SANTO DOMINGO.-El jurista Julio Cury advirtió que los gravámenes contenidos en el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el próximo año violan la Constitución y la Ley núm. 423-06, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.
Cury manifestó que el impuesto del 8% sobre las ganancias extraordinarias que hayan obtenido las empresas por los efectos del estado de emergencia y el COVID-19 durante el 2020, entre las que estarían los supermercados, farmacias y laboratorios, constituye una “masacre” a los principios de irretroactividad de la ley y seguridad jurídica consagrados en el art. 110 constitucional.
“El pretendido impuesto sobre las denominadas ganancias extraordinarias supone una gravísima perturbación a las obligaciones previstas en el vigente Código Tributario, y la garantía constitucional de la irretroactividad de la ley se traduce precisamente en la previsibilidad y certeza, como ha considerado nuestro Tribunal Constitucional, de que ningún cambio posterior en el ordenamiento jurídico puede alterar derechos adquiridos o situaciones jurídicas constituidas al amparo de leyes anteriores”, expuso, en un comunicado de prensa.
Señaló que al tratarse de imponer un tributo que a la fecha no existe, estaría reconociéndosele implícitamente a la Ley de Presupuesto General del Estado del 2021 la vocación de retro actuar y surtir efectos sobre las utilidades netas obtenidas durante el 2020, lo que dijo es constitucionalmente imposible.
“La situación jurídica de los contribuyentes sujetos al pretendido gravamen sería afectada, vulnerándoseles la seguridad jurídica, previsibilidad y certeza normativa, principio jurídico consustancial a todo Estado de Derecho que resguarda a los ciudadanos de los perjuicios que a sus obligaciones y derechos puedan ocasionarles las arbitrariedades o caprichos de las autoridades”, indicó.
En cuando al impuesto del 3% sobre las compras realizadas en moneda extranjera con tarjetas de débito o crédito, dijo que al introducirse a través de la Ley de Presupuesto General del Estado para el año venidero se inobservaría la prohibición tajante de la Ley Orgánica de Presupuesto, norma a la que, según sostuvo Cury, debe sujetarse la aprobación de los respectivos presupuestos de ingresos y gastos anuales.
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