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El país crece… ¿y tú bolsillo pá cuando?
Hay noticias que duelen por lo que revelan, no solo por lo que informan. La de este 14 de septiembre es una de ellas: un alguacil de la Ciudad de Nueva York, el City Marshall Martin A. Bienstock, autorizó el embargo y la subasta pública de los bienes de la Junta Central Electoral dominicana en su oficina de 1501 Broadway, Suite 410, en pleno Manhattan.
No es un kiosco. Es la sede oficial del Estado dominicano que debe garantizar la identidad y el voto de casi tres millones de dominicanos en el exterior. Y va a ser subastada como una mueblería quebrada: computadoras, impresoras, sillas, televisores, hasta las obras de arte. El cartel de venta está fijado para el 1 de octubre a las 9:00 de la mañana. Si no se paga, se remata.
¿El monto? 838,337.50 dólares por sentencia firme de la Corte del Distrito Sur de Nueva York del 26 de noviembre de 2025, caso 1:25-cv-02830-PKC, que con recargos e intereses ya va por 982,261.88 dólares según el abogado de la parte demandante, Julio Cury. Y sigue subiendo cada día.
Este no es un caso complejo de soberanía. Es un caso de mala paga.
PELOTAS, BOLETAS Y UN MILLON DE DOLARES
Vamos a la génesis, porque ahí está la radiografía de cómo se maneja lo público.
En octubre de 2023, a un mes de la serie de Águilas y Licey en el Citi Field, la JCE firmó con Latin Events, LLC un contrato de un millón de dólares. El objeto, según la sentencia ya homologada en República Dominicana por el Auto 036-2026-SAUT-00294: imprimir 15,000 boletos, repartir 20,000 almuerzos y hacer una campaña de registro de votantes en Nueva York y estados vecinos.
La idea era buena. Llevar el padrón a donde está la diáspora, aprovechar el fervor del béisbol. El problema es lo que vino después: la empresa dice que solo recibió 230,000 dólares. Faltaron 770,000.
¿Y qué hizo la JCE? Lo más grave de todo el expediente: no compareció. Fue notificada en Nueva York y dejó pasar el plazo. La sentencia fue en rebeldía. Es decir, perdimos por no-show. Por no ir a defendernos. En la capital financiera del mundo, el órgano que debe ser símbolo de legalidad y pulcritud, decidió que la mejor defensa era no defenderse.
Luego, cuando la sentencia llegó a República Dominicana y fue homologada el 29 de junio de 2026, la JCE la recurrió en apelación. Mientras, en Nueva York ya estaba registrada desde el 20 de agosto y con orden de ejecución. En Santo Domingo, Latin Events ya inició embargo retentivo en el Banco de Reservas.
Tenemos, entonces, un doble embargo: aquí y allá.
HERIDA INSTITUCIONAL
La JCE no es una empresa privada. Es un órgano constitucional autónomo. Su presupuesto es sagrado porque custodia la democracia. Cuando una corte federal estadounidense tiene que autorizar a un alguacil a entrar a su oficina y tasar sus sillas, el daño no es económico, es reputacional. ¿Con qué autoridad moral va a exigir la JCE respeto a la ley electoral en 2028 si ella misma desacata una sentencia firme y ejecutoria en dos jurisdicciones? Como dijo Cury: «ha optado por desacatar».
El argumento de que «son fondos públicos y no se pueden embargar» no funciona en Broadway. En Estados Unidos, si usted firma un contrato comercial, usted paga. La inmunidad soberana no cubre un contrato de catering y boletas de béisbol.
LA HERIDA A LA DIASPORA
El dominicano en el exterior es el que más sufre con la JCE. Hace filas de 4 horas en el consulado para renovar una cédula, paga tasas altas, y ahora se entera de que la oficina que debía facilitarle el voto está en proceso de ser vaciada por una deuda de un evento de pelotas.
El mensaje que se manda a Nueva York es nefasto: el Estado dominicano te invita a registrarte para votar con bombos y platillos, contrata una fiesta, no la paga, y luego deja que le embarguen la oficina donde tú ibas a sacar tu documento. Es el populismo en su peor versión: mucho show en el Citi Field y poco compromiso con el pago y la gestión.
LA HERIDA DE LA GESTION
¿Quién autorizó un contrato de un millón de dólares por boletas y almuerzos? ¿Bajo qué licitación? ¿Qué estudio de mercado justificaba pagar 600,000 dólares por 15,000 boletos y campaña? ¿Dónde está el informe de cumplimiento? Si se pagaron 230,000, ¿quién certificó que el servicio no se completó? Y si se completó, ¿por qué no se pagó?
Este caso huele a lo que tanto nos avergüenza: la cultura del «deja eso así». Firmamos, hacemos el bulto, y después que el otro reclame. Pero Latin Events reclamó, y en Nueva York, a diferencia de República Dominicana, reclamar funciona.
LO QUE DEBE PASAR AHORA
La JCE no puede seguir en silencio. Ese «hasta el momento la JCE no ha reaccionado» del comunicado es insostenible.
Primero, debe pagar si debe. Si la deuda es legítima, que se honre y se deje de acumular intereses diarios que ya van por casi 150,000 dólares adicionales. Cada día de retraso es dinero del contribuyente tirado a la basura. Y que se identifique a los responsables administrativos y legales que permitieron una sentencia en rebeldía. Eso no es un error menor, es una falta gravísima.
Segundo, la Cancillería y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo deben intervenir. No para obstruir a la justicia americana, sino para evitar que el nombre de la República Dominicana aparezca en los listados de subastas del Condado de Nueva York junto a negocios quebrados. Es una cuestión de seguridad jurídica nacional.
Tercero, el Congreso debe pedir cuentas. La Comisión de Dominicanos en el Exterior tiene que citar al Pleno de la JCE. Queremos ver el contrato del 30 de octubre de 2023, queremos ver los comprobantes de pago, queremos ver quién dio la orden de no comparecer en Nueva York.
Porque si hoy embargan sillas y computadoras en Times Square, mañana pueden embargar cuentas, y pasado mañana ningún suplidor serio en Estados Unidos querrá firmar nada con ninguna institución dominicana sin pago por adelantado.
El país crece, como dice uno de los titulares del día. Sí, pero la institucionalidad no crece si seguimos creyendo que las deudas en dólares se olvidan cruzando el Atlántico. La diáspora no merece dos mundos: uno donde le pedimos remesas y votos, y otro donde le cerramos la oficina por no pagar las boletas de un juego de pelota.