Advierten condenas a periodistas tienen efectos «demoledores»

Maldonado alertó sobre la obligación que existe desde el Estado en otorgar las garantías para el ejercicio de esa libertad, porque sin ello se produce lo que para él es lo más delicado en el ejercicio del periodismo que es la autocensura.

Recordó que cuando el periodista se autocensura normalmente no hay forma de detectarlo, porque no le va a decir a nadie que se ha censurado porque teme que el medio lo despida, o que desde el Gobierno le puedan hacer algo que le perjudique.

Entrevistado por en el programa D’Agenda por Telesistema, el director del periódico El Nuevo Diario explicó que nadie paga con un precio tan alto como el periodista el ejercicio de la libertad, una libertad que no es de ese profesional sino que le pertenece a la sociedad.

Sostuvo que los periodistas lo que reciben es un endoso de parte de la sociedad para ejercer un derecho constitucional que por lo general no lo puede ejercer de manera particular el ciudadano.

«Por eso es que es tan importante que hayan garantías, y un Gobierno democrático, un Estado democrático, tiene que dar esas garantías para el ejercicio de la prensa, porque sin ello se produce lo que para mi es lo más delicado en el asunto de la libertad, que es la autocensura», opinó.

Maldonado aclaró que todo aquel que se siente lesionado en su intimidad por algún comentario que se haga sobre su persona tiene derecho acudir a los tribunales, pero llamó la atención sobre la predisposición que pueda tener un juez en contra de la prensa por considerarla que abusa en su trabajo de denunciar situaciones que no están bien.

«De lo que se trata aquí es de no tener la posibilidad de que alguien, por influencia, por prejuicio, porque no solo está en el que te acusa, puede estar en el criterio de un juez entender que los miembros de la prensa son unos abusadores y que si me llega algo yo te impongo una sentencia», advirtió.

Insistió en que esa es una amenaza contra la libertad, y recordó como actúa la justicia estadounidense para condenar civilmente a un periodista, que toma en cuenta que lo que el periodista haya dicho sea algo falso, que lo haya hecho con el propósito de dañar, y que el daño que se proponía ese profesional se haya concretado.