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SANTO DOMINGO (EFE).- El movimiento Marcha Verde advirtió hoy de que el expediente del caso Odebrecht, pendiente de someter ante la Suprema Corte de Justicia, no estará completo sin los resultados de una investigación penal sobre el financiamiento ilegal de varias campañas políticas por parte de la constructora.
En concreto, la entidad se refiere a campañas electorales desarrolladas en la República Dominicana de cara a los comicios de 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 y 2016, según un comunicado de prensa, donde se dirige al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.
El movimiento recordó que el exministro de Industria y Comercio y miembro del Comité Político del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Juan Temístocles Montás, reconoció haber recibido dinero de Ángel Rondón, representante de Odebrecht en el país, para financiar las campañas presidenciales de Leonel Fernández (2008) y Danilo Medina (2012 y 2016) en la región Sur.
Según Marcha Verde, el Ministerio Público tiene la obligación de explicar si el publicista Joao Santana, responsable de las campañas de Medina en 2012 y 2016, participó en las campañas electorales dominicanas bajo el esquema de financiamiento ilícito que aplicó junto a Odebrecht en Brasil y otras naciones de la región.
«Al Procurador que no se haga el loco. La investigación penal debe incluir el financiamiento ilegal de campañas electorales, porque ese ha sido el mecanismo usado por Odebrecht en todo el continente y África», apuntó Marcha Verde.
El movimiento organizó hoy un conversatorio sobre «Odebrecht y campañas electorales en RD» en un ambiente de análisis y expectativa ante los siguientes pasos que deberá dar el Ministerio Público en el marco de este proceso.
Por este caso, en el país fueron imputadas 14 personas, entre ellas el destituido ministro Montás, un reconocido dirigente del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición), Andrés Bautista.
Asimismo, el empresario Ángel Rondón, señalado por el Ministerio Público como la persona que recibió y distribuyó los sobornos.
El grupo está acusado de los delitos de sobornos, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pero todos se encuentran en libertad condicional.
