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Cuando aún no se tiene ninguna certeza sobre la efectividad y seguridad de la vacuna que está bajo la lupa de autoridades de salud internacionales tras alguna prueba fallida y comprobarse la seriedad de ciertos efectos colaterales muy difundidos, el gobierno dominicano ha procedido a firmar un acuerdo por adelantado que puede comprometer la salud de los dominicanos.
Se trata de la firma del acuerdo con la empresa farmacéutica británica AstraZeneca, para obtener 10 millones de vacunas contra la pandemia del Covid-19. Con el agravante de que si esa vacuna al final no resulta con los atributos con que la presentaron, se habría perdido una cuantiosa suma del dinero. Y nosotros no nos podemos dar ese lujo.
Se recuerda que dicha vacuna ha sido puesta en entredicho luego de que se pusiera en pausa sus ensayos clínicos, en lo que se investigaba la causa de una enfermedad “inexplicable”, tras aplicarse la vacuna a una persona de un grupo de prueba.
El individuo que recibió una dosis de la vacuna en el ensayo británico desarrolló una mielitis transversa, según dijo el The New York Times. Se trata de un trastorno neurológico, causado por la inflamación de la médula espinal.
AstraZeneca, que trabaja en alianza con la Universidad de Oxford en el Reino Unido, todavía no ha esclarecido satisfactoriamente lo que realmente sucedió con la reacción adversa o el efecto contraproducente que tuvo el voluntario. Además, en Brasil se han reportado efectos consecuenciales no deseados con relación a las pruebas del susodicho prototipo de vacuna.
Consideramos que el Gobierno dominicano debió esperar a que se recibiera la autorización de los organismos reguladores internacionales de la salud antes de proceder a firmar el aludido contrato. De ahí que constituye un serio motivo de preocupación la acción gubernamental en este sentido.
Creemos que las autoridades nacionales deben actuar con mucha cautela y sin ninguna prisa antes de atarse contractualmente a alguna compañía farmacéutica, sobre todo, cuando no existen pruebas definitivas de la confiabilidad del producto ofrecido. Por eso consideramos que debió ponderar la existencia de otras vacunas promisorias antes de ‘casarse comercialmente’ con una sola y elegir sobre la base de realidades y hechos concretos, soportados en investigaciones sostenibles y concluyentes.
Con esta decisión, ya de por sí el nuevo gobierno descarta de antemano la aparición de otras vacunas que prueben ser mejores y efectivas.
Bien he sabido que alrededor de las vacunas que se desarrollan actualmente existen jugosos y poderosos intereses comerciales que buscan hacerse con el mercado de la vacuna contra el covid-19, sin importar si se pone en juego la salud de millones de personas.
JPM
