Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Advierten sobre incertidumbre reforma Ley Residuos Sólidos
Las críticas hacen tambalear al endeble Gobierno de Venezuela
Canales dominicanos hicieron un radioteletón por Venezuela
Opina afecta a población tener frizados precios combustibles
Rusia anuncia la toma de dos localidades en este de Ucrania
Abinader felicita a Fujimori, presidenta electa del Perú
El dólar bajó 26 cts. y euro uno; eran vendidos $59.94 y $69.93
Lula y el PT de Brasil: pasado izquierdista e involución derechizante
Las tragedias ponen a prueba la solidaridad
A 60 años de su juramentación (OPINION)
SANTO DOMINGO.- El Consejo del Poder Judicial informó este viernes que la inspectoría general de ese organismo investiga a dos jueces a quienes la Dirección General de Contrataciones Públicas identificó como contratistas del Estado en violación a la ley 340-06.
En ese orden, el consejo dijo que «investiga la situación» de los magistrados Manuel de Jesús de la Rosa Barrientos y Marlon Vladimir Espinosa Lebrón.
El organismo afirmó en un breve comunicado que tomó la medida «consciente de la importancia de la confianza de la ciudadanía en la probidad y cumplimiento ejemplar de los jueces y juezas».
De acuerdo al Poder Judicial, tan pronto concluyan las indagatorias se dará a conocer los resultados de la misma.
Esta semana, la DGCP dio a conocer que, en cumplimiento del artículo 14 de la ley 340-06 que prohíbe a los funcionarios públicos ofertar o contratar con el Estado, suspendió de oficio el registro de proveedor del Estado a un grupo de 113 alcaldes y regidores y dos jueces.
La comunicación dijo que la suspensión se hizo en una primera sesión, que incluyó también disponer cesar otros cuatro registros a solicitud de igual número de funcionarios, tal y como requirió el órgano rector el pasado 1 de septiembre.
En esa oportunidad, el director general de la DGCP, Carlos Pimentel, explicó que la institución continúa trabajando para identificar a todos los funcionarios que entran en el régimen de prohibiciones para la contratación en la administración pública, bajo el amparo de la ley 340-06 para proceder a suspender sus registros.
«Como órgano rector y en aras de contribuir a la transparencia e igualdad de oportunidades y evitar conflictos de interés, continuaremos identificando a todos los funcionarios que entran en el régimen de incompatibilidades para proceder a suspender sus registros», destacó Pimentel en esa ocasión.
wj/am