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Santo Domingo, 8 sep .- Un juez dominicano declaró inadmisible un recurso presentado por uno de los imputados en el país por los sobornos admitidos por la brasileña Odebrecht, y que buscaba que se le redujera el monto de la fianza de 20 millones de pesos (unos 419.000 dólares), informó hoy la Procuraduría.
El recurso fue presentado por el exsenador y exdirector del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados (Inapa) Roberto Rodríguez, favorecido el pasado 14 de agosto con la libertad bajo fianza tras poco más de dos meses en arresto domiciliario.
El imputado, del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición), buscaba ahora que se le redujera la fianza, pero el juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, lo declaró inadmisible debido a que aún está abierto el plazo para apelar la decisión tomada a su favor.
De acuerdo con un comunicado de la Procuraduría General, los abogados del imputado interpusieron el recurso alegando que el exsenador «no tiene la disponibilidad de efectivo suficiente para pagar la prima equivalente para la cobertura de dicha garantía económica por tener sus cuentas bancarias congeladas, y que por ello tampoco califica para tomar un préstamo bancario para cubrir la misma».
La constructora brasileña aseguró haber pagado en la República Dominicana 92 millones de dólares en concepto de sobornos entre 2001 y 2014 para acceder a obras públicas en el país.
Además de Rodríguez, por el caso fueron imputadas otras 13 personas, entre ellas el ahora exministro de Industria y Comercio Temístocles Montás, del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y el presidente del PRM, Andrés Bautista, ambos en libertad condicional bajo fianza desde el pasado 11 de julio tras un mes en prisión preventiva.
En prisión se encuentran el empresario Ángel Rondón, señalado por el Ministerio Público como la persona que recibió y distribuyó los sobornos, y el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, un importante dirigente del PLD.
El resto de involucrados tiene impuestas distintas medidas de coerción, mientras las autoridades se concentran ahora en ampliar las investigaciones, que deberán concluir en unos seis meses, según la decisión del juez a cargo. EFE
mf/eat
