Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
La escuela pública ¿quién la defiende?
EEUU retira la autorización a las ventas del petróleo de Irán
COE coloca 8 provincias y el Distrito Nacional en alerta verde
ASIEX aboga por una reforma consensuada a Ley Residuos
PC rechaza extender entrada en vigencia el nuevo Código Penal
Fuerza haitiana para Represión de Pandillas cumple objetivos
Reducen en Haití el precio de los principales combustibles
Acuerdan buscar solución pago con tarjetas en gasolineras RD
Haití recuerda este 7 de julio asesinato del presidente Moise
Irán dice no negociará acuerdo final con EU por las amenazas
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Junta Central Electoral (JCE) someterá a la justicia a 132 extranjeros, cuya nacionalidad no ha sido revelada de momento, por presunta falsedad y suplantación de identidad.
En nota enviada este lunes por el tribunal a ALMOMENTO.NET, informa que para mediado de mes, la auditoria al Registro Civil dominicano llegará a 21 mil 300 casos de extranjeros de los 60 mil 850 mil que fueron inscritos desde 1929.
Dentro de ese total están los 132 que serán sometidos a fin de que la instancia judicial determine el nivel de responsabilidad de los beneficiados con la inscripción en el Registro Civil.
Roberto Rosario, presidente de la JCE y César Félix, de la Comisión de Oficialía, se reunieron este lunes con representantes de agencias internacionales y diplomáticos acreditados en el país para informales sobre la evolución de la auditoría.
Lorenzo Jimenes de Luis, representante de las Naciones Unidas en el país, dijo que la reunión sirvió para aclararles dudas de cómo marchaba el proceso de auditoría y dijo estar satisfecho con el intercambio que tuvo con las autoridades de la Junta.
En tanto que Cy Winter, de la Oficina Internacional para las Migraciones, dijo que hicieron la solicitud de reunión al presidente de la JCE como manera de dar seguimiento a la depuración de casos que realiza esa institución por orden de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y de la ley 169-14.
