13 % de niños dominicanos realiza algún tipo de trabajo, según informe

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SANTO DOMINGO (EFE).- El 13 % de los niños dominicanos realiza algún tipo de trabajo, según datos oficiales divulgados con motivo de la celebración este miércoles del Día Mundial contra el Trabajo Infantil.

Los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y compartidos por la organización Aldeas Infantiles SOS subrayan una realidad de mayor preocupación en las zonas rurales, debido a que los índices ascienden al 16,3 % en relación a un 11,6 % en la zona urbana.

La organización, que trabaja por el derecho de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, indicó que la región que presenta mayor profundización del problema es El Valle, donde alcanza casi un 25 %, lo que representa el doble en comparación con el total nacional, atribuyendo esto a la situación de pobreza monetaria que caracteriza a las zonas rurales, especialmente en provincias del sur.

En un comunicado, en el que llamó a erradicar esta práctica, Aldeas Infantiles SOS apuntó que el trabajo en niños, niñas y adolescentes obstaculiza la asistencia escolar de éstos, ya que 16 % de los menores que trabajan no asiste a la escuela.

Además, aseguró que este problema impacta directamente en el bajo rendimiento y abandono escolar, debido a que las jornadas de trabajo se extienden hasta 14 horas al día, explicó la organización, que llamó a erradicar el trabajo infantil.

«El trabajo infantil tiene efectos perjudiciales en la vida de los niños y niñas, debido a que afecta su desarrollo físico, psicológico, emocional, su salud y su integridad en sentido general, dependiendo del peligro y lo extenso de la jornada», afirmó.

Aldeas Infantiles SOS valoró como positivos los avances del Estado dominicano en la adopción de un marco legislativo acorde con las exigencias internacionales en la materia, al prohibir de manera expresa el trabajo infantil en la Constitución de la República y declarar de alto interés el tema en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

«Sin embargo, en lo atinente a la puesta en marcha de políticas públicas de prevención, de mecanismos de fiscalización y supervisión, así como la aplicación de sanciones a estas violaciones indican que todavía persisten importantes brechas que sostienen la realidad descrita», lamentó.



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