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NUEVA YORK.- El congresista de origen dominicano, Adriano Espaillat, y sus colegas Verónica Escobar y Raúl Ruiz lideraron una carta dirigida al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional, Joseph V. Cuffari, firmada por 33 miembros del Caucus Hispano, mediante la cual hacen un llamado a que se realice una investigación inmediata sobre las alegaciones de que profesionales médicos en una instalación de ICE en Georgia llevaron a cabo procedimientos serios en migrantes detenidos.
“Las acusaciones detalladas en esta reciente denuncia hecha por un informante, que es un profesional médico experimentado, son creíbles e ilustran un ambiente de maldad que es familiar en la historia”, dijo Espaillat.
Agregó que «es como si ICE y la Administración Trump decidieran importar su versión retorcida de la inhumana ‘Política de un solo hijo’ de China, pero dirigida a los inmigrantes como una forma burda de control de la población».
“Esto no es lo que defendemos; nosotros somos mejores que esto como país. Aunque nuestro sistema de inmigración nunca ha superado las críticas, nuestra nación ha demostrado que puede recibir calurosamente a los inmigrantes. Pero bajo esta administración, nos hemos desviado de los principios salvadores, la supervisión necesaria y el sentido de humanidad que han caracterizado positivamente nuestros procesos de inmigración y nos han convertido en líder mundial en derechos humanos. Este informe es profundamente preocupante y, si se demuestra que es cierto, las acusaciones contra ICE en esta denuncia mancharán para siempre el alma de nuestra nación, una que solo podemos esperar limpiar con transparencia, reforma y, si corresponde, cargos penales», expresó.
En la carta, los miembros exigieron que el Departamento de Seguridad Nacional y el ICE proporcionen al Congreso toda la información relacionada con la reciente denuncia del informante. Asimismo, instan al Inspector General de dicha agencia a realizar una investigación exhaustiva de la denuncia y la conducta que se alega en ella.
Específicamente, la carta solicita que la OIG también investigue si se trata de un caso aislado o si esta práctica se implementa en otros centros de detención, y solicita que la OIG revise cuándo los contratistas de ICE y LaSalle tuvieron conocimiento de estas prácticas, cómo se enteraron y qué acciones, si las hubo, tomaron.