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POR RAMÓN JIMÉNEZ CANELA
La devastación causada por los terremotos del 24 de junio de 2026, sumada a la urgente necesidad de un cambio en el panorama político, ha impulsado un firme clamor internacional para que se levanten las sanciones contra la República Bolivariana de Venezuela.
La tragedia natural se ha convertido en el principal motor de los llamados a aliviar estas restricciones financieras, con el fin de no obstaculizar la llegada de ayuda vital. Ante la emergencia, el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, emitió una licencia que suspende temporalmente algunas de las medidas económicas. Esta autorización, vigente hasta el 23 de octubre de 2026, permite las transacciones bancarias y financieras relacionadas estrictamente con las operaciones de socorro. Sin embargo, no implica un levantamiento permanente ni el desbloqueo de los activos que el Estado venezolano mantiene congelados en el exterior.
Ante este escenario, organizaciones como el Center for Economic and Policy Research (CEPR) han criticado que, a pesar de la catástrofe, el grueso de las restricciones se mantenga. Se señala que, históricamente, las sanciones norteamericanas han entorpecido la ayuda humanitaria en otros desastres, por lo que el gobierno de EE. UU. debería levantarlas por completo para permitir una respuesta verdaderamente efectiva.
Por su parte, la Unión Europea confirmó que mantendrá sus sanciones selectivas vinculadas a la situación política, pero reforzó su asistencia humanitaria mediante el envío de equipos de rescate y suministros a través de su Mecanismo de Protección Civil. La Comisión Europea ha dejado claro que la ayuda humanitaria se maneja como un asunto estrictamente separado de las sanciones políticas.
