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El matrimonio infantil es una permisión anacrónica de la Ley 659, sobre Actos del Estado Civil, que debe ser derogada, tal y como lo sugirió el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
La protección de nuestras niñas, niños y adolescentes debe ser un compromiso del Estado y de toda la ciudadanía, por lo que el Poder Legislativo está en el deber de impedir que algunos adultos desaprensivos y pervertidos se escuden en la ley para, sin ninguna consecuencia, convertir en objetos sexuales a nuestras niñas más vulnerables y trastornar el sano y normal desarrollo de sus vidas.
Es innegable, como advierte Unicef, que el matrimonio infantil, lleva a las niñas y a las adolescentes a tener hijos sin estar preparadas ni física ni emocionalmente, así como, producto de ello, a dejar la escuela y a una mayor probabilidad de ser víctimas de la violencia doméstica.
Además, estos matrimonios conllevan el riesgo, para las niñas y adolescentes, de ser víctimas de abuso sexual y explotación, de ser separadas de la familia y los amigos, de perder la libertad para relacionarse con las personas de la misma edad, de tener dificultad para la educación, de ser sometidas a trabajos forzados, prostitución y violencia, así como de quedar embarazadas y poner en riesgo sus vidas.
También se prestan a que los violadores y los seductores de menores evadan ser imputados por la comisión de estos crímenes, los cuales una vez estando casados, casi siempre, maltratan a las niñas y disuelven el matrimonio tan pronto han resuelto su estado de ilegalidad.
Nuestros legisladores deben reflexionar sobre las graves consecuencias que tendría para nuestras niñas y adolescentes, contemplar el matrimonio de menores en el Código Civil, en contra de la tendencia mundial que se inclina por su prohibición.
En fin, ante la vergüenza de ver a nuestro país ocupando uno de los primeros lugares en matrimonios de menores de 18 años en el mundo, le corresponde al Congreso Nacional sacarnos urgentemente de ese infame espacio.