OPINION: El Predial como fuente de ingreso municipal

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EL AUTOR es Magíster en Alta Gerencia Pública y Municipalista. Reside en Santo Domingo.

 

 

POR JOAN PAEZ

 

El Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI) o Predial, es el impuesto anual que se aplica sobre la sumatoria de propiedades inmobiliarias de las personas físicas y fideicomisos (Ley 18-88 d/f 19/11/1988 y Ley 253-12 d/f 09/11/12).

 

Según datos de la DGII, para el período enero-noviembre 2016 las recaudaciones por concepto del IPI fueron de RD$18,066.6 MM, que en relación al PIB equivale a menos de 1/3 del 1%, esto quiere decir que la recaudación fue muy baja. Y de acuerdo al Lincoln Institute of Lond Policy (2016) en su más reciente edición del libro Sistemas del Impuesto Predial en América Latina y El Caribe, nuestro país ha tenido el porcentaje más bajo de recaudación en relación con otros países del continente en los últimos años.

 

En un análisis comparativo del cobro de este impuesto en 27 países del mundo, realizado por Miguel Montoya, reflejó que en el 48% de los países es cobrado por los gobiernos locales y en el 62% es cobrado por los gobiernos centrales. En el caso de  República Dominicana es administrado por el gobierno central, a través de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), debido a la tradición centralista en el manejo del Estado, y a los intereses políticos y económicos que este genera.

 

El principal problema que tiene la administración de este impuesto es la carencia de un registro catastral adecuado. Además del carácter nacional que tiene la DGII, ya que para el cobro del mismo se concentra en ciudades grandes y de mayor desarrollo para el turismo.

 

Organismos internacionales, instituciones estatales y expertos en el tema, han debatido durante años sobre la pertinencia de que el cobro de este impuesto pase a los ayuntamientos, en vista de que constituye un ingreso de mucha importancia para las finanzas municipales.

 

Por lo antes expuesto, consideramos que un «Impuesto Predial Municipal» sería vital para fortalecer la autonomía financiera de los cabildos. De esta manera se le quitaría presión al gobierno central, con las solicitudes de transferencias de fondos que los alcaldes realizan cada año.

 

Otro aspecto importante a tomar en cuenta, es que existe una relación más estrecha entre los gobiernos locales y los contribuyentes a nivel del municipio, que con la administración tributaria del gobierno central, ya que se esforzarían por cobrarles en su misma jurisdicción. Esto posibilitaría un aumento de las recaudaciones, y los cabildos tendrían recursos económicos suficientes para prestar servicios públicos de calidad.

joanpaez@gmail.com

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