Maduro y el castrismo: dos alpinistas en una misma cuerda

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EL AUTOR es economista. Reside en Suiza.

Si Nicolás Maduro ha podido seguir usurpando el poder en Venezuela – a pesar del masivo descontento popular y la creciente presión internacional – se lo debe en gran medida a los miles de agentes castristas que, infiltrados en las fuerzas armadas y otras ramas del Estado, vigilan y espían a los cuerpos castrenses venezolanos, a los que proveen adiestramiento para reprimir, empleando la tortura, a los militares dispuestos o proclives a reconocer y sostener al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Por su parte, el régimen castrista podría difícilmente sobrevivir por largo tiempo, en las actuales circunstancias, sin el maná petrolero que ha venido recibiendo de Venezuela desde que Chávez llegó al poder en aquel país.

 Cual dos alpinistas que escalan una montaña ligados a una misma cuerda, los regímenes de Cuba y Venezuela tienen sus destinos atados el uno al otro. Así, pues, si el chavismo colapsa en Venezuela, no se puede descartar que arrastre consigo al castrismo en Cuba.

Es por ello que el desplome económico de la Venezuela chavista, unido al acorralamiento diplomático y financiero a que está sometido hoy el régimen usurpador de Caracas, es capaz de poner en jaque al régimen cubano.

Un suministro de petróleo declinante

El primer elemento a tomar en consideración en el rompecabezas que nos ocupa es el hecho que el suministro de petróleo venezolano a Cuba – algo vital, cabe repetir, para la supervivencia del castrismo – ya no puede darse por descontado. En un lapso de 11 años, la producción de petróleo venezolano ha sufrido una caída de casi 70 por ciento: de 3.2 millones de barriles diarios en 2008, la misma se sitúa en un millón en la actualidad. El abastecimiento de petróleo a Cuba llega apenas a la mitad del nivel de 2012. Y como la producción de petróleo en Venezuela continúa su vertiginoso descenso, los aportes de crudo al régimen castrista están llamados a descender aún más.

Las falacias de los zurdos

Por supuesto, para justificar el descalabro de la economía venezolana, el castrochavismo saca su comodín favorito, atribuyéndolo a una “guerra económica” orquestada por el “imperio”. Con ese subterfugio, los jerarcas del castrochavismo podrán engañar a sus incautos feligreses, pero en realidad ellos están conscientes de que dicho descalabro comienza mucho antes de las sanciones comerciales y financieras impuestas por EE.UU. y tiene su origen y causa en una gestión socialista que ha fracasado por doquier.

Los zurdos invocarán, además, ya lo sabemos, que Maduro es el presidente “elegido por su pueblo”, ocultando aviesamente que las elecciones presidenciales organizadas en mayo del año pasado, en las que él fue declarado ganador, carecen de toda legitimidad: ningún candidato de la oposición de envergadura nacional fue autorizado a participar en las mismas (todos habían sido inhabilitados por una justicia al servicio del poder chavista) y las cifras de participación fueron escandalosamente abultadas y manipuladas por un Consejo Nacional Electoral totalmente desacreditado nacional e internacionalmente, compuesto en su totalidad por vasallos del castrochavismo.

De ahí que decenas de países de América y Europa, y no precisamente los menos importantes, hayan decidido rechazar y no reconocer esos resultados provenientes de un gobierno ilegítimo (como el de Nicolás Maduro) y brindar su apoyo a quien le corresponde ejercer la función de presidente interino de Venezuela en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional, es decir, a Juan Guaidó.

A los zurdos les encanta igualmente aducir que hay que dejar a los venezolanos resolver ellos solos sus problemas, sin ningún tipo de “injerencia externa”. Parecen haber olvidado que la injerencia existe desde hace tiempo; la misma no es otra que la del régimen castrista y sus miles de agentes operando en Venezuela.

Más aun, en esa Venezuela castrochavista, las armas y los verdugos están de un lado, los muertos y torturados, del otro. En un caso como ése, le toca a la comunidad internacional asumir el principio de la “responsabilidad de proteger”, adoptado en 2005 por las Naciones Unidas, aplicable cuando un Estado es el autor de crímenes contra su propio pueblo (como ocurre actualmente en Venezuela).

Las sanciones secundarias de EE.UU.

Continuando con el tema de este artículo, conviene señalar que, a fin de aumentar la presión en contra de la camarilla que usurpa el poder en Venezuela, el gobierno de EE.UU. contempla imponer sanciones financieras a las empresas que faciliten la exportación de petróleo venezolano a Cuba.

Ese tipo de sanciones, conocidas en la jerga jurídico-económica con el nombre de “sanciones secundarias” (pues no se aplican directamente al régimen que se pretende presionar, sino a las empresas y gobiernos que negocien con el mismo) han dado muestras de su efectividad. A guisa de ejemplo, cabe recordar que no son pocas las empresas europeas que se han retirado de Irán o se abstienen de comerciar con el régimen de los ayatolas, por temor a verse afectadas por las sanciones financieras impuestas por EE.UU. contra los países y empresas que negocien con dicho régimen. Asimismo, las sanciones secundarias impuestas por EE.UU. a firmas que negocian con el régimen de Nicolás Maduro han empezado a impactar la economía venezolana.

