Hechos probados en el caso Baninter

Por CARLOS SALCEDO

Las imputaciones del Ministerio Público, del Banco Central, la Superintendencia de Bancos y Baninter contra Ramón Báez Figueroa, Marcos Báez Cocco, Vivian Lubrano Carvajal de Castillo y Luis Álvarez Renta fueron probadas prácticamente en su totalidad. Por ello es que estos fueron condenados, por violación a Ley Monetaria Financiera, Ley General de Bancos, abuso de confianza y lavado de activos.

Siendo fiel a la sentencia debemos recordar que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, lo cual fue ratificado por la Tercera Sala de la Corte de Apelación Penal del Distrito Nacional, dio como hechos probados, entre otros, que en Baninter operaba una doble contabilidad, de ahí que la totalidad de las operaciones del banco no eran reportadas a la Superintendencia de Bancos, a sus auditores externos, como a ninguna otra autoridad.

De hecho el Panel de Expertos Internacionales en materia bancaria rindió un informe en el que indicaba que el mecanismo a través del cual se ocultó el fraude fue denominado en su acepción común “banco paralelo” o “contabilidad paralela”, y no es otra cosa que un artilugio informático y contable para ocultar a las autoridades y al público en general una parte significativa de las operaciones del banco, que en el caso de Baninter alcanzaban, al momento de su intervención, aproximadamente a dos veces la parte visible del banco. En realidad, resultó ser más de tres veces de lo que se reportaba a las autoridades monetarias y financieras.

Este mecanismo de contabilidad paralela fue denominado por las autoridades del Baninter como «Interbanco”, un sistema informático contable. Para ello se instaló otro equipo donde estaba una copia exacta del sistema que operaba Baninter, donde se registraban ingresos y gastos.

Tal como lo indican los jueces, se pudo determinar que este sistema fue utilizado para ocultar gastos y la descapitalización, evadir el mantenimiento de las reservas requeridas por el encaje legal, financiar negocios y actividades de vinculados, pagar una abultada nómina a los principales ejecutivos y mantener el nivel de gastos millonarios, entre otros destinos.

El sofisticado sistema ideado fue creando diversas cuentas corrientes utilizadas, con las denominaciones sucesivas de ‘Consultoría Externa’, ‘Inversiones Empresariales’, ‘Finanza Empresarial’, ‘Cuenta de Resultado’. Esta última cuenta acumula el registro histórico de las operaciones que originaban sobregiros fuera de los libros oficiales del Baninter, el cual habría alcanzado a RD$48,789 millones al 21 de marzo de 2003.

Un testigo experto, como lo fue el Lic. Luis Emilio Aurich, a quien el tribunal le dio entera credibilidad, sostuvo en el juicio que Interbanco era un balance general de contabilidad, cuyas cuentas tenían las siguientes características:  1ro. tenían balances en sobregiros; 2do. las cuentas estaban ligadas a las cuentas de préstamos; 3ro. cada cuenta de préstamo estaba ligada a cuentas de depósitos de clientes.

De igual forma, varias empresas vinculadas se beneficiaban de este producto, sin que existiese constancia de que la facilidad haya sido aprobada por el Comité de Crédito, ni se haya realizado ningún pago con cargo a las cuentas de préstamos, porque simplemente era un artificio para extraer dinero del banco.

De hecho, el 3 de marzo del año 1995 fue creada una cuenta denominada Caribesa, marcada con el núm. 0-003252-00-0, manejada por el vicepresidente ejecutivo de operaciones (Marcos Báez Cocco), que era tratada como una cuenta interna-intermedia, interna porque fue abierta internamente, no por un cliente depositante, e intermedia porque se utilizaba como intermediaria para, a través de la misma cubrir sobregiros en cuenta corriente.

Los fondos requeridos por esta cuenta provenían de las siguientes fuentes: a) certificados de depósitos; b) cuentas de ahorros; y c) cuentas corrientes. A tales fines el computador, automáticamente, al final de cada día, seleccionaba certificados de depósitos de clientes por los importes requeridos, para cubrir el importe total de los préstamos que iban a ser cubiertos a través de ella en el día.

Efectuada la selección transfería y acreditaba los importes de los mismos a la referida cuenta. Provistos los fondos requeridos, los importes de los préstamos otorgados quedaban cubiertos; aunque el importe de estos certificados era descargado del libro auxiliar de clientes y de la contabilidad del banco oficial, y con todos sus datos permanecían en el auxiliar del cliente bajo estatus llamado condición especial TE (trato especial), que le permitían mantener control sobre los mismos, permaneciendo estos fondos en la cuenta Caribesa ligados (comprometidos) con los préstamos otorgados.

La implementación de estos productos estaba dirigida a permitir la adquisición y financiamiento de las operaciones de empresas relacionadas con el Grupo Intercontinental y con su presidente Ramón Báez Figueroa, presentando estas empresas en sus cuentas balances en sobregiro que posteriormente fueron puestas en cero tras ser acreditado el monto del mismo contra débito a la cuenta Consultoría Externa.

Igualmente, el vicepresidente ejecutivo de operaciones (Marcos Báez Cocco) autorizaba la aplicación de cargos para cancelar sobregiros y por conceptos múltiples. Pero todos estos cargos producían enormes sobregiros en la misma, los que eran cubiertos con fondos provenientes de cuentas de ahorros, cuentas corrientes, la creación de cuentas corrientes y de ahorros para el pago de cheques de administración emitidos y cheques certificados.

De igual forma, la sentencia de condena también da como probadas todas las operaciones de adquisiciones de activos con dinero de los depositantes, relacionadas con Gaperan (gastos personales Ramón), Bacosa (Báez Cocco), Inmobiliaria Intercontinental, Aster, Telecentro, Canal 27, Intercontinental de Medios, Supercanal, Radiodifusoras Centrales, Radio Mil, Radio Azul, Yate Patricia y otras empresas y bienes, las que sumaron  RD$18,743 millones de pesos, que fue el monto al que el tribunal condenó a Ramón Báez a favor del Baninter, en liquidación.

Gaperan, S.A. era en realidad una entidad no constituida legalmente, a la que, el 28 de febrero de año 1996, se le aperturó una cuenta corriente en el Banco Intercontinental sin que se registrara firma autorizada a girar contra la misma. El tribunal pudo inferir que se trataba de una cuenta aperturada a favor de Ramón Buenaventura Báez Figueroa, por el concepto de los cargos que le fueron aplicados. Dicha cuenta se manejaba en sobregiro, sin recibir depósito alguno, presentando al 31 de enero de 2003, un balance en negativo ascendente a mil diez y nueve millones.

Bajo la denominación RBF (Ramón Báez Figueroa) se instrumentaron numerosos préstamos en Baninter, en diferentes fechas y montos, los cuales fueron cancelados el 12 de marzo de 2003; destacándose entre estos, aquellos destinados a cubrir los montos señalados en el párrafo precedente.

Todas estas operaciones analizadas estaban dirigidas a ocultar de las autoridades aquellas transacciones realizadas inobservando las previsiones legales establecidas y el impacto de las mismas en la situación financiera del Banco, el cual, al mes de marzo de 2003, presentaba un balance en negativo ascendente a cuarenta y ocho mil seiscientos treinta y nueve millones novecientos treinta y dos mil trescientos ochenta y ocho pesos con cuarenta y siete centavos (RD$48,639,932,388.47).

Res non verba. Estos son hechos probados y no palabras. De esta manera contribuimos a recordarle a Ramoncito y al país parte de lo que motivó su condena y el terrible impacto ocasionado por sus conductas y la de sus socios delictivos, debidamente reprimidas por la justicia dominicana.