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SANTO DOMINGO.- La audiencia para conocer las medidas de coerción a los acusados de la supuesta red de corrupción administrativa del caso Calamar fue aplazada para el miércoles próximo por la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional Kenya Romero.
Fiscales y abogados de los acusados dijeron a los medios al concluir la audiencia que la jueza tomó la decisión porque varios interesados en el proceso han depositado querellas ante el tribunal.
En ese sentido, la magistrada Romero dio el nuevo plazo para que tanto el Ministerio Público como los imputados conozcan sobre esas querellas de personas que se consideran afectadas por el supuesto caso de corrupción.
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.
Entre los acusados y apresados figuran el exministro de Obras Públicas y ex candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Gonzalo Castillo, así como los también exministros Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta y Donald Guerrero, de Hacienda.
También están acusados el ex contralor general de la República Daniel Omar Caamaño, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirilo, el exdirector de Catastro Nacional Claudio Silver Peña, los exdirectores de Casinos y Juego de Azar Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández y el abogado y economista Ángel Lockward, entre otros.
De acuerdo al expediente de acusación, los exfuncionarios y otras personas arrestadas formaron un entramado que distrajo fondos públicos por más de 19,000 millones de pesos.
Los cargos preliminares son asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente y lavado de activos, entre otros.
La trama afectaría a un abanico de instituciones, como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, el CEA, la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección General de Catastro Nacional y la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado, entre otras.
Minutos después del aplazamiento, la Policía Nacional lanzó gases lacrimógenos contra decenas de personas que intentaron acercarse al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y quienes procedían desde la sede principal del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ubicado a pocos metros.
«El presidente Luis Abinader ha enviado a un contingente de policías para que nos lanzaran bombas (…), veníamos caminando pacíficamente desde nuestro partido donde había una reunión del comité central», dijo a periodistas el senador del PLD representante de Elías Piña, Yván Lorenzo.
En similares términos se expresó el presidente de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim), Ramón Santos, quien dijo que era «inconstitucional» que los agentes impidieran a los miembros del PLD caminar hacia el Palacio de Justicia.
El martes pasado, miembros del partido opositor y agentes policiales protagonizaron incidentes frente al Palacio de Justicia, cuando se conocía la primera audiencia del caso.
Una puerta de cristal del lugar fue destruida cuando un grupo de personas intentó penetrar al edificio.
