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MANAGUA.- Al menos cinco personas murieron el jueves en una jornada de manifestaciones en Nicaragua para exigir la salida del poder del presidente Daniel Ortega, sin que cese la violencia que deja más de 260 muertos en casi tres meses de protestas contra el gobierno.
Cuatro policías y un manifestante murieron en el municipio Morrito, en el departamento Río San Juan (sureste), en una «confrontación» durante una marcha, según un informe preliminar del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). La Policía aún no emitió su versión de los hechos.
En Managua, la marcha transcurrió sin incidentes. Miles ondearon banderas de Nicaragua (azul y blanco) en un recorrido de siete km por estratégicas vías del sureste de la capital, coreando consignas como «¡Que se vaya!».
Carolina Aguilar, de 52 años, dijo estar «harta de un gobierno que mata impunemente». «No podemos vivir con un asesino, con un alacrán que día a día nos está matando. Daría mi sangre con tal de que esto acabe. Si es lo que quiere: ¡máteme! pero ya deje libre al pueblo», declaró a AFP.
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que reúne a grupos de la sociedad civil, aumentó con esta marcha su presión, que incluye un paro el viernes -el segundo durante la crisis- y una caravana de vehículos el sábado por los combativos barrios orientales de Managua.
Las protestas estallaron el 18 de abril contra una reforma al sistema de pensiones, pero tras la represión se extendieron a la exigencia de salida del poder de Ortega, que gobierna desde 2007 por tercer periodo consecutivo y a quien acusan de crear una dictadura junto con su esposa Rosario Murillo.
«Sabemos (..) que los propósitos terroristas de un pequeño grupo de nicaragüenses obstinados en el odio (…) no prosperarían, no prosperaron y no prosperarán», dijo este jueves Murillo, también vicepresidenta.
Ante el agravamiento de la violencia, la OEA citó a sesión el viernes sobre Nicaragua, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentara el miércoles un informe en el que advirtió sobre la «profundización de la grave crisis de derechos humanos».
Legisladores de Estados Unidos, de un subcomité de asuntos para el hemisferio occidental, aprobaron una resolución bipartidista que «condena la violencia del régimen» y pide más sanciones de Washington, tras las aplicadas a tres altos allegados de Ortega y a funcionarios de la Policía.
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