El Inciso III de la ley Helms-Burton

La incertidumbre con respecto al suministro de petróleo proveniente de Venezuela no es lo único capaz de quitarles el sueño a los jerarcas del castrismo. El gobierno de EE.UU. ha manifestado su intención de utilizar – en represalia por el sostén que La Habana sigue brindándole a Maduro – lo que podría transformarse en un “arma de disuasión masiva” contra el régimen castrista, es decir: poner en aplicación el Inciso III de la ley Helms-Burton, promulgada en 1996 durante la presidencia de Bill Clinton.

 El inciso en cuestión, que los presidentes anteriores a Donald Trump se abstuvieron de aplicar, permite a los ciudadanos y empresas de EE.UU. (incluyendo a los cubanoamericanos) reclamar indemnización, ante los tribunales de ese país, por las expropiaciones realizadas por el régimen castrista a su llegada al poder a mediados del siglo pasado.

Que quede claro: las demandas de indemnización suelen durar años antes de ser dirimidas por la Justicia. Pero no por ello es menor el efecto disuasivo inmediato de ese tipo de conflictos: si el presidente Trump llega a poner en práctica tal disposición legal, las empresas tanto de EE.UU. como de terceros países lo pensarían más de una vez antes de invertir en Cuba y embarcarse en costosísimos gastos judiciales en EE.UU., amén de correr el riesgo de tener que pagar, en un futuro, indemnizaciones a los antiguos propietarios de empresas ligadas a las que contemplan adquirir.

Así, pues, en caso de activación del famoso Inciso III, las perspectivas de inversión extranjera – que el régimen castrista necesita y busca con un marcado desespero – se ensombrecerían considerablemente.

No tiene nada de sorprendente que, oliendo el peligro, los jerarcas de La Habana se hayan apresurado a proponerle a EE.UU. negociaciones con respecto a los reclamos de propiedades.

Un desafío al castrismo

 Por todo ello, los jerarcas del castrismo tendrán que hilar fino y evaluar si el beneficio (en términos de suministro de petróleo) que derivan de seguir ayudando a Nicolás Maduro es superior, o por el contrario inferior, al costo económico y financiero que tal actitud puede acarrear en términos de la aplicación del Inciso III de la ley Helms-Burton y de eventuales sanciones secundarias contra el transporte de petróleo venezolano a Cuba.

Empleando el símil del alpinismo, el régimen cubano tendrá que sopesar si no sería mejor para ellos cortar la soga que lo liga a Nicolás Maduro antes de despeñarse junto a él.

Permanecer ligado al usurpador de Miraflores o romper mediante un oportuno sálvese quien pueda las ataduras con Maduro, es la cuestión existencial, hamletiana, a la que tendrá que responder el régimen castrista y su nuevo presidente, Miguel Díaz-Canel.

Las opciones del régimen cubano

 Queda la cuestión práctica clave: ¿cuáles son las cartas que podría jugar (aún) La Habana con respecto al régimen de Maduro? No muchas, a decir verdad.

 El régimen castrista podría abandonarlo simple y llanamente, repatriando a Cuba a sus miles de agentes y esbirros radicados hoy en Venezuela. Ya hizo algo semejante en el caso de Granada en 1983, cuando el presidente Reagan decidió terminar militarmente con la influencia castrista en esa isla y Fidel Castro no tuvo más remedio que repatriar de prisa y corriendo a sus agentes instalados en aquel país. El problema es que la ecuación no es la misma: a diferencia de la Venezuela chavista, Granada no aportaba nada o poco a La Habana en el plano económico. La opción de abandonar Venezuela con la cabeza baja es además harto humillante, por lo que el castrismo la evitará en la medida de lo posible.

 Como segunda alternativa, el régimen castrista podría tratar de jugar el papel de mediador en la formación de un gobierno de transición en Venezuela, papel similar al que desempeñó en las negociaciones entre la guerrilla colombiana y las autoridades de Bogotá. Aquí también surge un problema, pues el castrismo se ha comprometido tan descaradamente con el régimen de Maduro que le sería imposible pretender asumir el papel de intermediario entre el chavismo usurpador y los representantes legítimos de Venezuela.

 Al régimen cubano sólo le queda por explorar una tercera opción, a saber: tomar la iniciativa de promover tras bastidores la salida de Maduro y su camarilla y tratar de instalar un gobierno de transición en el que los intereses de La Habana (en términos de suministro de petróleo) puedan ser preservados, siquiera mínimamente.

La crisis del chavismo es la primera gran prueba que confronta el flamante presidente cubano Miguel Díaz-Canel, designado a dedo por la jerarquía castrista. Nadie puede aún vaticinar la posición que frente a Maduro finalmente adoptará. Lo que sí puede darse por sentado es que de esa posición dependerá en gran medida la viabilidad económica y supervivencia política del régimen que le ha tocado presidir.

 

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