Decir que el voto preferencial es el principal aliado del narcotráfico en la política dominicana sería una forma muy elemental de reducir el problema a un solo factor, cuando la realidad es que existen muchos.
Sin embargo, no podemos desligar esta realidad de una situación que, de no ser conjurada a tiempo, terminará minando la credibilidad de los partidos políticos, del sistema democrático y la confianza del electorado en el voto como mecanismo idóneo para poner y quitar autoridades de elección popular.
El voto preferencial fue ideado como una forma de democratizar las oportunidades de ejercer el derecho a ser elegibles en los procesos políticos, ya que antes de su existencia, el liderazgo mayor de las formaciones políticas preparaba listas cerradas encabezadas por figuras prominentes de la sociedad dominicana.
Se sabía que esas figuras tenían escasas posibilidades de ganar un proceso interno enfrentando al tigueraje de los partidos, razón por la cual se les colocaba en posiciones “ganables” como diputados o concejales.
Las listas quitaban la oportunidad a los de abajo, a quienes supuestamente se abrieron opciones más viables mediante el voto preferencial y el método d’Hondt, otra aberración de la democracia electoral.
Pero, ocurre que el voto preferencial lo que hizo fue privilegiar a quienes disponen de más recursos para hacerse de una candidatura interna, en primer término, y posteriormente de un escaño en la Cámara de Diputados y en los concejos municipales divididos por circunscripciones electorales.
Esto abrió una vía bastante ancha para que individuos sin compromisos con la democracia, con mucho dinero de dudosa procedencia y con sed de sobresalir, se hicieran con puestos electivos mediante la fiesta de los recursos económicos.
Bajo la consigna inversa de “dinero contra vergüenza” hemos visto cómo los cuerpos legislativos —Congreso Nacional y Ayuntamientos— han estado plagados de este tipo de gentes, cuya actuación en los bajos fondos muchos conocen, menos las cúpulas partidarias.
Es por ello que, cuando la cuestión toca los linderos de crisis moral, se reacciona para tratar de sanar las organizaciones de este contagio que tiene que ser oportunamente atajado.
En tal virtud, para que las formaciones políticas puedan evitar la infiltración de delincuentes, tienen que ir más allá de un simple papel de buena conducta, que es emitido por la Procuraduría General de la República en base a que el solicitante no figure en expediente ni haya sido procesado.
Según lo que se ha sabido, ninguna de las personas encartadas en procesos por presunto narcotráfico en los Estados Unidos ha tenido expediente en la República Dominicana, lo que significa que estaban limpios cuando incursionaron en la actividad política con fines de hacerse de una posición electiva.
El arqueo profundo puede ser posible, inclusive con la elemental ayuda de los vecindarios, donde todos se conocen y todos saben de qué pata cojea cada cual.
jpm-am


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