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Uno de nuestros grandes males ancestrales es el de la tardanza o distracción en que incurren muchas veces los responsables de garantizar el cumplimiento y aplicación de las normas y leyes que nos rigen en el país. A la Junta Central Electoral, con buena imagen y buen nivel de credibilidad, le acaba de pasar en el proceso de elección municipal de febrero.
Cuando de un oportuno cumplimiento del mandato de la ley se trata, aquí no cabe ni aplica aquello de que: “Es mejor tarde que nunca”. La ley es para cumplirla y hacerla cumplir en todo momento, sin excusa, desde que entra en vigor.
Al respecto, el organismo responsable de organizar y arbitrar los procesos electorales prohíbe ahora por resolución 18-2024, y con miras a los comicios presidenciales y congresuales de mayo próximo, lo que ya estaba prohibido por la ley 20-23, del Régimen Electoral, y que, para nada, hizo cumplir en el torneo de febrero para elegir a los alcaldes y regidores a nivel nacional.
Había que estar ciego, muy distraído o un tanto sesgado, para no advertir -y darle un corte radical en algún momento- el activismo político y el mercado persa que desde temprano se llevaba a cabo, a las claras e incluso en casetas instaladas para la ocasión, en los frentes o en las cercanías de distintos centros de votación.
Mal podría decirse que esto es un simple “ruido” o un “pataleo” de la oposición, cuando fue algo que, además de visto por los ciudadanos que acudían a ejercer el sufragio y denunciado por representantes de distintos partidos, lo comprobaron y recogieron en el informe que rindieran los observadores internacionales y los veedores locales que dieron seguimiento al evento electoral.
El asunto no es solo recordar que algo está prohibido por ley, como hizo la JCE en febrero, sino estar vigilante y en capacidad de actuar, de corregir y de sancionar (procurador, fiscales y policías electorales), si hay violaciones a la vista.
La JCE no puede poner en juego su credibilidad y tiene que garantizar, con hechos, un sano proceso, donde la democracia fluya y la voluntad de la mayoría en las urnas -sin dinero ni manejos de por medio- sea lo que prime.
Nota: A los uniformados al cuidado de los colegios deben agregar otros solo para vigilar y controlar el entorno.
jpm-am
