Un total de 263.282 salvadoreños se beneficiaron hasta finales de 2016 de este permiso, que les fue concedido en 2001 a quienes estaban en Estados Unidos tras los devastadores terremotos de enero y febrero de ese año y también fue otorgado años antes a quienes huyeron tras el estallido de la guerra civil del país.
«Congreso, arréglalo ahora», entonó el activista Jaime Contreras, del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios (SEIU), que lideró una marcha improvisada sobre la medida, apenas una hora después de que se oficializara la cancelación del TPS por parte del Ejecutivo que preside Donald Trump.
Rodeados de inmigrantes procedentes de distintos países y que se sienten amenazados por las políticas migratorias tomadas por Estados Unidos desde enero de 2017, Contreras y otras organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes entonaron consignas contra el mandatario.
Trump ya había cancelado recientemente los permisos temporales que también fueron otorgados a haitianos y nicaragüenses, así como el programa de Acción Diferida (DACA), que protegía de la deportación a los jóvenes indocumentados que llegaron como niños a Estados Unidos.
Esta deriva implica que la eliminación del TPS para los salvadoreños no sea «una sorpresa» para Contreras, que dijo que «después de escuchar la retórica» de Trump como candidato, «ahora es una realidad».
El Gobierno concedió un plazo de 18 meses tras la expiración el próximo marzo para que los salvadoreños «puedan preparar su partida», un lapso que -según Contreras- los legisladores deberán de aprovechar para dar una solución permanente a los migrantes afectados.
La organizadora de la asociación CASA, Sara Ramírez, dijo que Estados Unidos había provocado «la desgracia» en las vidas de los salvadoreños «tepesianos» -portadores de TPS- con su involucración durante la guerra civil en El Salvador y pidió a Trump que aprendiera «un poco de historia».
El TPS se creó en la presidencia de George H.W. Bush (1989-1993), cuando el Congreso estableció un procedimiento que permite al Gobierno otorgar, de manera extraordinaria, un permiso temporal de residencia y trabajo a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos, epidemias o desastres naturales.

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