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PUERTO PRÍNCIPE.- El fiscal Jacques Lafontant dijo que llevará ante la justicia a los implicados en actos de corrupción por los cuales Haití perdió 500 millones de gourdes (poco más de cuatro millones de dólares).
El comisario de Gobierno de la capital incluso convidó a los sospechosos a desistir de huir del país y amenazó con que serán perseguidos por las autoridades.
La víspera, la Unidad de Anticorrupción (ULCC) presentó 10 informes que analizaron la gestión de entidades gubernamentales y en los cuales registró actos de malversación de bienes públicos, adquisiciones ilegales, mala gestión, abuso de autoridad y otros delitos en instancias como la Policía, ayuntamientos locales, centros educativos e incluso entidades judiciales.
El director general de la ULCC, Hans Jacques Ludwig Joseph, aseguró que su entidad seguirá desenmascarando a los corruptos «que torpedean el Tesoro y asfixian los esfuerzos de desarrollo económico y social del país».
IRREGULARIDADES EN GESTIÓN POLICIAL DE LEON CHARLES Y EN LOTERIA
El organismo encontró irregularidades en la gestión del exdirector general de la Policía, Leon Charles, que en tres meses dejó un déficit de 18 millones de gourdes (más de 153 mil dólares) en pagos a efectivos ya jubilados o despedidos.
También acusaron a la exdirectora de la Lotería Nacional de Haití Marie Magareth Fortuné, por firmar un contrato de concesión que generó una pérdida equivalente a 269 millones de gourdes (poco más de dos millones de dólares), además, supuestamente desfalcó junto a su hermano 40 millones 940 mil gourdes (casi 350 mil dólares).
Los informes denunciaron, asimismo, que la alcaldía de Saint Raphael (norte) pagó a una compañía más de dos millones de gourdes (más de 17 mil dólares) para construir un terreno de fútbol y una biblioteca que no se concretaron, mientras una escuela en Mirebalais malversó un importe similar al declarar una matrícula menor.
El Sector Democrático y Popular, aliado del actual Gobierno, pidió que todos los agentes del Estado y comunidades territoriales señalados en los últimos informes de la ULCC deben ser puestos a disposición de la justicia por el primer ministro, Ariel Henry.
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PL-221