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Puerto Príncipe, 15 jun.- Pese a que en los recientes discursos el presidente Jovenel Moise insistió en relanzar la agricultura, piedra angular de la economía nacional, organizaciones lamentan hoy la baja partida económica para el sector.
La nueva Ley de Finanzas presentada a inicios de este mes otorgó al ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural, unos seis mil 700 millones de gourdes (casi 61 millones de dólares), lo que representa un 3,4 por ciento del presupuesto nacional.
En sus últimas intervenciones públicas el jefe de Estado advirtió de una posible hambruna generada por la crisis de la Covid-19, que paralizó las actividades económicas y agrícolas, y llamó a potenciar la siembra de ciclos cortos para limitar la escasez de alimentos, ante la baja producción a nivel internacional.La organización Promoción para el Desarrollo cuestionó la supuesta falta de voluntad de las autoridades estatales para hacer frente a la hambruna y la degradación del medio ambiente en el territorio nacional.
Según el organismo, las bajas asignaciones presupuestarias, otorgadas a los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente (0,6 por ciento), «muestran claramente lo lejos que estamos realmente de lograr la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible», rubricaron en un comunicado.
Instaron al gobierno a reconocer que las prioridades del momento son la agricultura, el medio ambiente, la salud y la seguridad, tras el deterioro de las condiciones de vida de la población, y la crisis sanitaria provocada por la Covid-19.
El pasado 5 de junio, luego de tres años con un presupuesto rectificativo que no se ajustaba a la realidad, el Consejo de Ministros aprobó una Ley de Finanzas de unos 198 mil 700 millones de gourdes (mil 806 millones de dólares), que privilegia al ministerio de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones con una partida de 26 mil millones de gourdes (unos 236 millones de dólares), poco más del 13,1 por ciento del total.
Otros sectores beneficiados son el de intervención pública y salud, con 208 millones de dólares y 196 millones, respectivamente.
Sin embargo, expertos catalogaron el ejercicio financiero divulgado cuatro meses antes del fin del año fiscal, es inconstitucional, al no contar con la aprobación del Parlamento y el Tribunal de Cuentas.
of-am