Fusión Agricultura–IAD amenaza la producción agrícola 

POR ROBERTO VERAS

La fusión del Ministerio de Agricultura con el Instituto Agrario Dominicano (IAD) perfila un año difícil para la producción agrícola nacional, debido a la pérdida de programas fundamentales que durante décadas sirvieron de soporte directo a los parceleros en distintas demarcaciones del país. Esta integración, lejos de fortalecer el acompañamiento técnico, ha generado vacíos operativos que impactan de manera negativa la planificación y ejecución de las siembras.

Uno de los principales aportes del IAD era la presencia permanente de un técnico agrícola en las zonas parcelarias, encargado de orientar a los productores sobre el momento oportuno para sembrar cada rubro. Esta asistencia técnica permitía optimizar los ciclos productivos, reducir pérdidas y garantizar mejores rendimientos, especialmente entre los pequeños y medianos agricultores.

Además de recomendar las fechas adecuadas de siembra, los técnicos del IAD conocían con precisión cuándo debía aplicarse el abono a la tierra, de acuerdo con el tipo de cultivo y las condiciones del suelo. Ese conocimiento práctico y territorial resultaba clave para mantener la fertilidad de los terrenos y asegurar cosechas sostenibles a lo largo del tiempo.

Con la fusión, muchos de esos técnicos especializados se encuentran actualmente sin funciones definidas dentro del Ministerio de Agricultura. La falta de integración real de su experiencia y la paralización de los programas que ejecutaba el IAD han dejado a los parceleros sin el acompañamiento técnico que históricamente recibían.

Esta situación genera incertidumbre en el campo, ya que los agricultores se ven obligados a tomar decisiones importantes sin la debida orientación profesional. En un contexto de cambios climáticos, altos costos de insumos y mercados inestables, la ausencia de asistencia técnica incrementa los riesgos para la producción agrícola.

Asimismo, la no aplicación de los programas del antiguo IAD representa un retroceso en las políticas de apoyo al sector reformado, que dependía en gran medida de ese respaldo institucional para sostener su productividad y garantizar la seguridad alimentaria en las comunidades rurales.

En consecuencia, si no se corrige esta situación y no se reactivan de manera efectiva los programas de asistencia técnica, el país podría enfrentar un año complejo en términos de producción agrícola, con impactos directos en los parceleros, en el abastecimiento de alimentos y en la economía rural en general.

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