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CARACAS.- El presidente Nicolás Maduro prometió medidas draconianas contra quienes pretendan sabotear las elecciones municipales convocadas para diciembre, a las que la mayoría de partidos de oposición ha anunciado que no se presentará por no confiar en las garantías del proceso.
“Voy a ser draconiano en la aplicación de la ley y voy a exigir como jefe de Estado la aplicación draconiana a quien sea”, dijo Maduro tras una reunión con 22 de los 23 gobernadores elegidos en las regionales del pasado 15 de octubre.
El gobernador restante, el opositor Juan Carlos Guanipa del estado occidental del Zulia, ha sido despojado de su cargo por no aceptar juramentarse ante la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente (ANC) instaurada por el oficialismo, como se le exigía como condición previa a asumir su puesto.
“Me declaro en batalla contra los que pretenden insurreccionar y enfrentar el sistema electoral venezolano. En batalla legal, constitucional, política, electoral. Que lo sepan los que tienen que saberlo”, afirmó Maduro en presencia de los 22 gobernadores investidos.
Maduro recriminó a quienes han denunciado graves irregularidades y manipulación de resultados en las elecciones regionales que “por cuestiones oportunistas” ataquen al Consejo Nacional Electoral (CNE), y se comprometió a hacer “justicia” para quienes “pretenden desde hoy vulnerar el proceso electoral”.
“Bastantes cupos en las cárceles hay para los criminales que pretenden incendiar Venezuela otra vez”, concluyó Maduro, que se comprometió a aplicar “puño de hierro ante quienes quieran romper la paz del país”.
No acudirán a elecciones municipales
El grueso de partidos de la oposición ha anunciado hoy que no acudirá a las elecciones municipales, al no ver posibilidad de unos comicios justos tras lo ocurrido en la contienda regional del pasado día 15, cuando señalaron numerosas maniobras para favorecer al oficialismo.
Otro de los motivos para no presentarse es la condición impuesta por Maduro a todos los cargos electos de subordinarse ante una Constituyente que la oposición y buena parte de la sociedad civil y de la comunidad internacional consideran ilegítima y no reconocen.