciones podría fijarse en un máximo de quince pisos, aunque a un kilómetro de distancia de la playa podría no tener limite.
Esta sería una solución de tipo ganar-ganar porque se preservan los parámetros de interés para los hoteleros al tiempo de permitir la diversificación del “modelo físico” en un destino que esta ávido de diversificación de su producto turístico. También sería un reconocimiento de que la subjetividad juega un papel importante en la determinación de los criterios de desarrollo y por eso será siempre recomendable consensuar, tomando en cuenta de que los intereses de la sociedad no siempre coinciden con los intereses particulares..
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